Eurofighter, helicóptero NH-90 y avión de patrulla marítima C-295
Armada española Eurofighter, helicópteros NH-90 y un radar para reforzar Canarias mientras Marruecos exige delimitar las aguas territoriales
El Mando Aéreo de Canarias (MACAN) ha informado de la futura incorporación a la base aérea de Gando de aviones de combate Eurofighter, así como de aviones de patrulla C-295 y helicópteros NH-90 para mejorar la defensa en el Archipiélago. En el caso de los Eurofighter, el Consejo de Ministros dio luz verde en 2022 a la adquisición de 20 cazas que sustituirán a los actuales F-18 que operan en Canarias, y que se encuentran ya al final de su vida operativa. Fue en junio de 2022 cuando tuvo lugar la firma del contrato por parte del Ministerio de Defensa y Airbus, un contrato que supera los 2.043 de millones de euros e incluye las aeronave, los motores, un simulador y los servicios de apoyo necesarios. Esta operación tiene lugar en el marco del denominado «Programa Halcón». En cuanto al radar, será destinado al Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) nº 22 de Lanzarote a partir de 2027.
Entrenamiento de Eurofighter y F-18 en Canarias
Hay que resaltar se acaba de producir un relevante cambio en el organigrama militar de la zona, ya que que el general de brigada Juan Antonio Ballesta Miñarro tomó posesión el pasado día 2 de abril como nuevo general segundo jefe del Mando Aéreo de Canarias, jefe del Sector Aéreo de Las Palmas y jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Canarias en un acto que se celebró en el Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas, presidido por el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández.
Fue precisamente con motivo de este nombramiento cuando se hizo hincapié en el reforzamiento defensivo del Archipiélago, en un momento en el que las maniobras militares de Marruecos en aguas próximas a Canarias han causado cierta tensión política por la desinformación sobre su naturaleza.
En cualquier caso, la delimitación de las aguas territoriales es un asunto particularmente delicado. Marruecos aprobó en 2020 dos leyes por las que procedía a delimitar su mar territorial hasta 12 millas náuticas y la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas, así como su plataforma continental, «hasta el borde exterior del margen continental o hasta 200 millas».
Como informó El Debate, ambos textos chocaban con la delimitación de las aguas jurisdiccionales españolas en Canarias, si bien hasta el momento dichas leyes no han sido aplicadas. El Gobierno de Sánchez decidió no plantar cara y aseguró que los dos países querían resolver la cuestión de mutuo acuerdo y conforme a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Efectivamente, sin un pacto entre ambos países, no existe un reconocimiento efectivo del territorio marino que le corresponde a cada parte. Pero Sánchez ya ha movido pieza con la reactivación del grupo de trabajo, creado en 2001 y que no se había reunido en quince años. Este fue uno de los compromisos incluidos en la declaración conjunta del pasado 7 de abril tras la reunión en Rabat de Sánchez y Mohamed VI.
Avión español de patrulla marítima C-295
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El asunto más espinoso es si en esta delimitación se incluyen las aguas del Sáhara Occidental, que la ONU considera que es un territorio no autónomo y que Marruecos insiste en reclamar como propio. Ninguno de los dos gobiernos ha aclarado los términos en los que se está llevando a cabo la negociación al respecto, ni tampoco han trascendido cuántas reuniones se han producido.
Las aguas frente al Sáhara han vuelto a estar de actualidad recientemente después de que el pasado 21 de marzo la Abogada General de la UE propusiera al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que se anule el acuerdo de asociación para la pesca sostenible con Marruecos porque considera que vulnera el principio de autodeterminación de la antigua colonia española al no tratar este territorio como «separado y distinto» del reino alauí.
Uno de los nuevos NH-90 del Ala 48
Con ello, respaldó la sentencia del Tribunal General que en 2021 anuló la decisión del Consejo de aprobar el acuerdo con Marruecos y su protocolo, aunque preservó sus efectos hasta que el TJUE se pronuncie sobre los recursos que el tanto el Consejo como la Comisión han interpuesto contra dicha sentencia.
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