La Fiscalía pide que se archive el caso de la piscina de 1,2 millones de euros en suelo de Valencia

Giro radical de timón en la instrucción que investiga la construcción de una piscina de 1,2 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Alboraya en suelo protegido de Valencia. Pese a que la Fiscalía fue quien incoó inicialmente las presentes diligencias, ahora remite un escrito al Juzgado número 19 de Instrucción de Valencia por el que solicita el «sobreseimiento provisional».

El Debate ha tenido acceso al escrito presentado por la Fiscalía en el que el caso se desecha con suma facilidad indicando que «las parcelas se encuentran en una situación anómala y formalmente irregular, y desde luego su situación planimétrica no responde a la realidad, y la solución pasa por resolver los expedientes de segregación iniciados ya hace años, pero en ningún caso quedan perfilados los elementos objetivos, y sobre todo de culpabilidad exigidos en los tipos penales que se imputan».

En la causa constan como imputados el exalcalde de Valencia Joan Ribó y diversos cargos de Alboraya: su alcalde Miguel Chavarría, la concejal de Urbanismo Ana Bru, la arquitecta municipal Silvia Requeni y el arquitecto del complejo Emilio Conejero. Además, el juez instructor ya tenía sobre la mesa la solicitud de imputación de la eurodiputada socialista Sandra Gómez, por ser concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia en el momento de la construcción.

El escrito de la Fiscalía pide inicialmente que Joan Ribó sea liberado de su imputación «por no haber tenido participación en alguna en los hechos objeto del presente procedimiento». Además, se hace constar que su imputación no es «admisible simplemente por el hecho de ser la cabeza visible» del Ayuntamiento de Valencia.

La causa se queda en una situación bastante controvertida, porque prácticamente había quedado ya que el Ayuntamiento de Alboraya había construido en suelo de Valencia sin el permiso correspondiente y que las obras no contaban con la documentación pertinente en regla.

Pero esto no parece afectar a la Fiscalía quien, tras iniciar justamente las diligencias actuales, ahora se desmarca considerando todo el caso en una «defectuosa planificación urbanística llevada a cabo en los años 80 del siglo pasado».

«No puede ser delito»

En el citado escrito, al que ha tenido acceso El Debate, también se reconoce que con estas obras el Ayuntamiento de Alboraya «invadió una porción ínfima el termino de Valencia».

Hasta la Fiscalía 'defiende' la actuación de Alboraya al argumentar que «es plausible que, si el Ayuntamiento de Alboraya tenía la expectativa de inclusión en su término de la porción de parcela perteneciente a Valencia, y tenía prevista la continuidad en la construcción de su complejo deportivo, que se incluyera en su PGOU, aun a sabiendas de que formalmente todavía no se hubiera incorporado. Esta inclusión, por muy anómala que pueda resultar en términos administrativos, no puede ser constitutiva de delito».

Ante todo ello la Fiscalía solicita el «sobreseimiento provisional» de la causa y ahora toda la decisión sobre el caso recae en el juez Jarabo Calatayud.