Imagen de la canalización del trasvase Tajo-Segura
Los regantes acusan al Gobierno de ralentizar las obras del Tajo-Segura por su «animadversión» y temen perder 100 hectómetros cúbicos
El SCRATS denuncia que un mes después de la rotura del canal en Liétor apenas hay avances y sospecha que la demora puede impedir la llegada del agua ya comprometida para el sureste
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de perjudicar los intereses hídricos del sureste por la gestión de las obras de reparación del trasvase. «Lo han vuelto a hacer», ha denunciado, tras difundir imágenes que, según la organización, evidencian que los trabajos en el canal a la altura de Liétor (Albacete) apenas han avanzado desde que se produjo la avería el pasado 15 de septiembre.
Los regantes sospechan que la prolongación de las obras puede impedir la llegada de agua pendiente de trasvasar y favorecer, en cambio, los intereses de Castilla-La Mancha. Jiménez sostiene que el ritmo de los trabajos resulta insuficiente para garantizar el envío de los recursos disponibles dentro de los plazos previstos y acusa a las administraciones responsables de no dar a esta infraestructura la prioridad que necesita.
La denuncia se apoya en una comparativa de fotografías tomadas durante la segunda quincena de septiembre y otras recientes. El SCRATS asegura que las imágenes muestran un avance prácticamente inexistente en la reparación del tramo dañado y afirma que las actuaciones se han limitado fundamentalmente a demoler los paños afectados, sin progresos sustanciales en la reconstrucción del canal.
La demora preocupa especialmente a los regantes por el volumen de agua que todavía esperan recibir. Jiménez advierte de que el retraso puede dejar sin transferir 100 hectómetros cúbicos, de los que 75 se destinarían al regadío y 25 al abastecimiento humano, procedentes del ahorro acumulado en las cuencas cedentes.
Según el presidente del SCRATS, esos recursos podrían terminar retenidos en los embalses de Entrepeñas y Buendía si las reparaciones impiden completar los envíos.
Un calendario que indigna a los regantes
El Ministerio para la Transición Ecológica ha declarado de emergencia la reparación de los tramos dañados y maneja un plazo de ejecución de seis meses. Los regantes consideran excesivo ese horizonte y reclaman acelerar las obras para evitar que el agua pendiente quede fuera del calendario de trasvases.
Jiménez cuestiona también la diferencia entre los plazos previstos para reparar los dos puntos afectados en Castilla-La Mancha. El presidente del SCRATS sostiene que la recuperación de la conducción vinculada a La Bujeda, relacionada con el suministro a la Llanura Manchega, cuenta con una previsión más corta que la del tramo de Liétor, que condiciona la llegada de recursos a la cuenca del Segura.
El dirigente agrario acusa al Gobierno y a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Tajo de mostrar una «animadversión» hacia el acueducto Tajo-Segura, al que considera esencial para la agricultura y la economía del sureste.
Las sospechas sitúan el foco en la gestión y los plazos de las obras. La organización reclama explicaciones y garantías de que los recursos pendientes podrán llegar a sus destinos.
«3.050 millones de mentiras»
Las críticas de Jiménez van más allá de la avería del canal. El presidente del SCRATS vuelve a cuestionar la política de reducción de las transferencias aprobada en 2023 y rechaza el incremento previsto de los caudales ecológicos del Tajo, que reducirá el agua disponible para el trasvase.
Tramo II del Canal Tajo-Segura
A su juicio, esos cambios responden a decisiones políticas que perjudican al sureste sin aportar beneficios suficientes a la recuperación del río ni a los intereses de Castilla-La Mancha. El dirigente considera que las restricciones amenazan la continuidad de las explotaciones agrarias y aumentan la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua para los próximos años.
Jiménez también carga contra los 3.050 millones de euros anunciados por el Gobierno para financiar actuaciones destinadas a compensar los efectos de los recortes.
El presidente de los regantes sostiene que las inversiones comprometidas no se han materializado como esperaba el sector y resume su crítica con una frase contundente: «3.050 millones de mentiras».
El SCRATS reclama que esos compromisos se traduzcan en actuaciones efectivas para garantizar alternativas de suministro y reducir el impacto económico de las restricciones. Mientras tanto, la avería de Liétor añade un nuevo problema a un sector que considera que pierde recursos hídricos por las decisiones políticas y por la incertidumbre sobre la reparación de las infraestructuras.
Protesta del campo en Madrid
Ante este escenario, Jiménez ha respaldado la movilización convocada por COAG, Asaja y Unión de Uniones para el próximo 28 de octubre en Madrid. El presidente del SCRATS pide la participación de las comunidades de regantes del trasvase, las entidades de las Vegas del Segura y las empresas agrícolas, ganaderas e industriales vinculadas al sector primario.
A la izquierda, José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, a la izquierda, Lucas Jiménez, presidente de Scrats
El sindicato anima a las organizaciones a preparar asambleas informativas y a movilizar los recursos humanos y materiales necesarios para conseguir una asistencia numerosa. En esta línea, reclama a los representantes políticos e institucionales de las regiones afectadas una defensa más firme del agua, que considera un recurso imprescindible para mantener la actividad productiva y el empleo.
COAG en la Región de Murcia se ha sumado al llamamiento y ha instado a agricultores y ganaderos de toda la comunidad a participar en la protesta. La organización pretende trasladar a las administraciones el malestar del sector por la acumulación de problemas que comprometen la rentabilidad de las explotaciones.
Entre sus principales reivindicaciones figura un plan de choque contra el encarecimiento de los costes de producción, con medidas para aliviar el precio del gasóleo profesional agrario, la energía, los fertilizantes y otros insumos. COAG reclama asimismo una Política Agraria Común con financiación suficiente, precios justos para los productores, medidas contra la competencia desleal de las importaciones de terceros países y una reducción de las cargas burocráticas.
La organización sitúa también el agua entre sus prioridades y exige un Plan Hidrológico Nacional que garantice una gestión equilibrada de los recursos disponibles. En la Región de Murcia, defiende el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura sin nuevos recortes por su importancia para la agricultura y la economía regional.
Para facilitar los desplazamientos a Madrid, COAG Murcia habilitará autobuses cuyos puntos de salida, horarios y condiciones de inscripción podrán consultarse en las oficinas de la organización.
La evolución de las reparaciones en Liétor y la capacidad de las administraciones para garantizar los envíos pendientes marcarán las próximas semanas. Los regantes advierten de que el sureste no puede permitirse perder otros 100 hectómetros cúbicos mientras espera una solución a la avería y reclama que el Gobierno acelere los trabajos y cumpla los compromisos hídricos con el sector.
