Imagen de la reunión de los consejeros de Agricultura de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia
La Comunidad Valenciana y Murcia sellan una alianza contra el recorte del Tajo-Segura y exigen un diálogo multilateral
Los consejeros Miguel Barrachina y Joaquín Buendía advierten al Gobierno central de que no aceptarán «negociaciones bilaterales» y reclaman ante Europa cláusulas espejo para proteger al sector agroalimentario mediterráneo
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, y su homólogo en la Región de Murcia, Joaquín Buendía, han forjado un frente común para blindar los intereses del sureste peninsular. Tras una reunión de trabajo celebrada en la Oficina de la Generalitat Valenciana en Madrid, ambos dirigentes han reclamado al Gobierno de España que «cualquier modificación» de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura «sea abordada mediante un proceso de diálogo en el que participen todas las comunidades autónomas, usuarios y sectores afectados».
El encuentro institucional ha servido para analizar el futuro de esta infraestructura hídrica, el aprovechamiento de aguas regeneradas y los principales desafíos que atraviesa el sector primario en el arco mediterráneo. Ante los recientes movimientos en materia de agua, Barrachina ha lanzado una advertencia tajante: la Comunidad Valenciana «no aceptará negociaciones bilaterales que excluyan a los territorios que dependen directamente del trasvase Tajo-Segura».
Para los representantes autonómicos, las decisiones sobre la gestión hídrica deben fundamentarse en criterios técnicos y de interés general, evitando planteamientos políticos «que ignoren las necesidades de los territorios receptores». Así lo ha expresado el titular valenciano al argumentar que «el futuro del agua del sureste español no puede decidirse en una mesa cerrada entre el Gobierno de España y una sola comunidad autónoma. Cualquier cambio en las reglas de explotación debe contar con la participación de las comunidades receptoras, los regantes, los usuarios y todos los territorios afectados».
Ambas administraciones aseguran haber solicitado «en reiteradas ocasiones» su inclusión en las conversaciones sobre esta red estratégica, fundamental para el abastecimiento, la agricultura y miles de puestos de trabajo. En este sentido, lamentan el inmovilismo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y denuncian «el recorte de cerca del 50 por ciento del agua destinada a regadío».
«Deberes hechos» frente al Gobierno
Durante la comparecencia conjunta, el consejero murciano ha defendido con contundencia la eficiencia hídrica del sureste frente a las restricciones ministeriales. «La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana hemos hecho los deberes. Murcia es un ejemplo internacional que reutiliza el 98 por ciento de sus aguas urbanas, un nivel de eficiencia que nos legitima para exigir que el Estado cumpla lo prometido. No se puede invocar la ecología para justificar recortes políticos mientras el Gobierno de España mantiene en el cajón las inversiones de depuración y la modernización de regadíos del Alto Tajo», ha aseverado Buendía.
En esta misma línea de exigencia, Buendía ha subrayado que «mantener los envíos de agua a través del trasvase no es un favor al Levante, es una obligación mientras el Estado siga incumpliendo sus propios planes de inversión en el Tajo».
Protección frente a la competencia desleal
Más allá de la crisis hídrica, la cumbre ha abordado la precaria situación del campo español frente a las plagas y las normativas comunitarias. Barrachina y Buendía impulsarán un encuentro nacional de comunidades autónomas para compartir soluciones en sanidad vegetal. El conseller valenciano ha remarcado la urgencia de dotar de herramientas «eficaces» al sector, advirtiendo de que «la retirada de determinadas materias activas debe ir acompañada de alternativas que hayan demostrado su eficacia, estén suficientemente desarrolladas y resulten económicamente asumibles para los agricultores».
El eje valenciano-murciano también ha trasladado sus reivindicaciones a Bruselas, exigiendo una «mayor reciprocidad» comercial y el endurecimiento de los controles fronterizos ante la competencia de terceros países. «Los agricultores del sureste están preparados para competir, pero exigen hacerlo en igualdad de condiciones», han defendido.
Barrachina ha incidido en este agravio comparativo, señalando que «no es razonable exigir cada vez mayores requisitos ambientales, laborales o fitosanitarios a los productores europeos mientras se permite la entrada de productos procedentes de países terceros que no están sujetos a las mismas obligaciones». El conseller ha concluido con un mensaje directo a las instituciones comunitarias de cara a la PAC post-2027: «Si Europa quiere preservar su seguridad alimentaria, debe proteger a quienes producen alimentos dentro de Europa».
La reunión, que ha incluido el compromiso de defender a la flota de arrastre de la pesca mediterránea frente a la reducción de días de actividad, sella una coordinación permanente entre ambas autonomías para hacer valer su peso agrícola e hídrico ante Madrid y Bruselas.
