Dos exconcejales del PP de Crevillente vuelven al banquillo por el presunto amaño de los juegos escolares

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, reabre este jueves un proceso judicial con cuatro rostros conocidos en el banquillo y un tribunal renovado.

Las vistas, fijadas para este 29 y 30 de octubre y los próximos 5 y 6 de noviembre, vuelven a examinar las presuntas irregularidades en la adjudicación y las sucesivas prórrogas del servicio de los juegos deportivos interescolares municipales, una contratación que en su día superó los 104.000 euros facturados al Ayuntamiento de Crevillente.

El banquillo vuelve a estar ocupado por los exconcejales del Partido Popular Pedro García -quien estuvo al frente del área entre 2003 y 2015- y Manuel Moya -que le relevó en el cargo desde 2015 hasta 2019-, junto al coordinador municipal de Deportes, Francisco Manuel Serna, y su hijo Cayetano Ramón Serna, administrador de la mercantil Tot Sport Crevi SL.

La celebración de estas cuatro nuevas sesiones responde al recurso interpuesto por el fiscal anticorrupción Pablo Romero, cuya estimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) revocó la anterior sentencia absolutoria dictada a principios de año.

Argumentos de la anulación judicial

El Tribunal Superior de Justicia fundamentó la repetición del juicio en la falta de motivación técnica del fallo previo y en el análisis insuficiente del material probatorio aportado por la acusación.

Entre los aspectos clave que el alto tribunal ordenó revisar figura la falta de pronunciamiento expreso sobre el grado de intervención del coordinador municipal en los expedientes administrativos, a pesar de su evidente relación de parentesco con el responsable de la empresa adjudicataria.

Asimismo, la resolución advirtió de deficiencias en la valoración del informe emitido por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), aportado al procedimiento como prueba pericial. El TSJCV cuestionó que no se hubieran sopesado con el rigor requerido las irregularidades señaladas en torno a los pliegos de condiciones, la elección del procedimiento negociado sin publicidad y el encadenamiento de prórrogas que permitieron a la mercantil mantener el servicio durante varios ejercicios.

Concurrencia bajo sospecha

Las pesquisas mantenidas por la Fiscalía apuntan a una actuación concertada para favorecer a la firma vinculada al entorno familiar del coordinador. Según el escrito de acusación, el funcionario no se abstuvo de participar en los trámites a pesar de los vínculos consanguíneos, interviniendo tanto en la elaboración de la documentación técnica como en la supervisión de las prestaciones y horas facturadas por la empresa de su hijo.

El Ministerio Público sostiene también que la concurrencia de varias sociedades invitadas a licitar presentaba conexiones entre sí, lo que habría comprometido la competencia efectiva en el concurso público. Aunque la facturación global de la mercantil ascendió a 104.045,48 euros entre 2014 y 2018, la acusación cifra en 4.931,75 euros más intereses la cantidad reclamada como indemnización al Consistorio crevillentino, importe equivalente al beneficio industrial obtenido de forma presuntamente irregular.

Solicitudes de pena y origen de la causa

Frente a estas prácticas, la Fiscalía atribuye a los procesados presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa en concurso con fraude, así como negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Las peticiones punitivas más elevadas recaen sobre el coordinador deportivo, para quien se reclaman cinco años de prisión y 14 de inhabilitación, mientras que para el administrador de la mercantil se solicitan tres años y ocho meses de cárcel y tres años y medio de inhabilitación para contratar con el sector público.

Para los exediles del PP Pedro García y Manuel Moya, la acusación demanda tres años y tres meses de prisión y 12 años y medio de inhabilitación, exigiendo además que los cuatro acusados respondan de forma solidaria por el perjuicio económico causado a las arcas municipales.

Esta vista oral da continuidad a una macroinvestigación dimanante de una denuncia presentada en 2017 por el grupo municipal Compromís, entonces encabezado por el exalcalde José Manuel Penalva, que derivó en la fragmentación de la instrucción en varias piezas relativas a la gestión del deporte local.