El PP valenciano abre expediente informativo a Jorge Bellver tras confirmarse su imputación por corrupción en el caso Azud

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha adoptado este martes su primera acción horas después de que la Audiencia Provincial de Valencia confirmase la imputación del actual director general de Transparencia de la Generalitat, Jorge Bellver, por supuesta corrupción. Así, el Comité de Derechos y Garantías del PPCV ha acordado abrirle al también exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia en cumplimiento de los estatutos de la formación.

Así lo informan fuentes 'populares' después de que la Comisión de Garantías del PPCV se haya reunido este martes para abordar la situación de Bellver. La Audiencia confirmó este lunes la situación procesal de investigado de Bellver, exconcejal de Urbanismo durante el Gobierno municipal de Rita Barberá en el Consistorio levantino y actual director general de Transparencia, en el conocido como caso Azud, donde se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública en el consistorio de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas ficticias.

Preguntado este martes por la mañana por la situación de Bellver, el presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que «lo lógico» sería que se le suspenda de militancia, ha subrayado que «se aplicarán los estatutos sin ninguna excepción» y no ha confirmado si continuará o no como director general. «Ayer mismo, cuando me enteré de la noticia, pedí a mi partido que activase lo que marcan los estatutos», ha explicado, y ha remarcado después que «siempre respetando la presunción de inocencia».

En 2022, la jueza ofreció al exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia bajo mandatos de Rita Barberá personarse en la causa por si deseaba «ejercitar sus derechos como estime conveniente» después de que su nombre apareciera en una lista de regalos que la trama supuestamente hizo cuando ocupaba el cargo de edil de Urbanismo. El en ese momento parlamentario, sin embargo, «no encontró razón para personarse». En 2025, cuando ya no ostentaba la condición de diputado y, por tanto, no estaba aforado, la jueza le citó a declarar en calidad de investigado en el procedimiento. Bellver lo recurrió y ahora la Audiencia ha ratificado esta condición de investigado.

Informe de la UCO

Hace unos meses se hizo público un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntaba a reuniones de Bellver con el empresario Jaime Febrer, principal investigado en el caso Azud, en «locales de ocio» o «sedes de empresa» para abordar el PAI del Grao o el circuito de F1. En concreto, este informe analizaba el proceso de ordenación urbanística de la zona El Grao. Los agentes recordaban en el texto que se trata de una de las operaciones por las cuales el grupo Axis abonó fondos a José María Corbín. Concretamente Corbín, a través de la mercantil Corbín Abogados SL, habría percibido como consecuencia de esta operación urbanística un total de 224.116 euros entre los ejercicios 2007 y 2012.

Al igual que en la mayor parte del resto de operaciones investigadas, estos pagos a Corbín Abogados «se habrían materializado confeccionando para ello un marco de contratación y facturación ficticio, en este caso a través de dos contrataciones concatenadas», sostiene la UCO.

En general, la UCO ha detectado inexistencia de prestación de servicios por parte de Corbín Abogados SL; confección de un marco de contratación y facturación ficticio entre las sociedades intervinientes; utilización de una sociedad intermediaria para, aparentemente, desvincular los pagos percibidos por Corbín Abogados SL de su verdadero origen (Acinelav Inversiones 2006 SL); y desarrollo por parte de José María Corbín de diversas gestiones en el marco de la operación urbanística no enmarcada en una labor de asesoría o gestión, sino en las derivadas de sus capacidades en el seno del Ayuntamiento y como consecuencia de su posición familiar.

Además, según detallaba la UCO, el Grupo Axis, a través del pago de comisiones de naturaleza ilícita o la entrega de otro tipo de dádivas a diferentes cargos públicos o personas vinculadas a estos, «habría desarrollado importantes capacidades para influir sobre los procedimientos administrativos en los que presentaba intereses económicos».

En el caso concreto del desarrollo urbanístico de la zona de El Grao, el análisis efectuado ponía de manifiesto que, con el objetivo de viabilizar su tramitación administrativa, se habrían mantenido contactos y llevado a cabo gestiones «con otra serie de cargos públicos», presentando todos ellos el aspecto común de que fueron destinatarios de diferentes dádivas por parte del Grupo Axis, y nombra a Rafael Rubio, exsubdelegado del Gobierno en Valencia, José María Cataluña, exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE, Jorge Bellver y Carlos Masía, exgerente de Aumsa.

Las presuntas dádivas

En cuanto a Bellver y las dádivas, el informe detallaba que Febrer tenía albergado un contacto de correo electrónico referente al exedil en el que en el apartado de 'Notas' constaba: «Dirección otra: casa de su madre (aunque ha fallecido ... ) Casa de su suegra para regalos (...)».

Los agentes apuntaban también a varias reuniones de Bellver con la trama, algunas de ellas por razón del cargo que desempeñaba, y otras mantenidas aparentemente al margen de las anteriores. Sobre estas últimas, señalaba que se produjeron en «locales de ocio» o «sedes de empresas» y citaba algunas como la mantenida el 13 de septiembre de 2007 entre Bellver y Febrer, que constaba en el calendario del correo electrónico, y se destacaba en los asuntos a tratar 'Circuito'.

En similar sentido, el 20 de enero de 2009, se observaba otra reunión en la que el asunto es 'Jorge BELLVER', siendo uno de los temas a tratar: «PAI GRAOCOPERFIL», entre otras. Del mismo modo, durante 2010, se han hallado fechas marcadas en el calendario de la secretaría de Febrer con referencias a Bellver.