El Gobierno condena al Tajo-Segura a seis meses de cierre mientras los regantes denuncian que las obras pueden ejecutarse en seis semanas

La formalización de la declaración de emergencia por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha confirmado el peor escenario para el sureste: seis meses de inactividad en la infraestructura hídrica del Tajo-Segura. Adoptada el pasado 5 de octubre con una dotación máxima de 1,2 millones de euros, la resolución oficial estipula un periodo de ejecución prolongado que obliga a mantener la red clausurada, a pesar de que el inicio de los trabajos debe producirse en un margen inferior a 30 días.

El origen de esta parálisis se remonta al 15 de septiembre, fecha en la que saltaron las alarmas por filtraciones de gran intensidad en dos enclaves concretos: el kilómetro 4,700 del canal del Riansares, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), y el kilómetro 1,700 del Talave, en Liétor (Albacete). Con caudales circulantes superiores a los 25 metros cúbicos por segundo y azotados por episodios de lluvias torrenciales, ambos puntos sufrieron un arrastre masivo del terreno de apoyo que amenazaba con un colapso total de la sección.

El posterior vaciado preventivo de la canalización facilitó una inspección exhaustiva que destapó la gravedad real de los desperfectos: destrucción y hundimiento de paños de hormigón, oquedades, simas y asentamientos significativos en terraplenes y desmontes.

Para revertir esta situación, el plan diseñado por el departamento estatal contempla la demolición y saneamiento de los sectores afectados, su reconstrucción integral, la impermeabilización de todo el tramo y la implantación de sistemas avanzados de drenaje, como cunetas, bajantes y tubos-dren.

Discrepancia radical en los plazos

Frente al horizonte temporal de medio año fijado por el Gobierno -que supera incluso la estimación inicial de cuatro a cinco meses barajada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)-, el Sindicato Central de Regantes (Scrats) rebate frontalmente la lentitud oficial.

Su secretario general, el ingeniero civil José Ángel Pérez, sostiene que una planificación rigurosa y con recursos propios del ámbito privado permitiría solventar el tramo albaceteño en tres semanas y el guadalajareño en mes y medio, acortando el cómputo global a apenas seis semanas y situando el restablecimiento del suministro en torno al 15 de noviembre.

Sospechas de un recorte encubierto

Esta brecha en el calendario alimenta profundas suspicacias en las cuencas receptoras sobre una presunta intencionalidad política. Desde la entidad defensora de los usuarios se acusa directamente al presidente de la CHT, Antonio Yáñez, de dilatar deliberadamente la reapertura más allá del 31 de diciembre.

El trasfondo de la disputa radica en los entre 70 y 75 hectómetros cúbicos pendientes de transferir; si bien el Real Decreto de 2014 concede un margen de tres meses tras el cierre del año hidrológico para canalizar dichos recursos, rebasar el umbral del año civil eximiría a la Administración de cumplir con esta obligación.

Una advertencia compartida por el Ejecutivo murciano, cuyos representantes han tachado la demora de posible recorte «por la puerta de atrás».

Vulnerabilidad estructural

Más allá de la emergencia actual, el episodio destapa la fragilidad acumulada en los 292 kilómetros de una conducción en servicio desde 1979. El análisis técnico del sindicato advierte de que entre un 15 % y un 20 % del trazado muestra una alta sensibilidad orográfica, donde deficiencias crónicas en los drenajes comprometen los taludes tal como ocurrió previamente en La Bujeda.

Pese a que los regantes sufragan anualmente unos 12 millones de euros en costes fijos destinados al mantenimiento ordinario -limpieza, compuertas y juntas-, estos fondos resultan claramente exiguos para acometer las costosas rehabilitaciones extraordinarias que demanda la red.

Panorama hídrico y crispación política

El bloqueo del cauce coincide con un escenario de reservas desiguales al comenzar octubr, con la cabecera del Tajo al 54,16 % de su capacidad (5.988 hm³, destacando Buendía con 796 hm³ y Entrepeñas con 487 hm³) y el Segura al 49,30 % (562 hm³, con El Cenajo en 256 hm³).

En paralelo, el tablero político arde: mientras Castilla-La Mancha lamenta que el adelanto electoral congele la reforma de las reglas de explotación, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, insta a blindar la infraestructura en los próximos comicios generales, recordando que el sistema sustenta a 2,5 millones de personas, 79 municipios y más de 120.000 hectáreas productivas.