Imagen de archivo de un radar móvil en un vehículo de la Guardia Civil
Investigado un conductor tras ser cazado a 219 km/h en la autovía A-7 a su paso por Castalla (Alicante)
El hombre, de 34 años y sin antecedentes previos, casi duplicaba el límite legal de la vía y se enfrenta a posibles penas de prisión y a la retirada del carnet de conducir
La Guardia Civil investiga a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser detectado conduciendo su turismo a 219 kilómetros por hora en la autovía A-7. La infracción tuvo lugar a la altura del término municipal de Castalla (Alicante), en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 120 kilómetros por hora, un límite que el conductor superó rozando el doble de lo legalmente establecido.
Los hechos se remontan al pasado 10 de junio, según ha informado este martes el Instituto Armado a través de un comunicado oficial. En torno a las 16:30 horas de aquella jornada, agentes pertenecientes a la Agrupación de Tráfico del Destacamento de Alcoy se encontraban realizando labores preventivas y de control de seguridad.
El dispositivo de radar estaba ubicado de manera específica en el punto kilométrico 469,400 de la citada autovía, en los carriles con sentido hacia Valencia. Tras detectar la infracción, las patrullas dieron el alto al conductor escasos kilómetros más adelante para proceder a su identificación. El Instituto Armado ha confirmado que al presunto autor de los hechos no le constan antecedentes previos por delitos relacionados con la seguridad del tráfico.
Posibles penas de prisión
Tras su identificación, el conductor pasó a ser investigado formalmente por un delito de exceso de velocidad, una conducta que se encuentra tipificada en el artículo 379 del Código Penal. La gravedad de esta actuación implica que el infractor podría enfrentarse a penas que oscilan entre los tres y los seis meses de prisión.
De forma alternativa, la legislación contempla sanciones económicas de entre seis y 12 meses de multa, o bien la realización de trabajos en beneficio de la comunidad por un periodo de 31 a 90 días. En cualquier caso, el Código Penal establece para estos delitos la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo que va desde uno hasta cuatro años.
A disposición judicial
La instrucción de las diligencias ha sido llevada a cabo por el Destacamento de Tráfico de Alcoy en colaboración con el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Alicante.
El atestado completo ya ha sido remitido a la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibi, órgano que asumirá el procedimiento judicial correspondiente.