La acampada de Valencia llega a su fin: «Nos vamos porque el Gobierno nos ha amenazado con tirarnos por la fuerza»

«Después de la manifestación por la huelga general, recibimos una llamada de Delegación del Gobierno. Nos decían que o desmontábamos este jueves o nos desalojarían a la fuerza». La acampada por la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de Valencia recoge sus tiendas y enseres y deja de existir en pleno corazón de la ciudad «bajo amenaza de violencia policial».

Así lo ha confirmado su portavoz, Remi Piqueras, quien ante los medios de comunicación ha relatado como el primer aviso llegó «después de la manifestación de la huelga general». Según su versión, tras la protesta el colectivo recibió «una llamada en la que se nos indicaba que teníamos que desalojar este jueves», a lo que ha añadido que «a primera hora de la mañana nos han vuelto a llamar (de Delegación del Gobierno) para decirnos que o desmontábamos todo o seríamos desalojados por la Policía Nacional».

Piqueras ha atendido a los medios de comunicación mientras sus compañeros llevaban a cabo un desmontaje sosegado, sin ninguna prisa, con el único inconveniente del fuerte viento que sopla este jueves en la ciudad de Valencia.

La portavoz de la protesta ha reconocido, incluso, «no poder contar» las razones esgrimidas por Delegación del Gobierno para tener que decir adiós a la plaza del Ayuntamiento este mismo jueves. Ni un día más.

Ya en las últimas fechas hasta la Delegación del Gobierno había coincidido con el Ayuntamiento de Valencia en señalar que la acampada no debía mantenerse mucho más tiempo, situando la preparación de la campaña de Navidad en el horizonte. Pero ni el estamento nacional ni los acampados han detallado los motivos exactos para que la protesta acabe sí o sí este jueves, 12 de noviembre.

Llama poderosamente la atención el cambio de criterio de Delegación del Gobierno. Al inicio de la protesta la titular era Pilar Bernabé, quien sostenía que toda la responsabilidad era de su rival política María José Catalá. Como si la futura candidata socialista a la Alcaldía de Valencia mirara hacia otro lado con un tema que se ajusta, plenamente, a una protesta no notificada de forma oficial.

En las últimas semanas la clave la dio María José Catalá con algo tan básico como la propia gestión municipal: «Llevan un mes y han tenido el tiempo suficiente para ejercer su derecho. Están ocupando un espacio por el que el Ayuntamiento cobra una tasa por ocupación de la vía pública».

Con el paso del tiempo, ya en los últimos días de Pilar Bernabé la postura del Gobierno fue aproximándose hacia la de Catalá, en un notable ejercicio de querer compartir posicionamiento sin otorgar la razón al contrincante político.

Con la llegada de Roger Llanes a la Delegación del Gobierno, el estamento estatal se ha desmarcado casi por completo de la presencia de la protesta en la plaza del Ayuntamiento, llegando hasta el punto de unificar el mensaje de que la acampada no podía eternizarse mucho tiempo más.

Remi Piqueras ha sostenido, mientras desmontan la acampada, que se van «bajo amenaza de violencia policial» y ha relatado hasta dos llamadas de Delegación del Gobierno para indicar que se fueran pacíficamente o que serían desalojados «a la fuerza». 41 días después, el Gobierno ha vuelto a reconocer una competencia que ha negado durante todo este tiempo: la responsabilidad de disipar una protesta no autorizada.