(Foto de ARCHIVO)
Un jardinero, a 29 de mayo de 2025, en Madrid (España). Esta reforma permite que colectivos expuestos a condiciones laborales penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres puedan adelantar su edad de jubilación, en algunos casos hasta los 52 años, sin penalizaciones en la pensión. Hasta ahora, la jubilación anticipada ya era posible para trabajadores del mar, mineros, policías locales y autonómicos o personal de vuelo. Con la nueva regulación, se abre la puerta a sectores como: trabajadores de la construcción, camareras de piso (“kellys”), Policía Nacional y Guardia Civil, profesionales sanitarios y otros colectivos que acrediten condiciones laborales especialmente duras o peligrosas.

Ricardo Rubio / Europa Press
29 MAYO 2025;TRABAJADORES;TRABAJO;CALLE;JUBILACIÓN ANTICIPADA;TRABAJO;TRABAJADOR;PIXELADA
29/5/2025

Imagen de archivo de un jardinero.Europa Press

Un jardinero le gana a la Seguridad Social una pensión vitalicia de 1.589 euros al mes

El TSJ de la Comunidad Valenciana reprocha a la institución estatal que obviara «la repercusión sobre la capacidad real» de los dos antecedentes oncológicos que padece el trabajador

Un jardinero ha sido reconocido con una incapacidad permanente absoluta y una pensión vitalicia de 1.5989,09 euros. Y es así porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha avalado la sentencia de un Juzgado de Benidorm en el que se contravenía la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social al no valorar «las limitaciones y repercusiones» dos diagnósticos oncológicos.

Según queda probado en la resolución del Alto Tribunal regional, a la que ha tenido acceso El Debate, la disputa entre el trabajador y la Seguridad Social comenzó el 5 de septiembre de 2023, cuando el departamento nacional inició de oficio un expediente de incapacidad permanente. En diciembre de ese mismo año el INSS le reconoce al jardinero un incapacidad permanente total para su profesión habitual, asignándole una pensión del 55 % de la base reguladora fijada en 1.589,09 euros.

Ante esta resolución el jardinero reclamó, aunque en marzo de 2024 la Seguridad Social desestima la solicitud de determinar la situación como una incapacidad permanente absoluta. El trabajador utilizó la vía judicial para conseguir su objetivo.

El 7 de octubre de 2025 el Juzgado de lo Social nº1 de Benidorm estima la demanda y determina que el empleado debe ser reconocido con una incapacidad permanente para cualquier profesión. Ante esta decisión el INSS recurrió al TSJ de la Comunidad Valenciana.

Con fecha 22 de septiembre de 2026 el Alto Tribunal regional ha resulto la resolución planteada dando la razón al trabajador y en cierta manera afeando la postura de la Seguridad Social.

Dos diagnósticos oncológicos

Según queda probado, la decisión del TSJ se basa en los dos diagnósticos oncológicos que presenta el trabajador, cuestiones médicas sobre las que la Seguridad Social había rebajado a «enfermedades estabilizadas». En este caso se trata de un carcinoma urotelial y un adenocarcinoma de recto.

Es más el Alto Tribunal regional valenciano le afea al INSS que la valoración médica debe basarse en las «limitaciones funcionales y la repercusión sobre la capacidad real» del trabajador y no en si las enfermedades están más o menos controladas, incidiendo incluso que el departamento laboral no daba la suficiente importancia a la incontinencia urinaria y fecal que presentaba el jardinero.

Es por ello que el TSJ asume directamente la sentencia del Juzgado de Benidorm por la que se le da la razón al trabajador, que pasa a estar en una situación de incapacidad permanente absoluta con una pensión vitalicia del 100 % de la base reguladora fijada en 1.589,09 euros.

El varón ha tardado tres años en conseguir el reconocimiento que consideraba que debía recibir. Enfrente tenía a la Seguridad Social, quien aparentemente había infravalorado dos diagnósticos oncológicos. Un Juzgado de Benidorm y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han defendido la postura del empleado, quien no trabajará más.

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