Imagen tomada este jueves de José María Llanos durante la sesión de control en las Cortes Valencianas

Imagen de archivo de José María Llanos en las Cortes ValencianasCortes Valencianas / José Cuéllar

Vox reformula la «prioridad nacional» como «arraigo prolongado y adecuado a la legalidad» en la Comunidad Valenciana

El partido de Santiago Abascal ha presentado 115 enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 en las que incluye estos términos

Mientras la «prioridad nacional» por la que tanto aboga Vox se mantiene en esos términos en otros territorios o se pretende que así se implante, como en el caso de la negociación con el Partido Popular en Andalucía, parece que la Comunidad Valenciana puede dar pistas sobre cómo resolver esta polémica.

En este sentido, las enmiendas parciales presentadas por los de Santiago Abascal al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026 recogen su introducción mediante fórmulas como un «arraigo real y prolongado» o una «vinculación duradera y verificable de los solicitantes con la región». Todo ello con el añadido de que sea «adecuado a la legalidad vigente».

De este modo, los conservadores han registrado un total de 115 enmiendas parciales a las cuentas autonómicas presentadas por el Ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca antes de que el portavoz de Vox en las Cortes regionales, José María Llanos avanzase que los Presupuestos serán «los primeros de toda España» en los aparecerá «expresamente» el principio de prioridad nacional y que se concretará en aspectos como los servicios sociales o el acceso a la vivienda.

«Relación efectiva y afectiva»

El síndico insistió en que las «tres patas» del acuerdo y las negociaciones entre Vox y el PP en la Comunidad «han sido siempre la prioridad nacional, la seguridad y la inmigración y vivienda» y advirtió al PP de que, si quiere aprobar las cuentas, este concepto «aparecerá» en las mismas.

Así, en el detalle de las mismas, la formación plasma la prioridad nacional fundamentalmente en áreas como servicios sociales y vivienda. En concreto, Vox habla abiertamente de incorporar «el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable» en la región, con el objetivo de asegurar «la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región».

Imagen del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos

Imagen de archivo del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María LlanosEP

Llanos también indicó que, en materia de vivienda, Vox plantea «reorientar» la Oficina Valenciana de Inclusión, que pasará a llamarse Oficina de Arraigo y Retorno, y fomentará «el retorno voluntario de las personas migrantes» en la Comunidad Valenciana.

Al respecto, una enmienda registrada por la formación propone destinar 600.000 euros para el fomento y asesoramiento acerca del retorno voluntario de personas inmigrantes a países de origen mediante la fórmula de concurrencia competitiva. La finalidad, expone, es «dar soporte a entidades que impulsen programas, guías y actuaciones dirigidas a fomentar el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes que se encuentran en la Comunidad Valenciana». Esta misma cantidad se reduce de la Dirección General de Diversidad.

Acceso a la vivienda

También en vivienda, en el programa de función social de la misma, otra enmienda de Vox pide modificar un objetivo básico para «adecuar el marco jurídico que garantice el ejercicio real y efectivo para el acceso a una vivienda digna y adecuada, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente».

Asimismo, quiere introducir como otro objetivo el hecho de facilitar el acceso a la vivienda «de los grupos sociales que experimenten una situación de precariedad o vulnerabilidad, incorporando el principio de prioridad nacional». Esta misma fórmula se repite en la demanda de implementar programas de ayudas a una vivienda en régimen de alquiler, de incentivar el acceso a la compra de vivienda por parte de jóvenes.

En los objetivos de este mismo programa, Vox concreta que el principio de prioridad nacional supondrá «exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en la Comunidad Valenciana y España», así como un «refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio».

A estos efectos, plantea que se valorará «al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en la Comunidad Valenciana, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región». También se valorará «positivamente, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda».

Eliminación de criterios

Además, establece la «exclusión de aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años». Y añade que lo mismo sucederá «cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública». Frente a ello, Vox defiende a su vez la «eliminación de criterios que favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos».

Paralelamente, Vox plantea incrementar por un importe de 500.000 euros, hasta alcanzar el millón, la partida de víctimas afectadas por ocupación ilegal, y las de fomento del alquiler pasarán también de 500.000 euros a un millón. Igualmente, propone crear una nueva partida destinada a «la recuperación de viviendas okupadas ilegalmente».

Inmigración y festejos taurinos

Mientras, en servicios sociales, la formación incrementa la partida destinada a cooperación internacional en materia de inmigración, de los 300.000 pasará a los 600.000 euros e incluye otra por valor de 2,5 millones para el retorno de menores extutelados.

En esta área, la prioridad nacional se incluye en enmiendas, por ejemplo, para financiar actuaciones de cara a «la intervención social de personas en situación de sinhogarismo y programas para reducir la feminización de la pobreza» y para atender a «la problemática personal y social de las personas afectadas». En otra enmienda Vox pide tramitar una nueva ley de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para «ampliar su campo de actuación» e incorporar la prioridad nacional con la misma fórmula.

Por otra parte, respecto al área de emergencias, Vox plantea recortar en 10.000 euros la subvención a Cruz Roja y destinar esta cantidad a una nueva línea para realizar un estudio sobre «las nuevas realidades delincuenciales derivadas de los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración en la Comunidad Valenciana y sus afectaciones a la seguridad pública». Los beneficiarios serán universidades, think tanks o institutos criminológicos mediante procedimiento de concurrencia competitiva.

Paralelamente, la formación propone disminuir en el área del Instituto Valenciano de Cultura (IVC) la línea destinada a la Feria Valenciana de la Música Trovam en 225.000 euros, de los cuales 150.000 pasarían a una nueva línea de subvenciones a asociaciones culturales para fiestas de bou en corda y los otros 75.000 euros a ayuntamientos para estos mismos festejos taurinos.

Academia Valenciana de la Lengua

Sobre la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) Llanos insistió este lunes en que su partido ha hecho «todo aquello que hemos podido» para reducir su presupuesto. En detalle, la formación plantea reducir la partida de gastos de personal en 870.000 euros, la de gastos diversos en 20.000 euros, la de trabajos de otras empresas y profesionales otros 20.000 euros, la de fomento del valenciano en medios de comunicación en 50.000 euros y la de los Premios Carme Miquel en 12.000 euros. Toda esta cantidad (972.000 euros) la propone destinar al Consell Jurídic Consultiu para la implantación de una herramienta de inteligencia artificial.

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