Las nuevas estrategias de defensa de Mazón y Pradas en el caso de la dana: informe sobre el Es-Alert y cambio de abogado

La vuelta a la actividad judicial ha traído consigo varias novedades en lo relativo a la instrucción del caso de la dana de Valencia que se lleva a cabo en la Plaza número 3 de la localidad de Catarroja. Mientras el ritmo de Nuria Ruiz Tobarra sigue siendo el mismo que antes de que comenzase el mes de agosto, el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y la excosnellera de Justicia e Interior Salomé Pradas tampoco han querido pasar los días para poner sobre la mesa sus actualizadas estrategias de defensa.

Eso sí, cada uno en contextos procesales muy diferentes, ya que mientras el exmandatario no está imputado pese a la intentona de ello por parte de la magistrada, sobre Pradas sí pesa una investigación formal. En este sentido, el abogado de Mazón, Ignacio Gally, ha presentado un escrito de 66 páginas en el Juzgado con un doble objetivo. Por una parte, busca que de manera clara y explícita la jueza plasme si en algún momento ha investigado a su cliente o, incluso, lo estaría haciendo en la actualidad pese al varapalo que Ruiz Tobarra se llevó por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Para ello, el letrado utiliza expresiones como que lo diga «con expresión suficiente de su contenido fáctico» para conocer y proponer las pruebas de descargo que considere oportunas y, para el supuesto de no existir «ningún otro hecho, acción, indicio o línea de investigación», que se haga constar expresamente esa circunstancia.

El abogado de Mazón pide «concreción»

La segunda meta buscada por Gally y que guarda relación con lo anterior, expone que la instructora demuestre «con el grado de certeza exigible en Derecho penal», que las víctimas de las riadas no habrían perdido la vida en la dana si hubieran recibido «algunos minutos antes el mismo mensaje que fue enviado a las 20:11 horas recomendando evitar desplazamientos», refiriéndose al Es-Alert y pidiendo que esa argumentación se haga con concreción de cada persona fallecida.

Igualmente, la defensa de Mazón hace un reproche a la magistrada, no solo porque «planteada correctamente la cuestión», la respuesta resulta «negativa» en base a las declaraciones en las que a testigos se les ha preguntado sobre si el exjefe del Consell dio instrucción alguna sobre el envío del mensaje masivo, sino también porque averiguar ese extremo y corroborar las conclusiones «debería haber sido efectuado por quienes pretenden construir la imputación, no por esta defensa».

En aras de fortalecer aún más el documento, el abogado aporta una cronología sobre los preparativos del Es-Alert, de la que deduce a través de una infografía que no consta acreditado un «nexo causal individualizado» entre una acción positiva de Carlos Mazón y ninguno de los fallecimientos. Y todo ello, sin descartar pedir la nulidad del caso si se supiera que se ha investigado al expresidente valenciano.

Respecto a Pradas, ha cambiado de letrado y a partir de ahora no será Eduardo de Urbano quien defienda sus intereses procesales, sino que lo hará Pedro Colina, si bien ambos pertenecen al mismo despacho jurídico. Este último está especializado en Derecho Penal Económico y acumula treinta años de experiencia. Entre otros, ha representado a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se encuentra a la espera de conocer la sentencia en el marco del caso Kitchen.

La renuncia de De Urbano se debe a motivos personales, aunque no ha descartado que en un futuro pueda retomar sus servicios en el equipo de defensa de la exconsellera, quien, junto al que fuera su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, son los dos únicos imputados por Ruiz Tobarra.