La Generalitat Valenciana presenta alegaciones al Supremo para que paralice la regularización masiva de inmigrantes de Sánchez

Una vez conocida en primicia la noticia de que el Tribunal Supremo (TS) baraja paralizar la regularización masiva de Pedro Sánchez en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por «colisionar» con las normas europeas de inmigración a raíz del recurso interpuesto en su día por la Generalitat Valenciana, ésta ha presentado este mismo martes alegaciones ante la institución nacional para que suspenda cautelarmente la ley.

Así, el Consell considera que la aplicación del proceso extraordinario de regularización afecta de forma directa a la organización, la financiación y la prestación de los servicios públicos en la región.

En la citada Providencia, el TS manifiesta sus dudas sobre la legalidad del Real Decreto porque podría entrar en colisión con las normas de la Unión Europea y daba un plazo de cinco días para que Abogacía de la Generalitat presente sus alegaciones.

Éstas han sido presentadas con fecha de 30 de junio y contemplan, entre otras cuestiones, que la norma no es una mera reforma técnica de extranjería, sino una regularización extraordinaria y masiva de personas en situación irregular, aprobada por vía reglamentaria y con efectos potenciales sobre cientos de miles de personas. El escrito advierte también de que la medida puede afectar no solo a España, sino al conjunto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, especialmente por sus efectos sobre asilo, retorno y circulación Schengen.

Compromete la política común

Asimismo, se considera que el Estado habría actuado de forma unilateral, sin coordinación suficiente con la Comisión Europea ni con los demás Estados miembros justo antes de la plena aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

La Generalitat presenta la actuación estatal como una decisión que podría anticiparse al marco europeo común y, en la práctica, debilitar sus objetivos de control, retorno efectivo, cooperación y reparto equilibrado de responsabilidades.

Igualmente, el documento defiende técnicamente que existen dudas de compatibilidad con el Derecho de la Unión, en particular con el Reglamento europeo sobre procedimiento común de protección internacional, la Directiva de Retorno, el Reglamento sobre gestión del asilo y la migración y las reglas Schengen. Además, aduce que no puede utilizarse una norma interna de rango reglamentario para producir efectos generales que puedan comprometer una política europea común.

Por ello, el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca insta a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, pero pide al Supremo que no espere a esa cuestión para resolver las medidas cautelares, ya que si no se suspende ya el texto, la medida cautelar perderá sentido, porque el plazo de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2026 y los efectos de la regularización podrían hacerse efectivos de forma inmediata.

Finalmente, la Generalitat reitera la petición de que se suspendan las disposiciones impugnadas del Real Decreto por haber sido adoptado sin coordinación con la Unión Europea ni con los demás Estados miembros, vulnerando el principio de cooperación leal y el marco común establecido en los Reglamentos (UE) 2024/1351 y el sistema Schengen.