El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante su reunión en el Palacio de la Generalitat Valenciana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante su reunión este lunesEuropa Press

El Gobierno rechaza inyectar fondos urgentes para compensar la infrafinanciación valenciana pese a la exigencia de Pérez Llorca

El presidente de la Generalitat reclama al ministro Arcadi España que los créditos por la dana se conviertan en ayudas a fondo perdido y reclama que la reforma del modelo se pacte en un foro multilateral

El primer encuentro institucional entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha saldado con compromisos a corto plazo para desatascar pagos ordinarios atrasados, pero con una negativa frontal del Ejecutivo central a paliar la infrafinanciación autonómica por la vía rápida.

Tras una reunión de aproximadamente una hora en la que ha imperado un «tono dialogante» propiciado por la «afinidad personal» entre ambos dirigentes, el jefe del Consell ha lamentado el 'no' definitivo del Ministerio a la activación de una inyección económica compensatoria, al tiempo que ha urgido al Estado a destinar ayudas directas para la reconstrucción de los municipios afectados por la dana.

El núcleo de la cumbre ha estado marcado por el debate sobre el déficit de recursos que arrastra la Comunidad Valenciana, la peor financiada de España. Pérez Llorca ha trasladado al titular de Hacienda su total disposición a negociar un nuevo modelo que garantice la «igualdad entre todos los españoles», pero ha marcado una línea roja: el diálogo debe producirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En respuesta a los periodistas tras la reunión, el presidente ha advertido de que este asunto «no se tiene que negociar entre el Gobierno y el líder de ERC», sino en los foros multilaterales correspondientes.

Pese a la sintonía personal, el choque político se ha materializado en el rechazo de Arcadi España al llamado fondo de nivelación transitoria, un mecanismo ideado para igualar los recursos de las comunidades peor financiadas mientras se reforma el sistema.

Pérez Llorca ha recordado al ministro que él mismo reclamaba esta herramienta cuando ocupaba la cartera de Hacienda en el Gobierno valenciano. «Hoy había una oportunidad histórica de llegar a un acuerdo sobre un fondo que reclamamos, y que él también reclamaba, pero nos lo ha negado», ha lamentado, incidiendo en que su aprobación habría reflejado la «buena voluntad» del Gobierno central.

Pagos ordinarios y la factura de la reconstrucción

Lo que sí se desbloqueará en los próximos días, según el compromiso arrancado al Ministerio, es el abono del FLA extraordinario y las entregas a cuenta. No obstante, Pérez Llorca ha restado euforia al anuncio, recordando que se trata de «cumplir con atrasos que no se deberían estar produciendo» y criticando que el Gobierno demore a mitad de año unas liquidaciones que antes se resolvían en diciembre. «No es ninguna aportación nueva al sistema», ha sentenciado.

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El impacto económico de la dana ha sido el otro gran eje de la cita. El presidente valenciano ha reprochado al ministro la falta de entregas a cuenta directas por parte del Estado frente a esta crisis, trazando un paralelismo con la gestión de la pandemia. «Él vivió en el Gobierno de la Generalitat la Covid, cuando el Gobierno de España aprobó entregas a cuenta para todas las administraciones. Le he preguntado si le parece justo que no haya habido entregas a cuenta en una crisis como la dana», ha señalado Pérez Llorca.

Ante la realidad de que la Comunidad Valenciana no ha recibido transferencias del fondo Next Generation y de que el Estado «solo ha permitido a la Generalitat endeudarse», el jefe del Consell ha puesto sobre la mesa la necesidad de que los créditos concedidos se conviertan en ayudas a fondo perdido y se elimine el cobro de intereses. Arcadi España ha pospuesto esta decisión, emplazando a la Generalitat a plantear la conversión de la deuda en el próximo Consejo de Política Fiscal.

Para acelerar la recuperación, la Generalitat ha solicitado una batería de medidas que alivien la burocracia: la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para permitir a los ayuntamientos tramitar obras de emergencia, el retorno del IVA de los contratos de emergencia autonómicos, y la revisión de los precios de los materiales de construcción en las zonas afectadas, tal y como viene demandando la patronal Cecoval.

A esta factura de la catástrofe se suma la deuda histórica en materia social. Pérez Llorca ha exigido el abono de 4.000 millones de euros pendientes por la dependencia -recordando que el Estado debe sufragar el 50 % de estos gastos- y otros 1.000 millones correspondientes a la asistencia sanitaria prestada a desplazados.

Déficit hídrico y de infraestructuras

Aunque no son competencias directas de Hacienda, Pérez Llorca ha aprovechado su cita en Madrid para hacer llegar a la mesa del Consejo de Ministros las graves deficiencias de la Comunidad en infraestructuras y política del agua. El presidente ha denunciado la «incomprensible» postura del Gobierno de Pedro Sánchez de no colaborar con el trasvase Tajo-Segura mientras «se financian infraestructuras de otros países», en referencia a Marruecos.

Asimismo, ha criticado la paupérrima ejecución presupuestaria de las confederaciones hidrográficas, señalando específicamente a la del Júcar, con apenas un 3 % de ejecución.

En el plano del transporte, la Generalitat ha exigido mayor celeridad al Ejecutivo. Entre las tareas pendientes enumeradas por Pérez Llorca destacan el Corredor Mediterráneo, las ampliaciones de los aeropuertos de Alicante y Valencia, las mejoras de la AP-7 y los accesos a las capitales, así como el soterramiento de las vías en Alfafar. Especial atención ha dedicado al Plan de Cercanías -con más de la mitad del presupuesto sin ejecutar- y, de forma urgente, a la línea C3, gravemente afectada por la dana y para la que el Gobierno central sigue sin contemplar su necesaria electrificación.

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