Vista aérea de las viviendas que han ordenado derribar en Guardamar del Segura
La paradoja de Guardamar: el Gobierno ordena demoler las casas que se alzaron para salvar sus dunas
El Tribunal Constitucional mantiene paralizada la protección autonómica sobre este enclave mientras Francina Armengol sepulta la vía legislativa que evitaría los derribos
La sal y la arena en la piel no son una molestia en la playa alicantina de Babilonia, sino el uniforme de un verano que lleva repitiéndose durante generaciones. En estas viviendas, alineadas frente al mar en Guardamar del Segura, las puertas no conocen cerraduras durante el día y la playa no se entiende como un espacio ajeno, sino como la prolongación natural de la casa.
Sin embargo, esta memoria, forjada a base de tertulias en los porches y comidas vecinales, se topa hoy con el muro de un Gobierno decidido a borrar su historia. El último mazazo ha llegado con el reciente auto del Tribunal Constitucional, una resolución procedimental a la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se aferra para mantener viva la amenaza de los derribos.
La última decisión que vuelve a poner en jaque a estas familias es este pronunciamiento del Alto Tribunal, que ha decidido mantener la suspensión de la protección de las casas como núcleo etnológico, tal y como contemplaba la Ley de Costas valenciana. Esta suspensión ya existía desde que el presidente del Gobierno interpuso un recurso de inconstitucionalidad invocando el artículo 162.2 de la Carta Magna.
Para los vecinos, sin embargo, el auto no es una sorpresa ni una derrota definitiva, sino un mero trámite. José María Rodríguez, uno de los afectados cuya familia lleva 70 años arraigada en estas viviendas, relata a El Debate que este movimiento jurídico era esperado. «El auto lo tenían que hacer porque, si no resolvía antes de los cinco meses, decaía la petición del presidente del Gobierno», explica.
No se trata de una sentencia firme, sino del mantenimiento de una medida cautelar a la espera de que los magistrados entren en el fondo de la cuestión competencial entre el Estado y la Generalitat. «Nosotros estamos tranquilos en este sentido porque seguimos confiando en que cuando salga la sentencia será favorable», añade.
Paradoja ecologista y silencio en Moncloa
El drama humano de Babilonia choca frontalmente con la justificación del Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno argumenta razones medioambientales para ordenar las demoliciones, ignorando de manera flagrante la propia historia del lugar.
Lejos de ser fruto de la especulación urbanística moderna o del turismo masivo, estas casas nacieron en los años 20 del siglo pasado bajo el impulso del propio Estado. Formaban parte de un proyecto del ingeniero Mira para fijar las dunas y proteger al pueblo de Guardamar.
Imagen de archivo de una de las viviendas que el Gobierno quiere derruir en la playa de la Babilonia de Guardamar del Segura
«Nosotros somos la defensa del pueblo de Guardamar», lamenta José María, evidenciando la falta de lógica del Ministerio. Las concesiones fueron autorizadas y compradas legalmente, pasando de padres a hijos sin que los vecinos hayan causado el deterioro del entorno.
De hecho, los residentes apuntan a que el verdadero daño costero provino de infraestructuras públicas mal ejecutadas, como un espigón sobredimensionado que alteró las corrientes marinas y frenó los sedimentos del río. A pesar de ello, el Ministerio sigue sin dar respuesta a las peticiones de reunión de los vecinos, optando por el silencio institucional.
El rodillo de Armengol
Si la vía judicial avanza con cautela, la solución política ha sido dinamitada desde dentro. El Congreso y el Senado ya aprobaron iniciar el debate para modificar la Ley de Costas a nivel nacional, una reforma que protegería definitivamente estos enclaves.
Sin embargo, la Mesa del Congreso, controlada por la mayoría de PSOE y Sumar y presidida por Francina Armengol, mantiene este debate secuestrado tras imponer cerca de 80 prórrogas consecutivas.
Viviendas de la playa de la Babilonia, en Guardamar del Segura, que el Gobierno quiere derribar
«Se está hurtando la posibilidad de debatir», denuncia José María ante esta parálisis parlamentaria. La inacción es de tal calibre que, según relatan desde el entorno de los afectados, el propio Tribunal Constitucional habría dado un toque de atención a la presidencia de las Cortes advirtiendo de que no se puede paralizar sine die la tramitación de proposiciones de ley que vienen aprobadas por la mayoría.
Mientras en Madrid se vetan los debates y el alcalde socialista de Guardamar, José Luis Sáez, se inclina por los derribos sin ofrecer un proyecto alternativo claro, la vida en Babilonia resiste.
Vecinos de la Babilonia en una de las viviendas que el Gobierno quiere derribar
Las familias han solicitado la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para paralizar las piquetas y continúan organizando sus tradicionales fiestas estivales. Por la parte trasera de sus casas transitan a diario centenares de turistas que fotografían el enclave, reconociendo el valor que el Gobierno se niega a ver.
El sentir de estas familias, que se sienten abandonadas tanto por el Ejecutivo central como por las clamorosas incomparecencias de formaciones como Compromís, se resume en una advertencia unánime que late en cada porche frente al Mediterráneo: «Si derribáis nuestras casas, derribáis nuestras vidas».