Joan Ribó declara como imputado por la piscina ilegal de 1,2 millones de euros que tiene contra las cuerdas a varios cargos socialistas

Este martes es un día marcado en rojo dentro de la instrucción que maneja el juez Alberto Jarabo con respecto a la construcción de una piscina ilegal de 1,2 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Alboraya dentro del término municipal de la colindante ciudad de Valencia. Este martes acuden a sede judicial los imputados Joan Ribo, exalcalde de Valencia, y Ana Bru, primera teniente alcalde de Alboraya, así como el arquitecto Emilio Conejero en calidad de testigo.

Está previsto que estas declaraciones sean las últimas diligencias antes de que el juez instructor decida si eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para imputar a la eurodiputada socialista Sandra Gómez.

Los hechos se remontan a 2023, cuando el Ayuntamiento de Alboraya construyó una pileta municipal en un terreno que está dentro del término municipal de la ciudad de Valencia, suelo que a su vez está catalogado como no urbanizable, agrícola y calificado como huerta protegida.

Ante el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ya han pasado tanto el exedil de Hacienda en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, como el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría. El regidor de la capital señaló que las «competencias» de Urbanismo por aquel entonces correspondían a «Sandra Gómez». Peor escenario procesal tiene el primer edil del municipio situado al norte de Valencia, que en el caso de ser juzgado se expone a una petición de cárcel de hasta ocho años.

Tras la declaración de Sanjuán, Víctor Soriano, abogado encargado de dirigir la acusación popular ejercitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED), solicitó en abril la imputación de Sandra Gómez. La ahora eurodiputada socialista está aforada, por lo que el juez instructor debería, si lo considera, que sea el Tribunal Supremo el que la impute.

Este martes acude Joan Ribó a declarar y ante el juez puede volver a señalar a Sandra Gómez, por ser un asunto de su competencia, pero sí o sí deberá explicar por qué el Ayuntamiento de Valencia, como institución, no interpeló al Consistorio de Alboraya por una obra ilegal sin permiso alguno en su propio término municipal.

En otras situaciones un primer edil o alto cargo podría justificar que su gestión directa queda fuera de estas competencias menores, pero al tratarse de un hecho notorio, Ribó deberá argumentar su postura durante los últimos meses de mandato municipal.

El caso de la piscina ilegal de Alboraya tiene contra las cuerdas varios cargos socialistas, así como la conexión que une al PSOE de la ciudad de Valencia y al de Alboraya, ya que esta falta de comunicación queda como el punto más 'oscuro' del caso.

La parte de Alboraya queda bastante clara con las imputaciones del alcalde Miguel Chavarría y la primera teniente alcalde Ana Bru, quedando por esclarecer la posición del Ayuntamiento de Valencia. Ribó declara como imputado este martes, en marzo lo hizo como testigo Borja Sanjuán y el juez Jarabo determinará si la solicitud de imputación de Sandra Gómez procede tras la instrucción del caso.

Ribó, que no tenía nada que ver con Urbanismo, declara en un juzgado ordinario, mientras que Sandra Gómez, la concejala que debería haber protestado contra las obras de Alboraya, aprovechando su aforamiento por eurodiputada esperará en Bruselas a ver si finalmente el Tribunal Supremo la imputa o no. Podría darse la situación que el exalcalde acabe procesado y la exconcejala libre de cualquier responsabilidad judicial.