Radares instalados en 2025 en Alicante
Los dos radares que más multan en España están en Valencia y Alicante: ubicación y sanciones anuales
La Comunidad Valenciana lidera el listado nacional de infracciones de la DGT tras un ejercicio récord en el que el control de velocidad superó los 246 millones de euros de recaudación
La red viaria española ha experimentado un punto de inflexión sancionador durante el último año consolidado. La Comunidad Valenciana alberga en su territorio los dos cinemómetros más implacables del país, aglutinando entre ambos más de 163.000 infracciones.
Este hito autonómico coincide con un máximo histórico de ingresos por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), que facturó 246.802.934 euros en concepto de excesos de velocidad. Esto representa un repunte interanual del 14 %, tal y como revela el reciente informe elaborado por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
En el epicentro de este volumen de multas se sitúa la provincia de Valencia, cuyo radar apostado en el punto kilométrico 326 de la autovía A-7, próximo a La Canyada, se ha coronado como el más activo de todo el territorio nacional al registrar 90.766 denuncias a lo largo de 2025.
El liderazgo absoluto de esta provincia no solo se refleja en el número de fotografías, sino también en las arcas públicas: cerró el año con unos ingresos totales por sanciones de tráfico de 39.781.446 euros, de los cuales 18,9 millones provinieron de manera exclusiva del control de la rapidez al volante.
El segundo escalón del podio estatal también tiene firma valenciana. La provincia de Alicante acoge el dispositivo que ostenta la medalla de plata, localizado en la carretera secundaria CV-905. Solo este equipo contabilizó 72.557 expedientes sancionadores. Ambos hitos contribuyen decisivamente a que la autonomía valenciana cuente con trece aparatos dentro de la lista de los cincuenta más activos de España, a pesar de que cinco de ellos han moderado su ritmo respecto a los registros del año 2024.
El vigilante bidireccional de Torrevieja
El caso del medidor alicantino resulta especialmente llamativo por su fulgurante escalada, ya que no lleva mucho tiempo vigilando el asfalto. Ubicado en el kilómetro 7 de la mencionada CV-905, en una transitada vía de acceso a Torrevieja que transcurre entre las urbanizaciones de San Luis y La Siesta, el aparato entró en fase de adaptación durante el verano de 2024. Para enero de 2025, Tráfico ya lo incluía de manera oficial en su catálogo de equipos operativos.
Los radares fijos deben estar señalizados obligatoriamente y los de tramo también
Se trata de un sistema fijo estático que examina simultáneamente ambos sentidos de la marcha. Su función es castigar a quienes sobrepasan la restricción de 50 kilómetros por hora, una limitación que está debidamente advertida mediante paneles disuasorios colocados en los márgenes de la calzada (exactamente en los puntos kilométricos 6,550 y 7,670).
Rentabilidad concentrada
A nivel global, el estudio de la AEA subraya una tremenda disparidad en la eficacia del millar de radares distribuidos por las carreteras, excluyendo a País Vasco y Cataluña por tener las competencias transferidas. Únicamente el medio centenar de dispositivos más operativos aglutinó 1.342.285 denuncias, asumiendo prácticamente la mitad del impacto económico total.
Más allá de los líderes absolutos valencianos, el listado señala otros puntos críticos en la red de carreteras, como los cinemómetros ubicados en el kilómetro 127 de la A-15 (Navarra) o en el kilómetro 968 de la A-7 (Málaga).
El peso financiero de la velocidad es indiscutible hoy en día: el dinero procedente de estos excesos conforma ya el 41,5 % de los ingresos totales generados por denuncias de tráfico en España. Geográficamente, y tras los casi 19 millones aportados por Valencia, Madrid (17,9 millones de euros) y Cádiz (16,5 millones) completan las áreas con mayor cobro. En el extremo opuesto, el impacto económico es mínimo en demarcaciones como Orense (1,3 millones), Cáceres (1,6 millones) y Salamanca (1,8 millones).
Un mapa de contrastes y la postura de AEA
Ante este escenario de cifras de récord, desde Automovilistas Europeos Asociados se muestran profundamente críticos. Su presidente, Mario Arnaldo, argumenta que el auge sancionador no responde a que los vehículos circulen más rápido de manera generalizada, sino a la extremada precisión y ubicación estratégica de los nuevos equipos de control instalados por la Administración.
La organización de defensa de los conductores denuncia además una sobreexposición de estas máquinas en vías rápidas, criticando la «excesiva concentración de controles en autopistas y autovías». Desde la AEA exigen a la DGT un replanteamiento de su política actual, al considerar que el modelo imperante ha demostrado no ser suficiente para reducir la siniestralidad vial ni los propios excesos de velocidad.