(Imagen de archivo de algunas casas en la playa de Guardamar del Segura

(Imagen de archivo de algunas casas en la playa de Guardamar del SeguraGVA

Los vecinos de la playa de Guardamar lamentan la sentencia del Constitucional sobre la Ley de Costas valenciana

El alcalde de la localidad alicantina dice que si hay que derribar, se haga «cuanto antes»

El portavoz de la Asociación de Vecinos Playa de Babilonia de Guardamar del Segura, Manuel López, ha lamentado «enormemente» que el Tribunal Constitucional (TC) haya estimado el recurso del Gobierno central contra varios preceptos de la ley valenciana de la costa. «Creemos que responde más a valoraciones políticas que jurídicas», ha afirmado sobre la resolución judicial.

«Estaremos, por supuesto, a la espera del contenido exacto de la sentencia para ver cómo han fundamentado esta decisión y cómo desmontan lo que entendemos que es una competencia propia de la Generalitat Valenciana y un artículo dentro de una ley que se ha armado con todas las garantías legales», ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.

López ha agregado que, «sobre todo, sorprende el empeño de este Gobierno de echar a familias de sus casas y de derribar viviendas» y no en «la protección del medio ambiente y el grave problema que tienen las playas» de Guardamar del Segura y «en general» en la Comunitat Valenciana o «en toda España».

Según el portavoz vecinal, «el problema de la costa» no son «las personas y familias» que viven en ella, sino «la falta de inversiones, la falta de mantenimiento que llevan a estas consecuencias jurídicas en contra de las familias, de los particulares o incluso de los ayuntamientos».

«Lo que estamos reclamando es que se haga una inversión real, un mantenimiento real y una buena gestión de la costa para que estas consecuencias en la afección de las casas, de las familias y de los particulares no tengan estos problemas, especialmente en un contexto como el actual en el que la vivienda se nos plantea como uno de los principales problemas de este país», ha remarcado.

Y ha continuado: «En España, por aplicación directa de la ley de costas nos encontramos con 88.000 viviendas que podrían irse al suelo. No es un problema de Babilonia, que es la avanzadilla de esta cuestión, sino un problema de una ley que ha perdido todo su sentido y que no responde a la realidad de la costa española».

«Este camino, esta gobernanza de la costa, no está solucionando los problemas y sorprende el empeño y el desconocimiento real que tienen de la costa desde este Gobierno», ha sentenciado el portavoz de la entidad vecinal.

El alcalde celebra la decisión

Por el contrario, el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez (PSPV), ha celebrado la decisión del TC y ha indicado que el Ayuntamiento busca que se recupere «medioambientalmente» esa zona para que los vecinos puedan disfrutar de «una playa en condiciones».

En declaraciones a Europa Press, ha resaltado que «si para ello tienen que derribar» las casas ubicadas en la playa de Babilonia, «que lo hagan cuanto antes». Además, ha explicado que llevan «más de ocho años» pendientes de este asunto, desde que en 2018 Costas le trasladó al consistorio y a los vecinos la intención de no renovar las concesiones de estas viviendas.

En este contexto, el alcalde ha apuntado que, antes de esa fecha, el Ayuntamiento quería que Costas «diera permiso a los vecinos para que pudieran arreglar sus concesiones» y pudieran estar en un entorno, «normalizado», «natural» y «en condiciones».

En este punto, según Sáez, no se renovaron las concesiones, por lo que se recuperaron los títulos y se pretendía derribar las viviendas «con el único propósito de mantener esa zona o de recuperar esa zona con carácter medioambiental».

Tras ello, con la aprobación de la ley de la costa valenciana, la Generalitat pretendía proteger los «núcleos etnológicos». El presidente del Gobierno interpuso el recurso ante el TC, que ahora se ha estimado.

De cara a los siguientes pasos, Sáez ha afirmado que está en contacto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que le ha trasladado que, después de esta resolución, se iniciarán los trámites para ver cómo pueden llevar a cabo «la ejecución subsidiaria, en este caso del derribo».

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