Condenado a cuatro años de prisión un histórico dirigente LGTBI de Alicante por agredir sexualmente a un inmigrante senegalés

La Justicia ha impuesto una pena de cuatro años de cárcel a uno de los principales representantes del movimiento asociativo LGTBI de la ciudad de Alicante. La condena, dada a conocer este jueves, castiga la agresión sexual cometida por el líder y trabajador social contra un inmigrante senegalés que se encontraba en una situación de especial fragilidad al haber solicitado protección internacional por su orientación sexual.

Los hechos se remontan al festivo del 6 de diciembre de 2022. Según da por probado la resolución judicial, el dirigente citó a la víctima en su propio domicilio particular bajo la excusa de proporcionarle calzado, ropa y, supuestamente, realizarle un chequeo médico.

Una vez en la vivienda, el acusado le instó a desnudarse con la justificación de que se probara las prendas y le pidió que se tumbara en una camilla para la presunta exploración sanitaria. Fue en ese momento de indefensión cuando perpetró el ataque sexual.

El fallo subraya que la actitud del procesado evidencia un «aprovechamiento patente de su situación de poder frente a una persona vulnerable», atentando de forma directa contra su libertad e integridad sexual.

Además de la pena privativa de libertad, el dictamen fija una indemnización de 5.000 euros a favor de la víctima. La defensa del condenado dispone ahora de un plazo de diez días para interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Rechazo de las asociaciones

La resolución ha sacudido al tejido asociativo de la ciudad, provocando una rápida reacción. La entidad Diversitat, a través de su presidente Juan David Santiago, ha emitido un comunicado para desvincular este comportamiento del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, recalcando que se ha juzgado un acto puramente individual.

En el texto, Santiago insiste en que la ayuda o el acompañamiento jamás deben ser herramientas de abuso de poder, recordando que «la vulnerabilidad de una persona nunca puede convertirse en una oportunidad para obtener ningún tipo de beneficio personal».

En la misma línea, la asociación Dimove ha elevado el tono este viernes exigiendo a las administraciones públicas que paralicen cualquier tipo de colaboración institucional con la entidad que preside el condenado hasta que se produzca su relevo en la dirección.

En su escrito demandan su dimisión inmediata, argumentando que la gravedad de la sentencia obliga a asumir responsabilidades al margen de los posibles recursos legales. Por el contrario, otras organizaciones vinculadas a la celebración del Orgullo local han optado por rechazar hacer declaraciones.

Esta no es la primera vez que el activista se enfrenta a la acción de la Justicia ni a la controversia pública. En 2018, la Audiencia Provincial de Alicante le impuso una multa de más de 3.200 euros por posesión de material pornográfico en el que se habían utilizado menores, rechazando su excusa de que las imágenes se habían volcado en su ordenador sin su conocimiento.

Previamente, enfrentó dos procesos por supuestos abusos a un menor saharaui al que tenía en acogida, casos de los que quedó exculpado -en el primero por un defecto procesal que vulneró su derecho a la defensa y en el segundo absuelto de los cargos-.

Su trayectoria reciente también estuvo marcada por la polémica tras promover un cuestionado «casting» de jóvenes africanos para una carroza en 2025, una iniciativa que tuvo que retirar ante las quejas del propio colectivo.