«Si denuncias, te deportan»: caen los dueños de dos bazares en Alicante por explotar a trabajadoras en situación irregular

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos hombres de 21 y 31 años, propietarios de dos bazares, por someter presuntamente a sus empleadas a unas condiciones laborales de semiesclavitud. A los arrestados se les imputan delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones, tras una investigación que ha destapado un prolongado calvario de trato degradante, agresiones físicas y coacciones.

La intervención, liderada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), se puso en marcha tras la denuncia de una de las víctimas. La trabajadora relató ante los agentes haber soportado durante todo un año una explotación laboral sistemática por parte de sus empleadores, quienes se aprovecharon de su extrema vulnerabilidad al encontrarse en situación administrativa irregular en España.

Jornadas maratonianas y vigilancia extrema

De acuerdo con el testimonio recabado por la Jefatura Superior, las condiciones iniciales pactadas ya eran precarias: ocho horas diarias, de lunes a domingo, por apenas 40 euros al día. Sin embargo, la situación empeoró rápidamente. Los empresarios comenzaron a imponerle jornadas interminables de hasta 11 y 12 horas diarias, privándola de cualquier día de descanso durante un año entero. Únicamente, tras insistentes reclamos, le concedieron medio día libre los martes, aunque el volumen de horas diarias se mantuvo.

A la explotación se sumaba un ambiente de trabajo tóxico y asfixiante. La mujer denunció ser objeto de insultos y menosprecios constantes. Además, los detenidos ejercían un control absoluto sobre el personal mediante cámaras de videovigilancia, llegando al extremo de monitorizar y censurar las conversaciones entre las propias empleadas.

El salto a la violencia física

El maltrato psicológico y laboral escaló a la agresión física cuando uno de los dueños, en medio de una discusión, asestó un codazo en la barbilla a la víctima, obligándola a acudir a urgencias para recibir atención médica. A pesar de la gravedad de la agresión, el miedo paralizó a la mujer. Sus jefes la coaccionaban continuamente advirtiéndole que, si acudía a las autoridades, sería ella la denunciada y, consecuentemente, deportada a su país de origen.

El punto de inflexión que rompió el silencio ocurrió cuando la violencia se extendió a otra trabajadora. Al enterarse de que una de sus compañeras había sido agredida en el brazo, la primera víctima se enfrentó a su jefe para recriminarle su actitud. La respuesta de este fue escupirle en la cara. Tras esta última humillación, la mujer decidió armarse de valor y denunciar los hechos ante la Policía Nacional.

Deudas y antecedentes por agresión sexual

Las pesquisas de la UCRIF confirmaron rápidamente el relato de la víctima, comprobando que jamás había estado dada de alta ni había existido un contrato legal durante su año de servicio. Peor aún, al abandonar su puesto, los dueños le adeudaban un total de 1.750 euros (salarios atrasados de abril y mayo, además de 450 euros que la propia empleada había adelantado de su bolsillo para pagar mercancía a un proveedor).

El perfil de los detenidos arrojó datos aún más alarmantes al ser identificados. Los agentes constataron que uno de ellos ya había sido arrestado con anterioridad por una presunta agresión sexual contra otra de sus trabajadoras, un delito por el que se encontraba actualmente en libertad con medidas cautelares.

Tras la finalización de las diligencias policiales, los dos investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante, donde deberán responder por los presuntos abusos cometidos.