Investigan a un centro de menores de Alicante señalado por presuntos trabajos forzados

Lo que durante más de dos décadas se proyectó en Países Bajos como un retiro terapéutico idílico en el sureste español se ha convertido en el centro de un escrutinio institucional sin precedentes. Un reciente documental de la televisión pública neerlandesa ha puesto el foco sobre Huize Soria, un enclave ubicado en el entorno rural de Aspe (Alicante), revelando un supuesto historial de prácticas coercitivas contra los adolescentes allí alojados para tratar problemas de adicción o conducta.

Según la investigación periodística emitida por el programa Nieuwsuur, los jóvenes habrían estado sometidos a lo que el reportaje audiovisual califica textualmente de «cultura represiva». El trabajo recopila testimonios de jóvenes que apuntan a la imposición de presuntos castigos prolongados, restricciones alimentarias y el aislamiento de los internos, a quienes supuestamente se les llegaba a prohibir el contacto con sus círculos familiares.

Además, la cadena detalla que los menores habrían sido forzados a cumplir exhaustivas jornadas de labores agrícolas, como la excavación de zanjas o el cuidado de animales, bajo el paraguas de un supuesto programa ocupacional.

Las alarmas que ahora resuenan en la Comunidad Valenciana se encendieron originariamente en 2021, cuando, de acuerdo con el citado espacio televisivo, cinco de estos jóvenes decidieron pedir ayuda al Defensor del Menor de Ámsterdam.

A las denuncias sobre las condiciones de vida se suma también la sombra de la sospecha sobre la tramitación de los traslados internacionales. Diversas organizaciones cuestionan que las derivaciones de los menores a España se habrían ejecutado sin recabar los permisos que exige la legislación nacional.

El impacto de las revelaciones televisivas ha provocado una reacción inmediata por parte de la Administración valenciana. La Conselleria de Servicios Sociales, dirigida por Elena Albalat, ha desplegado a sus inspectores para auditar de urgencia la actividad del recinto.

Las primeras indagaciones han arrojado un hallazgo determinante: la entidad operaría con opacidad administrativa, ya que no consta inscrita en el Registro oficial General de Titulares de Actividades, Servicios y Centros de Servicios Sociales.

Al no disponer de la habilitación preceptiva para ejercer como centro de menores, el departamento autonómico ha requerido toda la documentación a los titulares y advierte de que actuará en consecuencia ante lo que supone una actividad fuera del marco legal.

El silencio de Holanda

En paralelo a la actuación del Gobierno autonómico, el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo valenciano) ha abierto un expediente de oficio. Ángel Luna, titular de la institución, busca esclarecer si en este centro se han podido vulnerar derechos fundamentales de la infancia, incidiendo en la integridad física y psicológica y en el principio universal del interés superior del menor.

Desde el ente valenciano han mostrado su profunda preocupación al constatar que la Inspección de Atención Sanitaria y Juventud de Países Bajos, conocedora de las quejas según el documental, no habría notificado los hechos a España. De hecho, el último contacto oficial documentado entre ambas administraciones data del año 2016.

Frente al vendaval mediático y político, los responsables de Huize Soria han declinado responder a las preguntas de la prensa, optando por canalizar su defensa a través de un comunicado público en su portal web.

En el texto, la dirección niega de forma tajante las conclusiones de la televisión holandesa, subrayando que «no existe prueba alguna de trato degradante». La propiedad reivindica una trayectoria de veinte años en la que aseguran haber ayudado a más de 265 jóvenes, defienden su total transparencia y arraigo en la comunidad local de Aspe, y esgrimen haber superado con éxito una evaluación en 2021, mostrándose a entera disposición de los organismos inspectores para aclarar su situación.