La Fiscalía pide tres años de cárcel para un exalcalde socialista acusado de prevaricación

La Audiencia Provincial de Alicante acoge desde este martes en Elche el juicio contra el exalcalde socialista de Benijófar José Luis González Sánchez para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de prisión y doce años de inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación.

Junto al exregidor se sientan en el banquillo la entonces secretaria municipal y el representante de la promotora urbanística, en una vista oral que llega con casi 22 años de retraso respecto a la aprobación del plan investigado y dos décadas desde que se iniciaran las diligencias judiciales en el juzgado de Torrevieja.

El procedimiento se centra en el Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución 2 (UE-2) de Benijófar, un sector de unos 20.000 metros cuadrados cuya urbanización fue adjudicada a la mercantil Acuario Properties. La operación se puso en marcha a finales de verano de 2001, sobrepasando ya el cuarto de siglo desde sus primeros trámites administrativos.

Convenio firmado antes de la luz verde del pleno

El núcleo de la acusación fiscal se fundamenta en la cronología de la aprobación del proyecto urbanístico. El 23 de diciembre de 2004, el entonces alcalde, la secretaria municipal y el promotor firmaron el convenio urbanístico que daba oficialmente por adjudicada la actuación a la mercantil.

Sin embargo, el pleno del Ayuntamiento que debía someter a votación y adoptar formalmente dicha decisión no se celebró hasta cinco días más tarde, el 28 de diciembre.

Para el Ministerio Público, esta antelación en la rúbrica no es un simple defecto de forma, sino un delito de falsedad en documento oficial. La Fiscalía sostiene que los firmantes plasmaron su rúbrica con pleno conocimiento de causa y con el propósito deliberado de beneficiar los intereses económicos particulares de la trama en detrimento de terceros.

Negocio familiar y opacidad patrimonial

El foco principal de la causa recae sobre la implicación directa del propio regidor en el ámbito de actuación. La familia de González era propietaria de unos 4.000 metros cuadrados incluidos en el sector y, ya en 2001, había suscrito un contrato de compraventa del 75 % de esos terrenos con la empresa que posteriormente resultaría adjudicataria, compartiendo la titularidad de las parcelas al ser inviable su segregación en aquel momento.

Según la acusación, el exalcalde era perfectamente consciente de que sus terrenos formaban parte del programa urbanístico, pero omitió actualizar su declaración de bienes para reflejar la operación.

Asimismo, la Fiscalía le reprocha haber participado y votado en el procedimiento a pesar de estar legalmente obligado a abstenerse por conflicto de intereses evidentes, una circunstancia que tampoco frenó la exsecretaria municipal a la hora de tramitar el expediente sin advertir la incompatibilidad.

El pulso con los propietarios

El desarrollo urbanístico generó profundas brechas y malestar entre el resto de los propietarios de la zona. Mientras que la familia del regidor quedó exenta de abonar las cargas de urbanización en efectivo gracias al acuerdo previo suscrito con la promotora, el resto de los afectados se vio obligado a afrontar los pagos en metálico.

Las tensiones estallaron en abril de 2005, cuando varios vecinos intentaron depositar un aval bancario para formalizar su modalidad de pago. La mercantil lo rechazó alegando extemporaneidad y, lejos de mediar, el propio alcalde requirió a los propietarios que retirasen la garantía para entregarla directamente a la empresa urbanizadora, modificando meses después la reparcelación para hacer constar que el aval jamás se había presentado.

Este trato discriminatorio y las consiguientes discrepancias administrativas desembocaron en la denuncia penal que dio origen al procedimiento. Aunque los afectados acabaron renunciando a la acción penal en febrero de 2007 tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con el exregidor, el Ministerio Fiscal decidió mantener la acusación pública ante la gravedad de los hechos detectados.

Peticiones de condena y coartada

En el banquillo, la fiscalía mantiene su dureza y reclama para José Luis González tres años de prisión por el delito de falsedad documental, sumando nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación y otros tres años adicionales por la falsedad, además de una multa de veinticuatro meses con cuota diaria de diez euros.

Por su parte, en sus declaraciones prestadas durante la fase de instrucción judicial, el exprimer edil intentó eludir su responsabilidad penal escudándose en que los terrenos familiares pertenecían a su patrimonio desde hacía veinte años.

Asimismo, culpó a la fedataria pública al asegurar que esta nunca le indicó la obligación de abstenerse en las votaciones plenarias, y confió en que el pacto económico alcanzado con los vecinos enterraría definitivamente el procedimiento, un pronóstico que la apertura de este juicio oral ha desmontado por completo.

Cabe recordar que González, quien ya no concurrió a las elecciones de 2007, fue apartado en su día de la militancia del PSOE, aunque por motivos políticos internos tras desafiar a la dirección provincial en 2003 al encabezar una candidatura alternativa a la diputación comarcal al margen de las directrices de su partido.