El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, increpa a la portavoz 'popular' Ester Muñoz
«¡Lo vais a pagar!»: la amenaza de un diputado de Compromís a la portavoz del PP desata una fuerte bronca en el Congreso
Alberto Ibáñez ha intimidado a Ester Muñoz tras conocerse que decaerán los decretos de vivienda
La tensión por la tramitación de las medidas del Gobierno sobre vivienda ha desembocado este viernes en un duro altercado verbal en el patio del Congreso de los Diputados. La inminente derogación de los decretos ley ha desencadenado un choque frontal entre la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, y el diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, en el que se han cruzado acusaciones de amedrentamiento y hostigamiento en presencia de medios de comunicación y otros parlamentarios.
Según la denuncia hecha pública por el Partido Popular, el parlamentario de Compromís se ha dirigido a gritos a Muñoz en el patio de la Cámara Baja profiriendo amenazas como «¡Lo vais a pagar!» y «¡Vais a tener que dar la cara!».
La portavoz 'popular', que ha respondido afirmativamente asegurando que «sí» va a dar la cara, ha difundido posteriormente una fotografía del incidente en sus redes sociales. En su mensaje, ha denunciado la «crispación y violencia» ejercida por Ibáñez y ha garantizado: «Ningún diputado me amedrentará con sus gritos».
Por su parte, la representación de Sumar y el propio Ibáñez han ofrecido una versión contrapuesta, aunque han confirmado la pronunciación de la frase «lo pagarán en las urnas». De acuerdo con su postura, la reacción del diputado se ha producido al observar que Muñoz mostraba «sonrisa y satisfacción» ante la caída de las medidas antidesahucios.
Según ha relatado Ibáñez, se ha dirigido a la portavoz para recriminarle su actitud preguntándole «¿Vas a poder dormir tranquila?», a lo que ha añadido en sus redes que «violencia es votar para que desahucien a una señora de 90 años».
El choque verbal ha reflejado el clima previo a la votación en la que el Pleno del Congreso ha certificado la derogación de los dos decretos del Consejo de Ministros encaminados a frenar los desalojos, entre ellos el denominado 'decreto Maricarmen'.
Pese a los llamamientos vertidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusando a la oposición de alinearse con «los especuladores», la negativa de PP, Vox y Junts ha confirmado la mayoría absoluta que hará decaer la iniciativa.
Un historial de polémicas
Este episodio en el patio de las Cortes no constituye un hecho aislado en la trayectoria reciente de Alberto Ibáñez, caracterizada por polémicas declaraciones institucionales. Recientemente, el diputado nacionalista ha causado una profunda marejada política al acusar a la Audiencia Nacional de orquestar un «golpe de Estado» y reclamar abiertamente abolir esta alta instancia judicial.
El señalamiento se produjo como reacción a la resolución judicial que paralizó temporalmente un campamento en el Puerto de Ceuta, provocando que el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, exigiera su dimisión inmediata por atentar contra las instituciones.
La situación en Ceuta tras las entradas masivas de inmigrantes registradas a finales de julio situó a Ibáñez en el centro del debate político. Junto a la diputada Águeda Micó, el parlamentario responsabilizó a PP y Vox de promover «discursos de odio» que, a su juicio, originaron los altercados violentos en la ciudad autónoma.
Asimismo, cuestionó a la Audiencia Nacional por lo que ha calificado de «inacción judicial» ante la agresión sufrida por una autoridad local y exigió al Ejecutivo central la imposición de reformas legales para obligar a las comunidades autónomas a asumir el reparto de menores.
Señalamientos a Ferran Torres
A sus choques con la judicatura y la oposición se suma la controversia protagonizada con el internacional valenciano Ferran Torres. Apenas unas horas después de felicitar públicamente al delantero por la victoria en el Mundial de 2026, Ibáñez utilizó su altavoz institucional para arremeter contra la empresa del deportista, Eleven Future Invest.
El diputado de Compromís acusó al jugador de actuar como un «fondo buitre» y de acaparar viviendas en Valencia con fines especulativos, unas acusaciones que motivaron la inmediata réplica del presidente de la Generalitat Valenciana en defensa del futbolista.