Detenidos tres responsables de una constructora en Valencia por explotar a inmigrantes sin papeles

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres responsables de una empresa constructora, dos hombres y la mujer de uno de ellos, como presuntos autores de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación ha destapado un sistema de contratación irregular mediante el que la mercantil utilizaba los datos de empleados con autorización para trabajar en España para encubrir la identidad de, al menos, 83 trabajadores extranjeros en situación irregular.

Según ha informado la Policía Nacional, las personas afectadas trabajaban en condiciones de precariedad, cobraban en negro y carecían de los derechos laborales reconocidos al resto de la plantilla.

Los responsables de la empresa se habrían aprovechado de su situación de vulnerabilidad para mantener esta operativa y evitar que se detectara la contratación irregular.

La investigación comenzó en agosto del pasado año, después de que un ciudadano extranjero en situación irregular denunciara en la Comisaría de Distrito de Abastos que había trabajado para una empresa de construcción sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Según su testimonio, percibía 6,50 euros por hora y cobraba en efectivo, pese a que la empresa conocía que no disponía de permiso de trabajo.

La mercantil investigada se dedicaba a proporcionar mano de obra a otras compañías para la ejecución de obras de construcción. Las primeras pesquisas permitieron detectar que los trabajadores sin autorización utilizaban perfiles e identidades de otros empleados que sí tenían sus papeles en regla.

Suplantación de identidad

La investigación de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, contó con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Las actuaciones permitieron descubrir que la empresa contrataba a personas con autorización para trabajar en España y después facilitaba su documentación a trabajadores extranjeros que carecían del correspondiente permiso de residencia y trabajo.

De esta manera, estos últimos podían desempeñar sus funciones en distintas obras utilizando la identidad de empleados que sí estaban dados de alta en la Seguridad Social.

La documentación de los trabajadores legales se entregaba a las empresas contratistas, que de este modo recibían los datos de personas formalmente autorizadas para trabajar, aunque quienes acudían realmente a los centros de trabajo eran otras personas.

Esta suplantación permitía ocultar la situación administrativa de los empleados y eludir los controles de las compañías para las que se ejecutaban las obras.

Los investigadores también constataron que los responsables de la constructora se aprovechaban de la precariedad de las víctimas para imponerles condiciones laborales abusivas. Al encontrarse en situación irregular, los trabajadores tenían dificultades para denunciar los hechos por miedo a perder su empleo o sufrir represalias.

Al menos 83 afectados

La operativa no constituía un hecho aislado, sino que se habría repetido en distintos centros de trabajo y con numerosos empleados. Según el informe de la autoridad inspectora, el sistema habría afectado a un mínimo de 83 trabajadores y se habría mantenido, al menos, desde enero de 2024.

Los agentes lograron contactar telefónicamente con varios empleados durante la investigación, aunque la mayoría mostró reticencias a denunciar por temor a quedarse sin trabajo y a posibles represalias. Una circunstancia que, según la Policía, dificultó la obtención de testimonios de las personas perjudicadas.

La operación ha concluido, por el momento, con la detención de los dos propietarios de la empresa y de la mujer de uno de ellos. Los tres están investigados como presuntos autores de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.