Imagen de archivo del que fuera tesorero del PSOE de Valencia Pepe Cataluña.

Imagen de archivo del que fuera tesorero del PSOE de Valencia Pepe Cataluña.Europa Press

Archivada la causa contra el extesorero del PSOE de Valencia al haber prescrito los posibles delitos

El conocido como 'caso Azud' finaliza sin quedar probada cuestiones como la presunta financiación ilegal de las campañas electorales de los socialistas

Punto final al caso que investigaba, entre otros hechos, la posible comisión de un delito de financiación ilegal de las campañas electorales del PSOE de Valencia. La magistrada Pepa Tarodo Ortí ha archivado la instrucción del 'caso Azud' considerando que los posibles hechos delictivos han prescrito.

La investigación judicial comenzó bajo secreto hace nueve años y actualmente tenía como principal imputado a Pepe Cataluña, el que fuera tesorero del PSOE de Valencia entre los años 2000 y 2004. Bajo el radar de la jueza Tarodo se encontraba también el empresario Enrique Gimeno, así como cargos políticos tanto del PSOE como del PP.

Los hechos que se investigaban habían tenido lugar entre 1999 y 2013, quince años sobre los que la UCO había puesto la lupa constatando el papel de Cataluña como intermediario entre licitaciones públicas y determinadas empresas. Así constaba en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El archivo de la instrucción significa zanjar por completo cualquier investigación, ya que se considera que están «prescritos por el lapso de tiempo establecido en el Código Penal», según consta en el auto de la magistrada.

La jueza no entra a valorar la comisión o no de los delitos, sino que desecha la investigación únicamente por el tiempo que ha ocurrido entre los hechos y la instrucción actual. Por lo tanto nunca se podrá probar si Pepe Cataluña y el resto de imputados habían cometido o no algún delito.

En el citado informe, la UCO estableció que Cataluña había servido de enlace entre el cabecilla de la trama, el promotor inmobiliario Jaime Febrer, junto con otros empresarios y cargos políticos de varias administraciones valencianas, tanto del PSOE como del PP.

Así, por ejemplo, constaban en la investigación tanto el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau o el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, así como Rafael Rubio, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá y, hasta su detención en 2021, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez.

En uno de los registros acordado por la jueza, los agentes de la Guarcia Civil entraron a la vivienda de Pepe Cataluña y allí hallaron diversas anotaciones que evidenciaban la posible comisión de un delito de financiación ilegal de las campañas electorales del PSOE entre 2007 y 2008.

La lista de delitos en el caso Azud era sumamente importante, ya que se investigaban prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

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