El Gobierno valenciano aprueba una bajada de impuestos para 2,7 millones de contribuyentes

La bajada de impuestos en la Comunidad Valenciana ha dado un paso prácticamente definitivo este viernes después de que el Pleno del Consell haya aprobado este viernes, a propuesta de la Conselleria de Economía y Hacienda, el proyecto de Ley de Medidas Fiscales de 2026, conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.

Este texto recoge la reducción del tramo autonómico del IRPF, que beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes y supondrá un ahorro fiscal estimado de 160 millones de euros, así como nuevas medidas para facilitar el relevo generacional de las empresas familiares. Además, contempla el «arraigo» al municipio para poder tener acceso a viviendas de protección oficial (VPP).

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha señalado que será Vox quien deba decir si ese arraigo le parece suficiente o no, dado que el partido de Santiago Abascal plantea la prioridad nacional para el acceso a las ayudas. No obstante, considera que la opción aprobada debe «satisfacer sus pretensiones» y ha indicado que el proceso de enmiendas está abierto para que Vox se pronuncie.

El texto normativo ha sido aprobado tras recibir los dictámenes del Comité Económico y Social (CES) y del Consell Jurídic Consultiu (CJC), cuyas observaciones de «carácter esencial» se han incorporado, ha dicho, y se remitirá a las Cortes Valencianas para su tramitación parlamentaria.

«Es urgente bajar impuestos»

Barrachina ha agradecido el trabajo de ambas entidades y, ante la petición realizada de más tiempo para analizar el texto. El portavoz del Consell ha reconocido que han tenido «pocos días» para hacerlo, ha afirmado entender esa solicitud, si bien ha añadido: «Para nosotros es urgente bajar los impuestos a los valencianos en esta Ley de Acompañamiento».

Dicho texto contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en todos los tramos, con una «intensidad mayor» para las rentas medias y bajas, especialmente entre los niveles de renta comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros, según la Generalitat.

La rebaja del IRPF autonómico beneficiará a alrededor de 2,7 millones de contribuyentes, «prácticamente la totalidad», y generará un ahorro fiscal estimado de 160 millones de euros. Según las previsiones, el 72 % de las personas beneficiarias corresponden a contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros, mientras que el 87,3 % del ahorro total se concentrará en rentas inferiores a 80.000 euros, ha añadido.

El proyecto de ley también incorpora modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones dirigidas a facilitar la continuidad de las empresas familiares y favorecer los procesos de relevo generacional. Este tipo de negocios representan más del 90 % del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana.

Extremar controles en vivienda

Barrachina ha recalcado que los bloques de modificaciones «más intensos» en la ley son el de la reducción de impuestos y el hecho de «extremar los controles que ya venían existiendo en materia de vivienda y dar una mayor transparencia a las viviendas VPP».

Sobre los impuestos, ha subrayado que los valencianos tienen el «mayor número de deducciones fiscales de España», incluyendo las sociosanitarias o las de pertenecer a una escuela musical. En estas aprobadas para futuras declaraciones de renta, se produce una bajada de los tipos que se aplican a las rentas de los valencianos y una tercera deducción en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

A partir de ahora, con esta nueva modificación, «con efecto retroactivo», lo que se consigue es que la transmisión de las empresas familiares «sea gratuito, tenga una bonificación del 99 %, no solo entre padres e hijos, sino hasta el cuarto grado».

«Es decir, que cuando un negocio familiar por jubilación se pretenda donar o por un lamentable fallecimiento se tenga que ceder, que eso resulte gratuito cuando se produce también entre tíos con sobrinos o incluso entre hermanos o entre primos hermanos, para que la actividad económica de las empresas familiares valencianas no se ve resentida», ha indicado.

Presentación de enmiendas

En el caso de las VPP, ha indicado que se podrá valorar «el arraigo o la vinculación con el municipio» para el acceso a estas viviendas, «recogiendo así la propuesta tanto de Ayuntamientos como de vecinos que llevan tiempo reivindicando la preferencia para aquellos ciudadanos que viven en el municipio».

Preguntado por si este arraigo es la prioridad nacional de Vox, Barrachina ha manifestado que «eso lo tiene que interpretar el propio Vox» y ha defendido: «Nosotros lo que hacemos es algo tan sensato que venían haciendo ya ayuntamientos de todo signo, incluido del Partido Socialista».

«Y es que, lógicamente, cuando un ayuntamiento decide hacer una oferta pública de viviendas, lo hace pensando en sus habitantes y, por tanto, parece muy razonable que se prioricen aquellos que están empadronados durante algún tiempo en su municipio. Y cada alcalde, cada ayuntamiento lo hace pensando en sus vecinos».

Para el portavoz del Consell, «lógicamente, debe satisfacer las pretensiones de Vox», ha dicho, si bien ha añadido que está «abierto todo el proceso de enmiendas para que, lógicamente, sea el propio partido quien establezca si le parece suficiente o no». Además, ha indicado que el momento de traslado a las Cortes para tramitación debe ser «inminente» porque la fecha establecida por la mesa de la cámara para la aprobación es el 31 de julio y antes «va todo el procedimiento de presentación de enmiendas».