La Generalitat Valenciana aprueba una bajada de impuestos de 160 millones de euros para 2,7 millones de contribuyentes

El Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado este martes el anteproyecto de la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2026, cuya denominación oficial es de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. El trámite se ha llevado a cabo en una sesión que ha tenido carácter extraordinario.

La norma contempla la bajada de tributos que en su día anunció el presidente regional, Juanfran Pérez Llorca, con reducción del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para prácticamente todos los contribuyentes de la Comunidad Valenciana, con especial incidencia en aquellos que perciben sueldos medios y bajos entre los 32.000 y los 72.000 euros anuales.

Con la luz verde al texto, el siguiente paso será obtener el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu y del Consejo Económico y Social, que en cuestión de días emitirán sendos dictámenes sobre el contenido de la ley.

«Prioridad nacional»

A continuación, se procederá al inicio de su tramitación parlamentaria en las Cortes Valencianas, con un calendario que culminaría, a priori, con la aprobación definitiva la última semana de julio. A lo largo de este proceso, será clave ver cuál es el papel que adopta Vox, ya que la Ley de Acompañamiento, que no deja de ser una suerte de ley ómnibus o cajón de sastre, no contempla explícitamente la expresión «prioridad nacional» en su articulado.

Este hecho no es baladí, ya que ha sido una constante en las negociaciones de los de Santiago Abascal con el Partido Popular tras las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León y está por ver cómo desemboca este asunto en Andalucía ante la investidura de Juanma Moreno. Sea como fuere, el PP deberá asegurarse el respaldo de Vox, ya que las negativas tanto del PSPV-PSOE como de Compromís se dan por hecho. Por tanto, una de las claves del recorrido de la norma en las Cortes reside en saber el contenido de las enmiendas que Vox proponga y cuáles son aceptadas e incorporadas.

Todo lo anterior se da en un contexto en que Pérez Llorca ha pactado con los conservadores sus primeras cuentas como presidente, ya que asumió el cargo a finales del pasado mes de noviembre. Con una dotación récord de 33.305 millones de euros, combinan bajada de impuestos con incremento del gasto social con no pocas y cuantiosas partidas destinadas a la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana del 29 de octubre de 2024. Precisamente, la Ley de Acompañamiento es el sustento legal para que todo lo incluido en los Presupuestos de 2026 pueda llevarse a la práctica y ser ejecutado.

Ya en rueda de prensa, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha insistido en que las recogidas en la Ley de Acompañamiento afectan a las rentas medias y bajas, «especialmente» a los niveles comprendidos entre los 32.000 y los 72.000 euros, «a lo que llamamos siempre las grandes olvidadas, que son las clases medias». En total, ha destacado que la rebaja fiscal del Consell beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes, que se ahorrarán 160 millones de euros.

Rechazo a que sea «cuestión ideológica»

El dirigente ha insistido en que es «perfectamente compatible mejorar los servicios públicos con una rebaja fiscal justa, responsable y sostenible» y ha confiado en que la citada ley de acompañamiento pueda ser aprobada en Les Corts antes del verano. «Confianza plena, para ello estamos trabajando», ha expresado.

En materia de Vivienda, la ley de medidas modifica el decreto 180/2024 e introduce a su vez determinadas modificaciones que, según el Gobierno valenciano, «refuerzan los controles, la transparencia y las garantías en la adjudicación para asegurar que las viviendas lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos».

Además, para promociones desarrolladas sobre suelo público mediante colaboración público-privada se establece el criterio del «arraigo» o la «vinculación continuada con el municipio». El Consell defiende que se lleva a cabo tras recoger «el guante de vecinos y alcaldes que llevan tiempo solicitando la preferencia de las personas que viven en un municipio para el acceso» a estas promociones y rechaza que se trate de una «cuestión ideológica» ni de «origen o nacionalidad». «Hemos hablado desde el primer día de arraigo», ha indicado la vicepresidenta primera de la Generalitat y responsable del área de Vivienda, Susana Camarero.