El fiscal califica de «tropelía y salvajada» el daño del 'caso Bar España' y pide penas de prisión e indemnizaciones millonarias

El fiscal del juicio por el bulo del 'caso Bar España' de la Sección Penal del Tribunal de instancia de Castellón ha asegurado este viernes en su informe que el «irreparable» daño que se ha hecho a las víctimas, que, en su opinión, supone «una tropelía y una salvajada», merece una condena penal «contundente y enérgica».

Según ha explicado, se trata del primer juicio por difusión masiva y mantenida durante más de 20 años de noticias en Internet y en redes sociales que ha alcanzado dimensiones «colosales» y sus efectos serán «indefinidos» y no acabarán con la sentencia. «Las víctimas han sufrido un linchamiento público despiadado, permanente e injusto que ha destrozado su reputación profesional y personal y ha afectado a sus relaciones sociales», ha añadido.

El representante del Ministerio Público ha modificado las conclusiones provisionales, de tal forma que ha suprimido las referencias a los cinco acusados fallecidos y de los que se ha declarado extinguida su responsabilidad criminal; y ha informado de la unificación en un solo escrito de las tres acusaciones que se formularon por separado.

Transmisión indefinida

Asimismo, ha añadido en los hechos del escrito de acusación que la transmisión de las falsas imputaciones en la forma en que los acusados las han ejecutado a través de Internet «ha impedido detener su propagación, que trasciende el ámbito nacional, y siguen reproduciéndose en estos momentos con carácter indefinido».

El fiscal, entre las modificaciones de las conclusiones, ha introducido la continuidad delictiva en los delitos contra la integridad moral, así como la calificación por concurso medial entre las calumnias e injurias y la integridad moral en un nuevo apartado.

Petición de penas

De esta forma, para cinco de los acusados solicita 4 años de prisión por cada uno de los 9 delitos continuados contra la integridad moral en concurso medial con 5 delitos continuados de calumnias e injurias con publicidad contra autoridad y funcionario público y 4 delitos continuados de calumnias e injurias con publicidad contra particular, mientras que para el sexto acusado rebaja a 1 año y 8 meses de prisión la petición de pena por cada uno de estos delitos.

Del mismo modo, para uno de los acusados pide además ocho años de cárcel por cuatro delitos de calumnias contra autoridad y funcionario público.

Respecto a la responsabilidad civil, el fiscal pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente, por el perjuicio moral causado, con 400.000 euros a cada uno de los perjudicados. Así mismo, solicita que se declare la responsabilidad civil de forma solidaria del editor del periódico Aquí Actualidad.

Origen de la campaña

El representante del Ministerio Público, en su informe, se ha remontado a 1997 cuando, según ha relatado, la persona que él sitúa como el iniciador del bulo, ya fallecida, denunció abusos sexuales sobre sus dos hijas menores supuestamente cometidos por el compañero sentimental de su exmujer. El fiscal ha recordado que la causa fue archivada.

A partir de ahí, según sostiene el fiscal, esta persona comenzó una campaña contra, entre otros, la magistrada Sofía Díaz para desprestigiarles, diciendo que intervenían en orgías con menores en el Bar España, y contactó con menores a los que convenció para que dijeran que habían sido víctimas.

Ha recordado que esas denuncias se investigaron por parte de la Guardia Civil y se exploró a los menores, los cuales luego negaron la veracidad de los hechos y el fiscal pidió el sobreseimiento. Asimismo, ha señalado que el que él considera iniciador del bulo fue condenado por denuncia falsa, aunque éste reactivó su campaña de difamación, a la que se sumaron los acusados.

Abundante prueba

Para el fiscal, existe una abundante prueba de cargo que ha versado sobre la autoría de los acusados y sobre «la finalidad de ocasionar un verdadero daño a las víctimas y de menoscabar los derechos inherentes a su personalidad».

Entre los testimonios, el representante del Ministerio Fiscal ha destacado el de la magistrada Sofía Díaz que -según ha señalado- dijo haber necesitado tratamiento médico-psiquiátrico, además de haber tenido graves repercusiones en el ámbito familiar y profesional.

«Reiteró que su huella digital había quedado marcada para siempre», ha añadido el fiscal, quien ha recordado que también las otras víctimas declararon cómo les había afectado este asunto y el padecimiento sufrido.

El fiscal continuará desarrollando su informe el próximo 5 de noviembre, mientras que también se ha habilitado el 6 de noviembre para que todas las partes terminen de presentar el suyo.