Imagen de archivo de Jalón (Alicante)
La Ley de Nietos dispara el número de votantes residentes en el extranjero hasta el 30% del censo en un municipio de Alicante
Una localidad de la Marina Alta alicantina incorpora 227 electores residentes fuera de España desde 2022 y afronta las próximas generales con 703 inscritos en el registro exterior
Jalón se ha convertido en uno de los casos más llamativos de la transformación del censo electoral provocada por la Ley de Nietos. El municipio alicantino ha pasado a contar con 703 electores residentes en el extranjero, 227 más que en noviembre de 2022, de modo que alrededor del 31 % de su censo electoral corresponde ya a votantes que viven fuera del país. El dato adquiere una dimensión política excepcional ante las elecciones generales del 29 de noviembre y en plena batalla judicial sobre los efectos electorales de las nuevas nacionalizaciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó este lunes elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. El decreto publicado este martes en el BOE confirma la disolución de las Cortes y fija esa fecha para la votación. La convocatoria reactiva así una controversia que parecía acotada a los tribunales: qué parte de los nuevos electores incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrá votar finalmente en estos comicios.
En Jalón, el impacto se aprecia con especial claridad por el reducido tamaño del municipio. Los 703 inscritos en el extranjero suponen aproximadamente tres de cada diez electores. Son 227 personas más en apenas cuatro años, un incremento que se produce coincidiendo con la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, la conocida como Ley de Nietos, que abrió una vía para que determinados descendientes de españoles pudieran adquirir la nacionalidad.
El salto del voto exterior
La evolución de Jalón se enmarca en un incremento mucho mayor en toda la Comunidad Valenciana. El CERA ha pasado de 123.997 inscritos a 150.017 entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de agosto de 2026: 26.020 electores más, un 21 % de aumento.
Países con mayor número de altas en el CERA desde la ley de nietos en cada provincia
Alicante aporta 10.569 nuevas inscripciones; Valencia, 13.135, y Castellón, 2.316. El fenómeno tiene una repercusión especialmente visible en municipios pequeños, donde unas pocas decenas o cientos de nuevas altas pueden modificar de forma sustancial la composición del electorado.
En Jalón, el efecto es mucho mayor en términos relativos que en las grandes ciudades. Valencia ha sumado 7.587 inscritos en el CERA; Alicante, 3.265; Elche, 820; Castellón, 670; Torrevieja, 567; Benidorm, 477; Gandía, 416, y Torrent, 312. Pero ninguna de esas cifras representa una proporción comparable sobre el conjunto de sus censos.
El caso jalonense tampoco es aislado entre los pequeños municipios. Puebla de Arenoso, La Torre d'En Domènech y Murla presentan porcentajes elevados de electores residentes fuera de España. En Vallibona, Llíber o la Vall de la Gallinera, el CERA también tiene un peso relevante sobre censos municipales muy reducidos.
El Supremo entra en escena
La dimensión electoral del fenómeno llevó este verano a la Junta Electoral Central a examinar las consecuencias del aumento de nacionalizaciones sobre el censo exterior. En julio, la JEC dejó constancia de que distintas formaciones y entidades habían cuestionado los procedimientos de concesión de nacionalidad y, especialmente, su repercusión sobre el CERA.
Imagen de la fachada del Tribunal Supremo
La controversia dio un salto decisivo en septiembre. El Tribunal Supremo acordó en dos autos, el 10 de septiembre, suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA correspondientes a personas nacionalizadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y de la instrucción dictada en 2022 para su aplicación. Los recursos habían sido promovidos por Vox y Iustitia Europa.
El Supremo justificó la medida por el incremento extraordinario del censo exterior y apreció un «peligro fundado, real y serio» de que ese crecimiento pudiera afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral. La decisión no supone que todos los nacionalizados por esta vía hayan perdido su derecho de voto: los propios autos establecen excepciones y condicionan la suspensión a la forma en que se acredite la condición de descendiente de exiliado. El problema ahora es cómo ejecutar esa decisión antes del 29-N.
Un censo cerrado antes de la suspensión
La convocatoria electoral llega cuando el censo de referencia ya estaba cerrado. La LOREG establece el sistema de cierre del censo para cada convocatoria, y la elección del 29 de noviembre se regirá por la normativa electoral vigente.
La Abogacía del Estado ha advertido al Supremo de las dificultades materiales para revisar los expedientes y determinar qué inscripciones están afectadas por la suspensión. Según la información trasladada al tribunal, alrededor de 170.000 expedientes vinculados a la vía cuestionada requerirían una comprobación que no puede realizarse de forma inmediata.
Para Jalón, la discusión nacional tiene una traducción muy concreta: 703 personas inscritas en el extranjero y una proporción cercana a un tercio del electorado. La cifra explica por qué el municipio se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del efecto de la Ley de Nietos sobre los pequeños censos locales.
Un censo inédito
El municipio está gobernado por Compromís, que obtuvo siete concejales y la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales. PSOE y PP consiguieron dos representantes cada uno.
Ahora, sin embargo, la cuestión que trasciende al gobierno municipal es la composición del propio electorado. Jalón llega al 29-N con un censo exterior que ha crecido en 227 personas desde 2022 y que representa aproximadamente el 31 % del total.
El Supremo deberá concretar cómo se aplica su suspensión cautelar y qué inscritos quedan finalmente habilitados para votar. Hasta que esa cuestión quede resuelta, Jalón ofrece una fotografía especialmente significativa de una transformación que ha multiplicado el peso del voto exterior en algunos pequeños municipios españoles: en esta localidad alicantina, casi uno de cada tres electores vive hoy fuera de España.