Imagen de archivo de la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé
Manos Limpias denuncia a Pilar Bernabé por los nueve policías heridos en los altercados de la manifestación de la vivienda en Valencia
El sindicato acude a la Justicia tras considerar que la Delegación del Gobierno desplegó un operativo insuficiente frente a grupos violentos
Un juzgado valenciano ha recibido formalmente una denuncia del colectivo de funcionarios Manos Limpias contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. El escrito solicita la apertura de diligencias previas por la presunta comisión de delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones y contra la seguridad de los trabajadores, en relación con los graves altercados registrados el pasado 3 de octubre durante una protesta ciudadana en favor del derecho a la vivienda.
La marcha, que reunió a unas 6.000 personas y fue convocada por plataformas como el Sindicat de Llogateres, Entrebarris, la PAH y el Sindicat Habitatge València, derivó en momentos de alta tensión al término del recorrido. Un grupo de manifestantes sobrepasó el cordón de seguridad e irrumpió violentamente en el Palau de Les Arts para intentar boicotear un congreso del sector inmobiliario.
La irrupción forzada provocó situaciones de pánico entre los congresistas y el personal del edificio, que se vieron obligados a refugiarse mientras algunos asaltantes alcanzaban la terraza de la primera planta.
La intervención de las fuerzas de seguridad mediante pelotas de goma y gases lacrimógenos permitió desalojar el recinto, dejando un balance de nueve agentes de la Policía Nacional atendidos en centros sanitarios por el impacto de adoquines, pirotecnia y vallas, así como varios manifestantes afectados.
Las fuerzas del orden arrestaron a cinco personas por su implicación en los hechos. Posteriormente, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Valencia decretó su libertad provisional sin medidas cautelares, aunque permanecen investigadas en una causa penal abierta por desórdenes públicos, daños, atentado a la autoridad y lesiones.
En el plano político, las protestas contaron con la presencia de representantes institucionales como el diputado de Compromís Juan Bordera en primera línea, lo que generó duras críticas del Partido Popular hacia la formación nacionalista y el PSPV-PSOE por no condenar de forma tajante la violencia.
Imagen de los altercados registrados en Valencia
Esta acción judicial supone un contratiempo para Bernabé en un momento decisivo de su proyección política, tras haber sido propuesta por el PSOE para encabezar la lista por Valencia en las próximas elecciones generales y perfilarse como opción socialista para disputar la Alcaldía a María José Catalá.
Carencia de medios y falta de previsión
En la denuncia presentada ante el Juzgado Decano, Manos Limpias sostiene que la Administración estatal organizó un dispositivo policial abiertamente escaso e idóneo para contener la violencia desatada.
La entidad señala que existían advertencias previas, respaldadas por el sindicato policial Jupol, sobre la posible presencia de colectivos radicales, lo que provocó que un reducidos efectivos se viera desbordado ante la muchedumbre.
El escrito denuncia asimismo que los funcionarios no dispusieron de los elementos de protección adecuados para salvaguardar su seguridad. A juicio del colectivo denunciante, esta falta de medios configura una omisión imputable a la delegada del Gobierno por no haber coordinado una respuesta proporcionada al riesgo existente.
Petición de informes y evaluación de riesgos
Para esclarecer las responsabilidades penales, el colectivo reclamante ha solicitado al magistrado instructor que requiera a la Delegación del Gobierno, a la Jefatura Superior y a la Dirección General de la Policía el expediente completo del plan de seguridad, así como las evaluaciones de riesgo e informes de inteligencia elaborados con anterioridad a la movilización.
La acusación pide también que se incorporen las comunicaciones y solicitudes de refuerzo cursadas por las Unidades de Intervención Policial (UIP), los partes de lesiones de los nueve agentes y la identificación de las autoridades que emitieron las órdenes operativas.
Desde la Delegación del Gobierno han declinado asumir deficiencias y sostienen que la planificación respondió al estándar habitual empleado ante manifestaciones de esta envergadura.