Imagen de la presidenta Marta Barrachina y la diputada Marisa Torlà

Imagen de la presidenta Marta Barrachina y la diputada Marisa TorlàDiputación de Castellón

La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por la conciliación familiar con la concesión de ayudas para las UCF en 39 municipios de menos de 1.500 habitantes

La presidenta Marta Barrachina destaca que la línea de subvenciones refuerza «la igualdad de oportunidades y la fijación de población en el interior»

La Diputación Provincial de Castellón refuerza su apuesta por la conciliación familiar con la concesión de ayudas para las Unidades de Conciliación Familiar (UCF) en 39 municipios de menos de 1.500 habitantes.

La institución provincial ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la financiación de este servicio. Así, la lista de beneficiarios de la presente convocatoria asciende a 39 municipios. «Gracias al compromiso del Gobierno Provincial con las familias y con los municipios más pequeños, seguimos ampliando un servicio esencial para favorecer la conciliación familiar y laboral, y mejorar las oportunidades de las familias que viven en nuestra provincia».

Así lo ha destacado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, quien ha incidido en que «si queremos fijar población en nuestra tierra, resulta imprescindible la implementación de políticas de conciliación familiar». Por ello, desde la Diputación de Castellón «reforzamos nuestra apuesta por las Unidades de Conciliación Familiar para llegar a más municipios y ofrecer un apoyo real a las familias».

La institución provincial ha incrementado en 2026 el presupuesto un 10,3% y ha reducido el número mínimo de usuarios requerido para la habilitación de UCF, que pasa de tres a uno. Una medida que refleja el compromiso del equipo de Gobierno Provincial con este servicio, logrando que «ningún municipio quede excluido por baja demanda», ha indicado Marta Barrachina.

De este modo, el presupuesto total destinado a gasto corriente para las Unidades de Conciliación Familiar alcanza los 952.080 euros y serán beneficiados los siguientes 34 municipios: Argelita, Atzeneta del Maestrat, Azuébar, Benassal, Canet lo Roig, Castellnovo, Catí, Cinctorres, Cortes de Arenoso, Culla, Eslida, Fanzara, Figueroles, Forcall, La Jana, La Llosa, La Mata de Morella, La Salzadella, Llucena, Ludiente, Montán, Montanejos, Navajas, Olocau del Rey, Ribesalbes, Rossell, Santa Magdalena de Pulpis, Sot de Ferrer, Sueras, Tales, Traiguera, Vilanova d’Alcolea, Villahermosa y Xert.

A este listado se unen además las cinco nuevas habilitaciones que se localizan en los municipios de Gaibiel, la Torre d’en Besora, les Useres, San Vicente de Piedrahíta (Cortes de Arenoso) y Chóvar, reforzando así «la igualdad de oportunidades y la fijación de población en el interior de Castellón», ha subrayado la presidenta.

A las cinco unidades también se les ha concedido una subvención destinada a gastos de inversión para pequeñas reformas de mantenimiento, acondicionamiento del inmueble y adquisición de bienes inventariables. El importe total destinado a gastos de inversión asciende a 38.785 euros.

Al respecto, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha destacado que «cada Unidad de Conciliación Familiar que ponemos en marcha es una oportunidad más para combatir la despoblación». «Somos conscientes de las dificultades que los pueblos más pequeños sufren para conciliar la vida laboral y familiar y con estas ayudas, facilitamos el día a día de las familias y fomentamos oportunidades en el entorno rural», ha añadido.

El servicio de Unidad de Conciliación Familiar, tal y como ha explicado la diputada provincial, permite la atención de población infantil menor de tres años. «Se trata de una herramienta fundamental que no solo permite a los padres y madres conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos e hijas, sino también mejorar la calidad de vida de las familias castellonenses», ha resaltado Marisa Torlà.

Además, en cuanto a los beneficios para los municipios, destaca «la atracción y fijación de población joven, la equiparación de servicios con municipios de mayor tamaño y el fortalecimiento del tejido social local», ha añadido la diputada provincial.

Con todo, la UCF es un servicio esencial para garantizar que ninguna familia tenga que renunciar a oportunidades laborales por falta de recursos de conciliación y también para mantener viva la población en los pueblos más pequeños. Por ello, ha insistido Marisa Torlà, «desde la Diputación de Castellón seguiremos trabajando para ampliar y consolidar este tipo de servicios, reforzando la colaboración con los municipios y destinando recursos que permitan mejorar la vida de los castellonenses».

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