​Educación velará para que no se haga apología de la izquierda y el catalanismo en las aulas valencianas

La Generalitat Valenciana no quiere que las aulas de la región se conviertan en lugares en los que difundirse libremente los prefectos de la izquierda valenciana. Tras el ejemplo notorio de la huelga educativa de final de curso, en la que los sindicatos instaban a las familias a posicionarse en contra del gobierno autonómico, la nueva Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2026 aprueba una nueva función para los inspectores educativos: «velar por la neutralidad ideológica» para que los alumnos «se mantengan ajenos a cualquier adoctrinamiento».

La izquierda valenciana se ha servido de la educación para hacerse visible en su oposición al Gobierno de la derecha en la Generalitat. Entre partidos y sindicatos se ha intentado que las aulas sean el germen de un forzado levantamiento popular, una chispa con la que prender la mecha hasta las elecciones de mayo de 2027.

Sólo hay que echar la vista atrás y para recordar como durante el último trimestre del curso los centros educativos se utilizaron como altavoz para las quejas políticas de los sindicatos, enmascarando la protesta en una huelga educativa inédita contra un gobierno regional.

La Generalitat Valenciana no quiere que los «materiales curriculares, actos escolares y actividades docentes» sean un canal en el que la comunidad educativa divulgue cuestiones ideológicas.

Es por ello que la Ley de Acompañamiento de los presupuestos 2026 de la Generalitat Valenciana se ha aprobado un cambio con respecto a las funciones de la inspección educativa.

En el Artículo 155 de la citada norma regional se insta a "velar por la neutralidad ideológica en los centros educativos, supervisando que las actividades docentes, los

materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento, garantizando el respeto al pluralismo y la libertad de conciencia del alumnado y de sus familias, así como sus derechos derivados de la libertad lingüística".

Esto en la práctica, y a la vista de dónde han surgido las quejas con este artículo, es evitar que los centros educativos valencianos sean un punto en el que proliferen y se ramifiquen los prefectos de la izquierda y el catalanismo.

Desde este próximo curso que empieza en septiembre los inspectores educativos tienen esta nueva función, pero también se abre un nuevo canal de denuncia para la «comunidad educativa» por si hubiera algún caso de vulneración de la «normativa educativa, los derechos del alumnado o el adecuado funcionamiento de los centros docentes».

Así actuará la inspección educativa

Tal y como reza el texto normativo, «recibida una comunicación, la inspección de educación realizará una valoración inicial de su contenido en un plazo orientativo no superior a diez días hábiles, a fin de determinar la procedencia de actuaciones inspectoras o su remisión al órgano o procedimiento que resulte competente».

La Generalitat, que aprueba este articulado dentro del acuerdo entre PP y Vox con respecto a las cuentas administrativas, asegura que «con carácter general, no darán lugar a la apertura de actuaciones inspectoras específicas aquellas comunicaciones que versen exclusivamente sobre discrepancias pedagógicas ordinarias, reclamaciones académicas o cuestiones para las que la normativa establezca procedimientos específicos de revisión o recurso, sin perjuicio de que puedan ser remitidas al órgano competente para su tramitación».

«Cuando de la comunicación recibida se desprendan indicios razonables de posibles incumplimientos normativos de especial relevancia o situaciones que pudieran afectar a la seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado, la inspección de educación podrá acordar la realización de actuaciones prioritarias, incluyendo visitas al centro, entrevistas o cuantas actuaciones resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos», señala el texto normativo.

El artículo finaliza con el punto quinto, en el que se confirma que «las actuaciones derivadas de las comunicaciones recibidas se desarrollarán conforme a los principios de objetividad, proporcionalidad, contradicción, confidencialidad, presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación y mínima interferencia en el normal funcionamiento del centro docente».

Reacción desde la izquierda sindical y política contra el Gobierno

Mientras la Ley habla de aspectos obvios como «neutralidad ideológica» para evitar el «adoctrinamiento» y preservar el «pluralismo y la libertad de conciencia», la izquierda valenciana ha salido en tromba coincidiendo en la «libertad de cátedra».

STEPV, formación afín a Compromís y sindicato mayoritario en la función educativa, considera que este articulado atenta directamente contra «la libertad de cátedra, la protección de la infancia y los derechos lingüísticos», acusando al Gobierno valenciano de que realmente lo que quiere llevar a cabo es una «caza de brujas».

Compromís, el partido que da sentido a las reclamaciones laborales de STEPV, eleva el tono aún más y acusa a la Generalitat Valenciana de instaurar una «policía política» dentro de los centros educativos con la que se quiere «vigilar a los profesores y recortar la libertad de cátedra».

Justamente la izquierda, que ha encontrado en la educación valenciana un caladero en el que expandir su discurso más ideológico e identitario, se opone a que los centros educativos sean un lugar en el que no exista cuestión alguna ideológica y en el que no se sirvan los medios públicos y de enseñanza para expandir preceptos de debates políticos.