Imagen tomada este jueves de un profesor en huelga en la Comunidad Valenciana
La Generalitat Valenciana ofrece una propuesta que rebasa en casi 1.000 millones las exigencias de los sindicatos
La consellera Carmen Ortí insiste en que este es «el momento de llegar a un acuerdo»
La Generalitat Valenciana prosigue en su intento de alcanzar un acuerdo con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida en el sector educativo no universitario que se sigue desde el pasado 11 de mayo, es decir, UGT, CCOO, STEPV, ANPE y CSIF, en aras de finalizar el paro y poder volver a la normalidad en las aulas de cara al final de curso.
En este sentido, la última propuesta que la Conselleria de Educación ha un salto cualitativo y cuantitativo respecto a las reivindicaciones sindicales. En términos globales, está dotada con con 3.338,26 millones de euros. Esta «supera ampliamente los 2.400 millones de euros que costaban las reivindicaciones planteadas inicialmente por las organizaciones sindicales», según indica la Administración autonómica.
La propuesta presentada por el Consell constituye el «mayor esfuerzo inversor realizado hasta la fecha en favor de la educación pública valenciana» y recoge «medidas concretas, presupuestadas y calendarizadas en ámbitos clave como las retribuciones docentes, la reducción de ratios, las infraestructuras educativas, la inclusión, las plantillas, la Formación Profesional, la simplificación administrativa y la promoción del valenciano».
Desde el inicio de la huelga, la Generalitat sostiene que ha mantenido «una actitud de diálogo permanente, con más de 40 reuniones celebradas desde el comienzo del curso y 18 mesas de negociación desde el inicio de la huelga indefinida». «Fruto de ese trabajo, la propuesta final incorpora numerosas mejoras que responden directamente a planteamientos formulados por las organizaciones sindicales», añade.
En infraestructuras educativas, las organizaciones sindicales reclamaban la puesta en marcha de un plan director, medidas de confort térmico, accesibilidad, ejecución del Plan Edificant y actuaciones específicas para los centros afectados por la dana. La respuesta de la Generalitat ha sido la presentación de un plan plurianual 2026-2029 dotado con 1.410 millones de euros, que incluye 829,7 millones para el Plan Edificant, 400 millones de inversión directa, 140 millones para el nuevo Plan Edu Clima que permitirá climatizar el 100 % de las aulas y centros educativos y 40 millones para el Plan Recole de mejora de infraestructuras municipales.
Reducción de ratios
Respecto a la reducción de ratios, el Consell ha asumido el objetivo de avanzar hacia aulas con menor número de alumnos mediante una reducción progresiva que adelanta incluso la aplicación de las ratios contempladas en el proyecto legislativo impulsado por el Ministerio. La propuesta final fija máximos de 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en ESO y 28 en Bachillerato, además de reducciones específicas en Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
En inclusión educativa, ha incorporado buena parte de las reivindicaciones sindicales relacionadas con el refuerzo de recursos especializados. La propuesta contempla 135 nuevas plazas de Audición y Lenguaje, 36 nuevas aulas UECO, un incremento del 30 % de profesionales de Educación Social, nuevas actuaciones en salud mental y un plan específico de bienestar docente. Además, durante la legislatura se habrán habilitado 118 aulas específicas para alumnado con necesidades educativas especiales y se alcanzarán las 373 aulas UECO en la Comunidad Valenciana.
La propuesta incluye también reforzar las plantillas docentes. Frente a las demandas sindicales de recuperación y ampliación de efectivos, la Generalitat ha incorporado un compromiso de creación de 7.742 nuevos puestos docentes en cuatro años, de los cuales 5.000 corresponden a nuevas contrataciones y 2.742 estarán vinculados directamente a la reducción de ratios. Asimismo, se prevé la estabilización de 10.000 plazas estructurales y una inversión de 469,12 millones de euros a través del Plan Mestre.
Durante las últimas semanas, la Generalitat ha ampliado de forma significativa el alcance de las medidas planteadas inicialmente, hasta configurar un plan integral dotado con más de 3.338 millones de euros que persigue la transformación más ambiciosa de la historia de la educación pública valenciana.
En materia retributiva, la propuesta inicial contemplaba un incremento salarial de 75 euros mensuales. Tras sucesivas mejoras, la oferta final alcanza los 200 euros mensuales para todo el profesorado, a los que se añade una cláusula de revisión vinculada al IPC, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los docentes.
«Compromiso»
«Estamos hablando de una propuesta sin precedentes», ha explicado la consellera de Educación, Carmen Ortí. «Nunca en la historia ha habido una inversión y una compromiso tan potente con la educación pública. Hemos demostrado nuestra voluntad de negociar y de situarnos al lado de las familias, del alumnado y de los docentes».
En paralelo, la Conselleria ha incorporado medidas de simplificación administrativa orientadas a reducir la carga burocrática del profesorado. Entre ellas figuran la creación del expediente digital docente, la regulación del trabajo fuera del centro educativo, la utilización de herramientas de inteligencia artificial para la generación de documentación, la prohibición de incrementar la burocracia mediante nueva normativa y la implantación de diversos procedimientos electrónicos que simplificarán la gestión diaria de los centros.
La consellera de Educación, Carmen Ortí, considera que «la evolución de la negociación demuestra una voluntad real de acuerdo y un esfuerzo presupuestario sin precedentes para atender las principales reivindicaciones del profesorado, mejorar las condiciones laborales y reforzar la calidad del sistema educativo valenciano. Valoramos las propuestas sindicales en 2.400 millones de euros. Ahora les ofrecemos más de 3.300. Es el momento de llegar a un acuerdo».
La propuesta también atiende reivindicaciones planteadas en Formación Profesional mediante el mantenimiento de los ciclos implantados con fondos europeos, la extensión de la Red Orienta FP a toda la Comunidad Valenciana y el incremento de la inversión en equipamiento. Además, los presupuestos de 2026 contemplan un incremento del 24,9 % en la financiación destinada a FP y la autorización de 70 nuevos ciclos formativos.
En relación con el valenciano, la Conselleria ha incorporado medidas reclamadas por los sindicatos como la recuperación y regulación de la capacitación lingüística del profesorado, mediante un plan específico de formación y la regulación de los certificados de Capacitación en Valenciano y Diploma de Mestre en Valencià, todo en el marco de la legislación vigente.