Imagen de Marta con sus padres
«Es una vergüenza si creen que la vida de nuestra hija Marta vale 100.000 euros»
La familia de la joven alicantina que quedó en coma por un batido lamenta la indemnización fijada por los tribunales
«Es una vergüenza si se creen que la vida de nuestra hija o la de cualquier persona vale 100.000 euros». Así se han pronunciado los padres de Marta, la joven de Ibi que quedó en coma tras sufrir una reacción grave después de tomar un batido de proteínas, sobre la sentencia del proceso judicial de la negligencia médica del caso de su hija.
Su familia considera «una vergüenza» la indemnización fijada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y anuncian que abandonaran la lucha: «No nos rendimos. Esto no va a quedar así», afirman en un vídeo difundido en redes sociales.
La cantidad establecida por el tribunal queda muy lejos de los 4,1 millones de euros que reclamaban sus padres y, aunque la sentencia reconoce que existió una deficiente atención médica y establece una responsabilidad por «pérdida de oportunidad», la familia considera insuficiente la compensación.
«No soy de decir palabrotas ni hablar mal, pero ese dinero se lo podrían meter donde les quepa», continúa la madre de la joven, visiblemente contundente contra la resolución. «Lo que le han hecho a mi hija no tiene nombre, el sufrimiento que le estuvieron causando», añade.
La familia pone especialmente el foco en que Marta tenía solo 18 años cuando ocurrieron los hechos. Según explica, los médicos que la atendieron inicialmente la enviaron a casa «sin hacerle ningún tipo de caso ni exploración», atribuyendo los síntomas a una reacción alérgica provocada por algo que había tomado.
La situación empeoró rápidamente y cuando Marta regresó al centro sanitario apenas unos veinte minutos después y, mientras estaba siendo atendida, sufrió una parada cardíaca.
«Solo quiero que atiendan a mi hija, que tenga todas las terapias»
Pese a la dureza de sus críticas, la familia reconoce que la resolución judicial supone también un reconocimiento de que su reclamación tenía fundamento. «Y sí, ha fallado en que nos dan la razón, pero me parece una vergüenza a gran escala», afirma la madre. Los padres subrayan que su objetivo nunca ha sido obtener dinero, sino conseguir la mejor atención posible para su hija.
«La vida de mi hija o cualquier persona no se paga con dinero», sostienen en el vídeo. «Yo ni siquiera quiero dinero, quiero que atiendan a mi hija, que tenga todas las terapias que pueda tener, los tratamientos y una calidad de vida digna». Por eso insiste en que la cantidad fijada por el tribunal no cambia su propósito.
El mensaje de la familia concluye con una de las frases que resume la lucha que mantienen desde aquel día: «Desde el minuto 1 Marta no tuvo nada, ni siquiera esperanza de vida. El sistema nos abandonó en 0,». Sus padres aseguran así que continuarán reclamando y buscando los recursos necesarios para que Marta pueda seguir avanzando.
Por el momento, la sentencia del TSJCV reconoce que en la primera asistencia sanitaria hubo deficiencias. El tribunal considera que la exploración inicial fue «parca», que la documentación asistencial era deficitaria y que no se realizó una exploración física exhaustiva. También pone el foco en que, tras administrarle Urbason, no se llevó a cabo una observación posterior suficiente ante el riesgo de una anafilaxia bifásica.
La resolución, no obstante, recoge también circunstancias que dificultan establecer una relación absoluta entre la asistencia recibida y el desenlace final. Marta llegó inicialmente con las constantes estables y sin signos externos evidentes de shock, mientras que, aunque había comunicado sus antecedentes en recepción, no consta que esa información llegara al médico. Además, su historial de asma grave figuraba en el sistema sanitario de otra comunidad autónoma y no estaba siendo seguida por el servicio local de Alergología.
Por todo ello, el tribunal reconoce una «pérdida de oportunidad» y fija una indemnización de 100.000 euros por el daño moral derivado de la asistencia sanitaria, una decisión que no es firme y que puede ser recurrida en casación. Para sus padres, sin embargo, la batalla está lejos de haber terminado: «No nos rendimos. Esto no va a quedar así», reiteran.