Imagen de archivo de un apartamento turístico en Valencia.
El Ayuntamiento de Valencia impone en año y medio 138 multas a apartamentos turísticos ilegales por más de 1,5 millones
El concejal de Urbanismo sostiene que estas cifras demuestran que el Consistorio actúa con firmeza frente a la actividad irregular y garantiza «contundencia contra quienes se salten las normas»
El Ayuntamiento de Valencia ha impuesto un total de 138 multas a viviendas de uso turístico (VUT) por incumplir los requisitos legales para operar por un importe superior a 1,5 millones. Estas sanciones han sido impuestas en un plazo de dieciocho meses, el tiempo transcurrido desde que en marzo de 2025 la Generalitat Valenciana delegó en el Consistorio la competencia para instruir y resolver expedientes sancionadores en esta materia.
Del total de 283 expedientes sancionadores abiertos por el Consistorio ese periodo, prácticamente la mitad (138) han culminado en resoluciones sancionadoras firmes, la gran mayoría por infracción grave del artículo 92.4 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana, al no reunir los requisitos esenciales establecidos por la normativa para el ejercicio de la actividad. La ley prevé para este tipo de infracciones una multa de entre 10.001 y 100.000 euros.
El importe liquidado antes de aplicar en algunos casos la bonificación legal del 50 %, rebasa los 1,7 millones de euros, mientras que la recaudación efectiva por estas liquidaciones alcanza, a día de hoy, los 461.540 euros.
El resto de los expedientes abiertos fueron archivados tras las comprobaciones oportunas al no apreciarse infracción o exceder de la competencia municipal delegada.
Además, se han remitido un centenar de comunicaciones al Servicio Territorial de Turismo para dar de baja del registro autonómico viviendas que, pese a figurar inscritas, no ejercían actividad turística real.
La delegación de la competencia sancionadora en materia de VUT a favor del Ayuntamiento de València se formalizó el pasado 10 de marzo de 2025 mediante la adhesión al Convenio Marco suscrito entre la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que atribuye a los consistorios la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de VUT, tipificadas en la Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana.
Dos sentencias judiciales avalan las sanciones impuestas
Por otro lado, de las dieciocho resoluciones firmes en vía administrativa que han sido recurridas en vía contencioso-administrativa, ya se han dictado dos sentencias firmes, ambas desestimatorias de los recursos interpuestos y confirmando las sanciones municipales.
La primera, dictada por el Tribunal de Instancia de València (Plaza nº 4), confirmó una sanción de 10.001 euros (Sentencia 79/2026, de 25 de marzo).
La segunda, dictada por el Tribunal de Instancia de València (Plaza nº 1), confirmó una sanción de 30.000 euros (Sentencia 217/2026, de 28 de agosto). En ambos casos, los tribunales condenaron en costas a los recurrentes, y las sentencias se han cobrado en su totalidad.
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, señala al respecto que quien opere de forma ilegal «se va a encontrar con todo el peso de la ley en forma de expedientes municipales y elevadas sanciones económicas. La justicia ya nos ha dado la razón en las dos sentencias dictadas hasta ahora, un respaldo judicial que confirma que actuamos con solidez jurídica. Operar al margen de la ley sale muy caro».
Una pieza más del cerco a la ilegalidad
Estas sanciones económicas se suman a los mecanismos ya existentes de disciplina urbanística frente a los apartamentos turísticos ilegales, como las órdenes de cese de actividad, y a la nueva normativa urbanística en vigor desde el pasado 25 de mayo, que fija topes de saturación por barrio, distrito y manzana y endurece las condiciones para la apertura de nuevas viviendas turísticas.
El conjunto de estas medidas conforma una estrategia de tolerancia cero con la actividad turística ilegal, al tiempo que facilita la reversión ordenada de los apartamentos que no puedan cumplir los requisitos hacia el uso residencial.