El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una imagen de archivo
La política de vivienda pública de Mazón constata la inacción de Puig y las falsas promesas de Sánchez
El presidente de la Generalitat se ha comprometido a construir 10.000 VPO asequibles durante esta legislatura
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha comprometido a poner a disposición de la ciudadanía 10.000 viviendas de protección oficial (VPO) y asequibles durante esta legislatura en la Comunidad Valenciana. La falta de VPO durante la gestión de Ximo Puig así como la ausencia de proyectos se suman a las promesas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vertió durante la campaña electoral del pasado 28 de mayo y que ahora han quedado en el olvido.
Tal como ha manifestado Mazón durante una visita al municipio alicantino de San Vicente del Raspeig, la vivienda pública constituye una prioridad para el actual Consell, por lo que ha dejado de ser «una política económica» para convertirse en «un derecho social», y ha insistido en que «esta tiene que ser la legislatura de la vivienda pública». Asimismo, la Generalitat está actualizando su política de vivienda y ha aprobado una reforma fiscal que incluye la rebaja del 25 % del impuesto de la vivienda para los jóvenes menores de 35 años y otros colectivos vulnerables.
Asimismo, el Ejecutivo regional tiene previsto, a medio plazo, impulsar una nueva ley de vivienda autonómica que, además de conciliar los intereses sociales y sectoriales, aglutine en un único texto toda la legislación vigente para dotar de mayor seguridad jurídica a los promotores.
En este sentido, ha ofrecido colaboración a todos los consistorios de la Comunidad Valenciana para movilizar suelo público y ponerlo a disposición con el fin de «desarrollarlo conjuntamente», además de que «ya se ha abierto un marco de diálogo con ayuntamientos para incrementar el parque público de vivienda para compra o alquiler asequible».
«Totalmente inasumible»
Precisamente la visita a esta localidad alicantina ha tenido como principal objetivo perfilar diversos proyectos conjuntos, como la construcción de 50 nuevas viviendas protegidas, 32 de las cuales se encuentran en la calle de la Huerta (ya en obras) y las restantes en la de San Francisco, en fase de licitación. Del mismo modo, recuerda que son las primeras edificaciones que se ponen en marcha «tras ocho años en los que ha habido cero viviendas públicas de la Generalitat para los ciudadanos», algo que definió como «totalmente intolerable».
Mientras se estrechan estos lazos entre administraciones, se está procediendo a revisar las normativas que necesitan una modificación. El primer paso fue en octubre, cuando se paralizó el decreto aprobado por el anterior Gobierno del tripartito el 26 de mayo, solo dos días antes de las elecciones autonómicas, en el que se fijaban las normas de diseño y calidad en la construcción. Ahora lo que se busca el actual Ejecutivo es retocarlo para ajustarlo a la realidad.
También se está trabajando en la revisión de otros dos decretos, según han explicado fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Uno de ellos es el reglamento que regula las VPO. Al respecto, entre las medidas que están encima de la mesa está la referida a que las rentas medias, que en la actualidad tienen serias dificultades para comprar un piso de renta libre, puedan acceder también a las viviendas protegidas; mientras que el otro decreto que se encuentra en fase de revisión es el de tanteo y retracto, que permite a la Generalitat ejercer el derecho de la venta de viviendas protegidas.
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