Foto de archivo de una oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento de Alicante
Así quiere acabar Vox con los empadronamientos fraudulentos de inmigrantes ilegales en Alicante
La formación propone instaurar un sistema de alertas por SMS para propietarios y aclara que, aunque el objetivo es atajar el fraude «con independencia de quien lo cometa», la medida responde al actual proceso de regularización de extranjeros
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, a través de su concejal Óscar Castillo, elevará al pleno municipal para su debate y aprobación una batería de medidas concretas cuyo objetivo es garantizar la veracidad del padrón municipal y evitar los registros fraudulentos en la ciudad.
La principal medida impulsada por la formación consiste en la creación de un sistema de avisos automatizados por SMS y vía online, integrado en la Carpeta Ciudadana. Este mecanismo estará conectado a las bases de datos de sujetos pasivos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y tendrá como destinatarios a los propietarios de viviendas en Alicante. A través de este canal, el Consistorio comunicaría al dueño del inmueble el número exacto de personas que figuran empadronadas en su domicilio y le notificaría, en su caso, cualquier nueva alta que se pudiera registrar.
Según argumenta el partido, el propósito de esta herramienta es atajar los fraudes de ley cometidos por individuos que se empadronan en la ciudad de Alicante con el único fin de percibir ayudas públicas, dándose casos en los que dichas personas ni siquiera residen en territorio español.
A preguntas sobre si esta iniciativa se dirige de forma exclusiva a la población extranjera, fuentes de Vox han aclarado que la medida «busca combatir el fraude con independencia de quien lo cometa», persiguiendo «la racionalización y buen uso de los recursos públicos que salen del bolsillo de los alicantinos trabajadores».
Imagen de archivo de turistas paseando por el centro de Alicante
No obstante, el partido subraya que la propuesta se presenta en mitad del «proceso de regularización de inmigrantes ilegales aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez».
En este contexto, la formación argumenta que, dado que la obtención de ayudas es uno de los principales motores de las inscripciones irregulares, «la mayor parte de beneficiados son inmigrantes, pero no todos».
Empadronados en el Ayuntamiento
En esta misma línea de control, el concejal Óscar Castillo ha puesto el foco en las propias instalaciones de la Administración. El edil advierte de la existencia de informaciones que apuntan a que en edificios públicos del Ayuntamiento de Alicante y de otras administraciones hay personas empadronadas para el cobro de subvenciones, algo que resulta «absolutamente imposible» dado que no pueden residir allí.
Por ello, Vox reclama que, además de analizar las viviendas privadas, el propio Consistorio compruebe y depure el empadronamiento en las instalaciones municipales, recordando que el padrón «es un derecho y una obligación pero, ante todo, es una herramienta legal que debe tener garantizada su veracidad».
Protección de datos
Ante las posibles dudas legales sobre la medida de avisos a particulares, Castillo ha aclarado que informar a un propietario sobre cuántas personas están registradas en su inmueble o sobre una nueva alta censal «no vulneraría en absoluto la legislación sobre protección de datos personales». El concejal defiende que la Administración se limitaría a informar de un número, siendo responsabilidad del propietario solicitar las correcciones oportunas.
De este modo, ante un registro realizado sin el consentimiento del dueño, este podría ejercer su derecho a pedir la «baja de oficio por inscripción indebida», un trámite que activaría las correspondientes comprobaciones municipales.
Castillo señala que el problema actual radica en la falta de información proactiva: si el propietario no consulta activamente los datos, desconoce si hay terceros empadronados en su propiedad, una situación que puede derivar en serios problemas legales, especialmente frente a la Agencia Tributaria.
Finalmente, la iniciativa que Vox llevará al pleno trasciende el ámbito local, ya que incluye una exigencia formal dirigida al Gobierno de España y a las Cortes Generales. La formación insta a reformar la legislación vigente y a endurecer todos los controles frente a los padrones fraudulentos a nivel nacional.
En concreto, ponen el foco en los trámites en los que el empadronamiento municipal es un requisito indispensable, como son precisamente los procesos de nacionalización, la regularización o la reagrupación familiar de inmigrantes.
