Una eurodiputada del PSOE, al borde de la imputación por permitir una piscina ilegal de 1,2 millones de euros en Valencia

Un paso más, pero puede ser el definitivo. La eurodiputada socialista Sandra Gómez está al borde de ser imputada por no haber iniciado ningún expediente sancionador contra la piscina de 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento de Alboraya, también del PSOE, construyó en suelo protegido de la ciudad de Valencia. Una acusación pide ahora su citación como investigada en una causa que investiga la comisión de delito contra la ordenación del territorio y un delito de prevaricación, en su modalidad omisiva.

El papel de Sandra Gómez en el caso de la piscina ilegal de Alboraya en terreno protegido de Valencia ha estado bajo la lupa judicial desde hace casi un año. Fue el concejal socialista Borja Sanjuán quien descargó sobre su excompañera en el Ayuntamiento de Valencia toda responsabilidad sobre la gestión de los temas de Urbanismo. Aunque tardó en declarar, el exalcalde Joan Ribó también la dejó a los pies de los caballos.

Se da la circunstancia de que Sandra Gómez es ahora eurodiputada, por lo que la instrucción que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia debería elevar una exposición razonada para que sea el Tribunal Supremo el que impute a la exconcejala de Valencia. Hasta el propio juez instructor añade ya desde hace meses el nombre de Sandra Gómez entre los imputados en lo relativo al caso, aunque formalmente no puede darse esta situación.

El escrito de alegaciones presentado por la Asociación para el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, representada por el abogado Víctor Soriano y que ejerce la acusación popular, ha pedido al juez la aclaración de diversos puntos en la instrucción.

Tal y como consta en el documento al que ha tenido acceso El Debate, la acusación solicita que se conozca quién es el órgano competente en materia de otorgar «licencias urbanísticas en suelo no urbanizable protegido», así como qué personas han ostentado ducha responsabilidad. De la misma forma se pide que se concrete quién tiene las competencias para restaurar la legalidad en un proceso como el que se juzga, así como los nombres de las personas que han asumido dicha responsabilidad; y también qué órgano es el encargado de iniciar un procedimiento sancionador para un caso como este y qué personas en concreto tenían dicha responsabilidad.

Por último el escrito de alegaciones contempla que se esclarezca el punto más ciertamente llamativo: la citada asociación solicita que el Juzgado resuelva si se ha incoado algún procedimiento para la restauración de la legalidad, ya que pese a haber un procedimiento judicial no consta hasta la fecha que el Ayuntamiento de Valencia haya previsto revertir la situación de la piscina ilegalmente construida por el Ayuntamiento de Alboraya en suelo protegido de la capital.

En virtud de las pruebas recabadas hasta la fecha y tal y como indica la acusación en su escrito, se considera que se debería citar como investigada a Sandra Gómez, concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia cuando se llevó a cabo la obra. La concejala socialista no paralizó ni solicitó revertir la obra realizada por el también consistorio del PSOE, lo que sacaría a la luz una posible conexión partidista entre ambas administraciones locales.

Ahora es el juez el que considere si Sandra Gómez es una pieza tan esencial en la instrucción llevada hasta el momento como para elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo. Sería el segundo mazazo judicial consecutivo para una Sandra Gómez que ha sido condenada a pagar 6.000 euros a una sobrina de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.