El Gobierno valenciano presentará nuevas alegaciones «frente a los deslindes» impulsados por Sánchez

La Generalitat Valenciana presentará en los próximos días nuevas alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «frente a los deslindes del Gobierno central». Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

El dirigente ha realizado este anuncio durante su visita a la playa de El Pinet, en Elche (Alicante), donde se ha reunido con afectados por la modificación del Reglamento que quiere realizar el Ministerio. Allí, ha defendido los derechos de los vecinos de núcleos costeros como este, ha señalado la Administración autonómica en un comunicado.

En el encuentro también han estado presentes el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana; el concejal de Medio Ambiente de Elche, José Antonio Román; el edil de Pedanías, Pedro José Sáez, y la pedánea de La Marina, Mari Carmen Molina.

En esta visita, el vicepresidente tercero ha trasladado el «compromiso» de la Generalitat con este enclave de «especial valor ambiental, paisajístico y social para el municipio y para el conjunto de la Comunidad Valenciana», así como su «apoyo» a las personas afectadas.

Del mismo modo, ha señalado que el conjunto de la playa de El Pinet en Elche es uno de los que podría tener la catalogación de «núcleo de valor etnológico» en la ley valenciana de protección de la costa.

Asimismo, Martínez Mus ha remarcado que este «respaldo» no se queda «en las palabras», sino que se traduce «en acciones concretas», entre las que ha situado la presentación de estas nuevas alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas. «La pregunta es qué ganamos con la propuesta del Gobierno para quitar estas casas costeras tradicionales como las de El Pinet», ha apostillado.

Respecto a las alegaciones, la Generalitat ha subrayado que se sustentan en que el Consell ha detectado «cuestiones de carácter técnico en el proyecto de Reglamento que considera necesario corregir», si bien ha defendido que sería «más adecuado» revisar la propia Ley estatal de Costas en lugar de modificar, al entender que esta vía permitiría introducir «los cambios necesarios con un marco normativo más adecuado».

De esta forma, la administración autonómica ha incidido en que, en cualquier caso, se planteará «una propuesta alternativa» para «defender los intereses de la Comunidad Valenciana y compatibilizar la protección del litoral con los derechos de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de los municipios costeros».

Estas alegaciones se sumarán a las ya presentadas anteriormente ante el Gobierno y tienen como objetivo defender los intereses de la región y reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos, municipios y actividades vinculadas al litoral.

El Pinet

En este contexto, la la Administración autonómica ha señalado que El Pinet representa «uno de los casos más significativos del litoral de la Comunidad Valenciana», ya que se trata de un enclave con una «fuerte identidad histórica y paisajística», donde existen viviendas tradicionales construidas hace décadas que forman parte de la «imagen característica» de este tramo de costa y que actualmente se encuentran «afectadas por distintos procedimientos derivados de la aplicación de la normativa estatal de Costas».

La situación de este enclave se enmarca en la «problemática» que afecta al conjunto del litoral valenciano, «uno de los principales activos ambientales, sociales y económicos de la Comunidad Valenciana», de acuerdo con la Generalitat, que ha resaltado que «más del 70 por ciento de la población vive a menos de diez kilómetros de la costa y una parte muy importante de la actividad económica se desarrolla junto al mar».

Por ello, Martínez Mus ha sostenido que el Consell defiende que «la conservación del litoral debe seguir siendo un objetivo prioritario, pero desde el equilibrio entre la preservación del dominio público marítimo-terrestre, los derechos de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de los municipios costeros».

«Inseguridad jurídica»

Por otra parte, en relación con la modificación planteada por el Gobierno de España, el número tres del Consell ha rechazado que «un único temporal excepcional pueda servir para modificar de forma permanente los límites del dominio público marítimo-terrestre». Así, ha indicado que la Generalitat considera que este planteamiento puede generar «inseguridad jurídica» y afectar a «propietarios, actividades económicas y municipios costeros».

Finalmente, Martínez Mus ha remarcado que, «frente a una respuesta centrada en la modificación de los criterios de deslinde y el aumento de las restricciones», el Consell plantea actuar sobre «la regresión litoral mediante la regeneración de las playas, la recuperación del equilibrio sedimentario y la ejecución de inversiones que permitan proteger de forma efectiva la costa».