Una imagen de archivo de la central nuclear de Cofrentes, en Valencia
El aval del Consejo de Seguridad a la prórroga de Almaraz allana el camino para posponer el cierre de la nuclear de Cofrentes
La Generalitat Valenciana y los empresarios exigen al Gobierno que extienda la vida útil de la planta valenciana más allá de 2030 para blindar el suministro eléctrico y la reindustrialización
El reciente dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para extender la operatividad de la central cacereña de Almaraz hasta 2030 ha provocado un movimiento sísmico en el tablero energético nacional, cuyo epicentro se siente ya con fuerza en la Comunidad Valenciana.
La Generalitat y el Consejo de Cámaras autonómico han cerrado filas para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aplique la misma vara de medir a la instalación de Cofrentes, gestionada por Iberdrola y cuyo apagón está fechado para el final de esta misma década.
Ambas instituciones coinciden en advertir de que prolongar el ciclo vital del reactor valenciano resulta hoy una medida indispensable para asegurar el suministro continuado, mantener la competitividad tarifaria y sostener el pulso industrial del territorio.
El pistoletazo de salida lo dio el organismo regulador al avalar técnicamente la solicitud impulsada por Iberdrola, Endesa y Naturgy para retrasar la clausura de los reactores extremeños, programada inicialmente entre 2027 y 2028.
Con este informe preceptivo sobre la mesa -que solo es vinculante si resulta negativo-, la pelota pasa ahora al tejado del Ministerio para la Transición Ecológica, que cuenta con un plazo de dos meses para tomar una decisión en firme.
Cartel contrario al cierre de la central nuclear de Almaraz en el entorno de la planta
Ante la inminencia de este fallo, el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha esgrimido el dictamen sobre Almaraz como jurisprudencia técnica para redoblar la presión sobre el Gobierno de Sánchez, asegurando que se acogerán a dicho aval para «aumentar, si cabe, el tono en la reivindicación».
Para el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca, la supervivencia de esta infraestructura es una cuestión de Estado a nivel regional. Los datos respaldan esta consideración: el complejo atómico ubicado en el Valle de Ayora-Cofrentes despacha el equivalente al 44 % de la energía eléctrica consumida en toda la comunidad autónoma.
Martínez Mus ha recalcado que la Administración valenciana lleva tiempo alertando de que prescindir de esta fuente de generación supondría un golpe severo a la economía, un argumento que, a su juicio, sale ahora fortalecido al considerar el propio CSN que alargar la vida del parque nuclear es factible.
Efecto dominó' en los cierres
Más allá del debate político, detrás de la posible prórroga subyace una realidad técnica y logística que puede transformar el panorama atómico español. El sector eléctrico da por sentado que salvar a Almaraz de la clausura inminente descuadrará por completo la hoja de ruta pactada hace un lustro, que dibujaba un apagón progresivo de los reactores entre 2027 y 2035. La razón de este efecto cascada estriba en los cuellos de botella de Enresa, la sociedad pública encargada de procesar los residuos radiactivos y ejecutar las obras de desmantelamiento.
Imagen de archivo de Juanfran Pérez Llorca en la central nuclear de Cofrentes, en Valencia
Si los dos reactores extremeños estiran su vida útil hasta 2030, sus posteriores trabajos de achatarramiento colisionarían frontalmente con los cierres fijados para ese mismo año en Cofrentes y Ascó I (Tarragona). Para evitar el colapso operativo de gestionar el desmantelamiento simultáneo de cuatro reactores, la solución pasaría ineludiblemente por reordenar el calendario y, de facto, retrasar también el apagón de las instalaciones valenciana y catalanas.
El clamor empresarial por un mix «realista»
En estricta sintonía con el Consell, el tejido productivo también ha movido ficha. El líder del Consejo de Cámaras de la Comunidad y presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha catalogado la instalación de Cofrentes como una infraestructura de carácter «estratégico». Desde la patronal cameral se advierte de que el actual proceso de reindustrialización y electrificación de la economía exigirá ingentes cantidades de energía, un volumen que las fuentes renovables, por su carácter intermitente, no pueden garantizar aún en solitario.
Para Morata, la transición hacia la descarbonización es irrenunciable, pero exige altas dosis de «realismo». El dirigente empresarial sostiene que jubilar la nuclear antes de tiempo pondría en serio riesgo la seguridad energética y dispararía los costes del sistema, factores que penalizarían de manera directa la atracción de inversiones y ahogarían la capacidad industrial valenciana.
El desenlace de esta encrucijada requerirá, no obstante, de un complejo encaje de bolillos en los despachos corporativos. La gestión técnica del parque nuclear español opera bajo la figura de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), un mecanismo que obliga a que toda decisión estratégica -como solicitar la renovación de las licencias- se tome por estricta unanimidad de los socios, sin importar el reparto accionarial. Y en este punto, las visiones difieren: mientras gigantes como Endesa e Iberdrola buscan un paraguas generalizado para alargar la vida de todo el parque, socios como Naturgy abogan por ir paso a paso, estudiando los números tras amarrar Almaraz, y otras energéticas como EDP se muestran mucho más conservadoras a la hora de alterar la hoja de ruta de los cierres.