Imagen de archivo del portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, durante un Pleno
Imputados nueve sindicalistas y el portavoz de Podemos en Alicante por una protesta para frenar un desahucio
Todos ellos están acusados de «resistencia o desobediencia a la autoridad» mientras los colectivos enmarcan la citación judicial en un contexto de «represión a movimientos sociales»
Nueve miembros de los sindicatos de vivienda Carolines y Zona Nord de Alicante y el portavoz de Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento, Manolo Copé, han sido citados en calidad de investigados por un Juzgado de la capital por la protesta que realizaron el 16 de julio de 2025 con tal de impedir el desahucio de un matrimonio que vivía en un piso de la calle Benilloba.
La comparecencia está fijada para el próximo 17 de diciembre en la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, por posible «resistencia o desobediencia a la autoridad», según ha informado el Sindicat de Vivenda Carolines en un comunicado hecho público este martes.
De acuerdo con esta entidad, ambos sindicatos hicieron esa convocatoria para intentar «frenar» el desalojo de «un matrimonio mayor de 65 años sin alternativa habitacional» de un piso de la calle Benilloba, «del que fue propietario el fondo buitre Promontoria Coliseum» y que «fue vendido a un inversor extranjero que ya contaba con numerosos inmuebles, a pesar de que el matrimonio en situación de vulnerabilidad continuaba habitando el domicilio», ha apuntado el colectivo.
«Detener la labor de los activistas»
Ante estas próximas declaraciones judiciales, los sindicatos han señalado que «la libertad de expresión y protesta amparaban la convocatoria» y que «el sindicalismo, el apoyo a una familia vulnerable y la defensa del derecho a la vivienda no deberían ser constitutivos de delito».
Y han expresado que «este episodio no es nuevo, sino que se suma a las multas por valor de miles de euros acumuladas por los colectivos de vivienda en su defensa de derechos constitucionales básicos para toda la población de Alicante».
«Este suceso se enmarca en un contexto de aumento generalizado de la represión a movimientos sociales, en especial a los sindicatos de vivienda y al sector de la educación en lucha, cuyo objetivo es detener la labor de los activistas por el derecho a una vivienda digna en la ciudad», han agregado las organizaciones.
