La vida fuera de la política de Salomé Pradas como profesora universitaria: «Mi relación con los alumnos es fantástica»

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas se ha incorporado, al igual que sus compañeros, a su puesto como profesora en la Universidad Jaume I (UJI) de Castellón. No es algo nuevo para ella, ya que, abogada y jurista desde 2001, lleva impartiendo clases en dicho centro desde hace varios años.

Este curso 2026/207, concretamente, ya está dando la materia de Derecho Mercantil, tal como ella misma señala a El Debate. Sin embargo, hay quien se opone frontalmente a que pueda ejercer como profesora. Se trata de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0. Presidida por Rosa Álvarez, muy ligada al PSOE y autorreconocida «amiga de Pilar Bernabé, el colectivo ha enviado una carta al rector de la UJI, Jesús Lancis, en la que le expresa su preocupación y profundo malestar por el hecho de que la exdirigente forme plante de su plantilla docente.

Debido a su situación procesal de investigada en la causa de la dana junto a Emilio Argüeso, la organización «plantea «importantes cuestiones de carácter institucional, ético y moral», aunque, paradójica y contrariamente, dice abogar por «la presunción de inocencia y el derecho de defensa». La misiva también incluye la negativa a que Pradas «pueda incorporarse con total normalidad a la actividad docente de una universidad pública», por lo que instan al rector a no «permanecer al margen de esta cuestión» dadas las «implicaciones que, desde el punto de vista ético y moral, plantea esta incorporación».

«Total normalidad» y «enhorabuena»

Preguntada por este periódico al respecto, no entra en hacer valoraciones sobre la carta mencionada, pero sí enfatiza que su relación con los alumnos es «fantástica» y que no ha tenido «ningún problema» con ellos. En esta línea, ahonda en que este curso lo ha comenzado con «total normalidad», al igual que transcurrió el último periodo lectivo. En estos días hasta una estudiante le ha dado la «enhorabuena».

Así, indica que en el curso 2025/2026, ya de vuelta de una excedencia y de su paso por la vida política, impartió Derecho Civil. No solo eso, sino que, además, fue «tutora de cuatro Trabajos de Fin de Grado (TFG)», una tarea para la que fue elegida «por las alumnas». La relación con la clase fue tan estrecha que, incluso, Pradas organizó una doble visita al Congreso de los Diputados y el Senado para que los universitarios conocieran ambas cámaras

La trayectoria en la UJI, tal como relata la exconsellera, se remonta al periodo 2008/2009, fecha en la que comenzó como «profesora asociada». Se mantuvo en ese puesto hasta que en 2019 cogió una «excedencia» hasta, como se ha citado anteriormente, volver a la Academia y al «mismo» departamento «de siempre», el de «Derecho Privado». Además de su labora docente, Pradas dirige un bufete jurídico con su nombre y primer apellido en Castellón dedicado tanto a la abogacía como a la mediación.

En lo relativo a la causa por las riadas del 29 de octubre de 2024, la última noticia sobre Pradas fue el cambio de abogado. De este modo, Pedro Colina, experto en Derecho Penal Económico, es ya quien defiende los intereses de la exdirigente en sustitución de Eduardo de Urbano, que se desliga del procedimiento por motivos personales, si bien no descarta en un futuro volver a intervenir.

Mientras tanto, tanto Pradas como Argüeso continúan con la condición de investigados por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye el sumario por las inundaciones y su gestión política e institucional. De hecho, sobre la magistrada pesan varias quejas de los imputados presentadas ante el Consejo General del Poder Judicial por supuesta falta de imparcialidad de la titular de la Plaza número 3 de Catarroja, indefensión y la participación de su marido en algunos interrogatorios a testigos cuando no forma parte de la causa ni es parte.

De eso hace más de un año, pero Pradas todavía sigue esperando la resolución del órgano de gobierno de los jueces. Por último, la instrucción de la dana se alargará, al menos, hasta el 30 de abril de 2027, menos de un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas. Esta circunstancia se dará salvo que instancias superiores nieguen a Ruiz Tobarra otra prórroga o que, por parte de Pradas, de Argüeso o hasta del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón se logre la nulidad de las actuaciones y la causa quede en carpetazo.