Imagen aérea de los trabajos de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el barranco del Poyo a su paso por PicanñaConfederación Hidrográfica del Júcar

La Generalitat Valenciana exige al Gobierno las obras de encauzamiento: «De nuevo llega tarde»

Miguel Barrachina reivindica los más de 45 millones de euros invertidos por la Administración autonómica en cauces estatales y denuncia que el Ejecutivo central apenas ha ejecutado el 11 % de la reconstrucción tras la dana de 2024

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha puesto en valor la eficacia de las infraestructuras hidráulicas en las que ha intervenido la Generalitat Valenciana tras los estragos ocasionados por la dana de octubre de 2024. Ante los recientes episodios de lluvias, Barrachina ha instado al Gobierno de España a que asuma sus competencias y ejecute «sin más demora» las obras de encauzamiento que siguen pendientes en la Comunidad Valenciana, denunciando que el Ejecutivo central «de nuevo llega tarde».

Para evidenciar la gestión autonómica, el portavoz ha detallado que el Ejecutivo valenciano ha llevado a cabo 41 actuaciones de adecuación y encauzamiento en cauces que son de estricta titularidad estatal. Estas intervenciones han supuesto una inversión de 45,3 millones de euros. Del total de obras planificadas, 32 ya están completamente finalizadas y otras ocho se encuentran actualmente en fase de ejecución.

«Estas obras han respondido correctamente y han demostrado que, cuando se actúa y se dota a las infraestructuras de los medios necesarios, estas responden», ha subrayado Barrachina. En esta línea, ha incidido en que la Generalitat ha tenido que dar un paso al frente y asumir competencias del Gobierno central ante la necesidad imperativa de brindar una respuesta rápida a los municipios y ciudadanos afectados por las históricas inundaciones.

Municipios abandonados

Barrachina ha advertido que las precipitaciones registradas ayer han vuelto a destapar las carencias y la falta de actuación sobre las infraestructuras municipales dañadas por la dana. Según el portavoz, «el Gobierno de España ha dejado solos a los municipios para afrontar la reparación y adecuación de unas redes de alcantarillado que sufrieron de lleno las consecuencias» del temporal.

Las cifras aportadas por el Consell reflejan la lentitud del Ejecutivo central: casi dos años después de la catástrofe, apenas se ha llevado a cabo el 11,25 % de las actuaciones estatales previstas. «Estamos ante la constatación de que el modelo elegido no está funcionando al ritmo que necesitan los valencianos», ha afirmado Barrachina, criticando la decisión de Madrid de canalizar los recursos a través de las entidades locales en lugar de asumir la ejecución directa de unas obras que requerían urgencia.

El modelo directo del Consell

Tanto la Generalitat como los propios ayuntamientos ya advirtieron en su día de la inviabilidad de este sistema de transferencias, dado el colapso administrativo que sufrían los consistorios locales.

A pesar de que se solicitaron cambios normativos estatales y más margen para tramitar obras de emergencia, estas peticiones no fueron atendidas. «La realidad ha terminado demostrando que teníamos razón: cuando lo que se necesita es actuar con rapidez, no basta con transferir recursos, hay que ejecutar las obras», ha sentenciado el portavoz.

Para ilustrar una alternativa eficaz, Barrachina ha recordado la gestión de la retirada de residuos generados por la dana. Aunque se trata de una competencia de ámbito municipal, la Generalitat optó por un modelo de acción distinto: no se limitó a inyectar fondos para que otros resolvieran el problema, sino que asumió directamente los trabajos utilizando contratos de emergencia, lo que permitió recuperar la normalidad en las calles con mayor celeridad.

Obras estatales bajo mínimos

Ante esta situación, el portavoz del Consell ha urgido al Gobierno de España a que acelere de una vez por todas las grandes obras hidráulicas de protección frente a inundaciones que la Comunidad Valenciana arrastra desde hace años.

Una parálisis que, según ha recordado, también se extiende a las obras antirriadas ordinarias de competencia estatal, cuyo nivel de ejecución actual es inferior al 5 %.