Una piscina ilegal de 1,2 millones de euros pone la lupa sobre las conexiones internas del PSOE

En el 2023 el Ayuntamiento de Alboraya construyó una piscina municipal que tuvo una inversión municipal de 1,2 millones de euros. Dos años después estas obras están siendo analizadas por el juez instructor Alberto Jarabo porque los trabajos se llevaron a cabo sin permiso alguno en término municipal de la colindante ciudad de Valencia. Por ahora hay tres imputados: el alcalde socialista de Alboraya y su primera teniente alcalde y el exedil de la ciudad de Valencia Joan Ribó. La actual fase de instrucción podría concluir con la elevación al Tribunal Supremo la solicitud de que se investigue a la eurodiputada socialista Sandra Gómez. Las conexiones entre el PSOE valenciano, ante el juez.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia investiga la construcción de la piscina municipal de Alboraya hace ahora dos años. Lo que ha quedado evidente en las primeras diligencias y declaraciones ante el juez instructor es que la pileta se construyó en un suelo no urbanizable, agrícola y calificado como huerta protegida, que además está dentro del término municipal de Valencia. El Ayuntamiento socialista de Alboraya llevó a cabo una obra de 1,2 millones de euros sin la correspondiente autorización por parte del Ayuntamiento de Valencia que, por aquel entonces, tenía a Joan Ribó como alcalde y de vicealcaldesa y concejala de Urbanismo a la socialista Sandra Gómez.

Este martes, 22 de julio, declaran como imputados el ex primer edil de Valencia y la primera teniente alcalde de Alboraya, Ana Bru, así como el arquitecto Emilio Conejero como testigo. La clave de las últimas diligencias las explica Víctor Soriano, abogado encargado de dirigir la acusación popular ejercitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED), a El Debate: «Entendemos, y así lo solicitamos en abril, que se debe investigar a Sandra Gómez. El Ayuntamiento de Valencia permitió y no hizo nada después ante una construcción ilegal en su término municipal».

A tenor de lo indicado por el letrado a este periódico, el escenario que se abriría judicialmente con la imputación de la ahora aforada eurodiputada Sandra Gómez sería una singular conexión socialista entre Valencia y Alboraya. «En el Ayuntamiento de Alboraya manda el PSOE y la concejalía de Urbanismo en el Consistorio de Valencia la llevaba la socialista Sandra Gómez».

La aparición en el caso de la ahora eurodiputada Sandra Gómez empieza en marzo, cuando declaró el también socialista y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia Borja Sanjuán. Fue él quien reconoció ante el juez Jarabo que «las competencias» en Urbanismo eran de «Sandra Gómez». Es por ello que la acusación popular solicitó en abril que se imputara a la eurodiputada por «un delito contra la ordenación del territorio y por prevaricación urbanística omisiva», según explica Víctor Soriano a El Debate.

Esa «prevaricación urbanística omisiva» es la que hace referencia a que el Ayuntamiento de Valencia a través de su concejalía de Urbanismo no se opuso, ni antes ni después, a que el Ayuntamiento de Alboraya 'ocupara' su término municipal para construir una piscina ilegal sin permiso alguno.

Por ahora hay tres cargos imputados: dos socialistas de Alboraya y uno de Compromís por Valencia

Cuando el martes declare Joan Ribó como imputado ya sólo quedará por determinar si el juez finalmente eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar a Sandra Gómez. Por ahora hay tres imputados, dos cargos socialistas, de la parte de Alboraya, y uno de Compromís por Valencia.

La parte que atañe al consistorio ubicado al norte de la capital parece claro. En caso de acabar en juicio, el edil socialista Miguel Chavarría se enfrentaría a una pena de prisión que podría llegar hasta los 8 años.

Diferente es por la parte de Valencia, que se determinará con las últimas diligencias de la instrucción. Con un Joan Ribó que declara este martes, y que se podría enfrentar al juicio con una solicitud de prisión de hasta cuatro años, faltaría por conocer el hipotético futuro procesal de la actual eurodiputada socialista Sandra Gómez, a la que la imputación le conllevaría otra solicitud máxima de pena de cárcel de 4 años de cárcel «a tenor de los delitos que consideramos que se cometieron", argumenta el letrado Víctor Soriano.

Sandra Gómez se enfrentaría a una solicitud de cárcel de hasta cuatro años si acaba siendo imputada y juzgada por el Tribunal Supremo

«Aunque eran competencias evidentes de la concejalía de Urbanismo que llevaba Sandra Gómez, no es descartable que el juez estime una responsabilidad directa del exalcalde Joan Ribó. Lo hemos visto en otros casos», señala el letrado encargado de la acusación popular.

Nunca una piscina provocó tal salpicón judicial, que aún puede ir a más a partir de este martes, aunque la resolución del juez instructor la conozcamos «posiblemente después de verano», según indica Soriano a este periódico. La pileta ilegal que costó 1,2 millones de euros del erario público puede dejar a más de uno con el agua al cuello y destapar la conexión socialista que por acción y omisión permitió una construcción en un terreno de huerta protegida.