¿Debe volver a España el Servicio Militar Obligatorio? (II) Pan para los patos

Hace algunas semanas publicó El Debate un artículo en el que me atreví a analizar someramente los modelos de Servicio Militar Obligatorio de diversos países para tratar de dar respuesta a una interrogante que también traté hace algún tiempo en las páginas de este diario digital: ¿quién —además, claro está, de los militares profesionales— debe defender a España?

Si nos atenemos a nuestro ordenamiento jurídico, la cosa está bastante clara. No parece casualidad que el primero de los apartados del primero de los artículos de la sección que nuestra Constitución dedica a los derechos y deberes de los ciudadanos —eran otros tiempos y, en general, mejores políticos los que la redactaron— sea el que dice que «los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Sin embargo, el Estado —y de eso no cabe echarle la culpa solo a este Gobierno— apenas ha velado por ese derecho ni, mucho menos, establecido las condiciones necesarias para que el hipotético cumplimiento de ese deber no se convierta en el sacrificio estéril de unos pocos ciudadanos ingenuos, valerosos o ambas cosas a la vez… pero insuficientemente preparados para los rigores de la guerra.

Un mundo cambiante

¿Por qué merece la pena traer este asunto a la consideración del ocupado lector? Está el hecho innegable de que, para no estorbar en casa, uno tiene que entretener su jubilación. Una necesidad que, además, se acentúa cuando los patos a los que hace décadas solíamos echar pan —pido disculpas anticipadas por el comentario nostálgico, pero no es la «mili» lo único que ha cambiado en nuestro país en las últimas décadas—ahora desdeñan ese alimento porque prefieren las chucherías que les dan algunos niños. Sin embargo, creo que la mayoría de los lectores de El Debate son conscientes de que detrás de esta cuestión —y me refiero al deber de defender a España, no a los caprichos de los patos— hay algo más que el aburrimiento de un puñado de militares retirados.

Centremos, pues, el tiro. ¿Por qué ahora? Para empezar, porque cada día es más obvio que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que cumplirá en noviembre 20 años, se ha quedado anclada en el pasado. Es verdad que, con el Congreso tal como está, casi es mejor que los diputados se dediquen a echar pan a los patos. Cualquier enmienda podría dejarnos peor de lo que estamos. Sin embargo, algunas de las premisas de nuestra ley están claramente desfasadas. Como botón de muestra, en el preámbulo se puede leer que «el escenario estratégico ha visto desaparecer la política de bloques que protagonizó la guerra fría y emerger la globalización y un nuevo marco en las relaciones internacionales». No culpemos a nadie, porque era difícil anticipar la deriva autoritaria de Vladimir Putin y su asociación con la china de Xi Jinping… y mucho más con la Corea de Kim Jong-un. Sin embargo, los sueños incumplidos son malos cimientos para el edificio de nuestra defensa. Y la cosa empeora si se construye con ladrillos caducados como el que asegura que «disminuyen las guerras de tipo convencional».

Recordará el lector ya veterano que, en las felices fechas en las que se promulgó nuestra ley orgánica, la defensa de una España que parecía bien integrada en Occidente —a pesar de aquel tramposo referéndum sobre la OTAN en el que tantos españoles se vieron obligados por razones políticas a votar contra sus convicciones— se daba casi por garantizada. La disuasión parecía funcionar y nuestras Fuerzas Armadas, como herramienta que son de la política exterior de un pueblo que recoge en el preámbulo de su Constitución el deseo de «colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra», desplegaban lejos de nuestras fronteras para participar en operaciones de mantenimiento de la paz, de proyección de estabilidad o de ayuda humanitaria, casi siempre bajo el paraguas de la ONU.

Debo aclarar, por cierto —en defensa propia y de mis compañeros de profesión— que las Fuerzas Armadas nunca hicieron el papel de una ONG, como lamentaba entonces algún sector de nuestra sociedad que cerraba los ojos a las dificultades de muchas de las misiones que se les encomendaron. Al contrario, era precisamente en los lugares en los que las ONG no podían actuar donde nuestras tropas dejaron, con su sudor y en ocasiones con su sangre, la huella que España quiso —y creo que quiere— dejar en el largo camino que todavía debe recorrer la humanidad para encontrar la paz.

Una legislación de Perogrullo

Vaya desde aquí mi reconocimiento a los caídos en todas aquellas misiones, pero hoy es otro asunto el que nos ocupa. A partir de los cimientos impuestos por la ley, no sería equivocado asegurar que nuestras Fuerzas Armadas evolucionaron en los últimos quince años siguiendo una marcada vocación expedicionaria. Y eso imprime carácter. Hasta el presidente Putin, un dictador donde los haya, reconoce que las misiones en el exterior —no importa si se trata del deseo, altruista o interesado, de mantener la paz global; de la cínica explotación de lo que se llamó la diplomacia de cañoneras o de la criminal guerra de conquista que el autócrata ruso libra en Ucrania— son propias de militares profesionales y no de reclutas.

Quizá por esa razón nuestra Ley Orgánica, mero producto de su tiempo, no se esforzó en absoluto por clarificar cómo se materializaría ese deber constitucional de defender a España. Puede que sea cosa mía, pero las pocas frases que la ley dedica a esta cuestión me suenan a hueco: «La incorporación adicional de ciudadanos a la Defensa se apoyará en el principio de contribución gradual y proporcionada a la situación de amenaza que sea necesario afrontar, en la forma que establezca la ley, mediante la incorporación a las Fuerzas Armadas de los reservistas que se consideren necesarios.»

Una vez que tenemos claro que, si la situación lo exige, se incorporarán a las Fuerzas Armadas los reservistas que puedan hacer falta —así legislaría Perogrullo, imagino— nos queda por saber qué es lo que de verdad hay dentro de esa cáscara vacía: quiénes y, sobre todo, en qué condiciones cumplirían los españoles sus mal definidos deberes militares.

Un brindis al sol

Para dar respuesta a estas preguntas está la Ley de la Carrera Militar y, por debajo de ella, el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas. En síntesis, nuestra normativa define tres tipos de reservistas. En primer lugar están los Reservistas Voluntarios, ciudadanos que, a petición propia y después de superar un período de formación, quedan a disposición de las Fuerzas Armadas para prestar servicios cuando sean activados.

Crea el lector que siento admiración por muchos de estos militares a tiempo parcial, de vocación envidiable. Prestan, además, un servicio útil en las unidades de los Ejércitos en las que se integran. Pero su número —2.990 en la última estadística publicada—, su edad media —51 años— y su distribución por empleos —solo 169 son soldados o marineros— sugieren que no son ellos quienes van a protagonizar esa «contribución gradual y proporcionada» de ciudadanos que la Ley prescribe para adaptar las Fuerzas Armadas a una situación de amenaza. La figura del Reservista Voluntario, que desde luego está justificada, obedece más a la obligación de respetar el derecho de los españoles a defender España que a regular el deber constitucional de hacerlo.

En segundo lugar tenemos a los Reservistas de Especial Disponibilidad. Pueden adquirir esta condición, voluntaria y remunerada, los militares profesionales que hayan cumplido al menos dieciocho años de servicios al finalizar sus compromisos de larga duración. Como en el caso anterior, su número —alrededor de 9.000— y su edad media —47 años y aumentando— arrojan luz sobre su verdadero propósito. Más que para resolver los problemas que una hipotética guerra convencional y prolongada plantearía a los Ejércitos, la Reserva de Especial Disponibilidad se crea para dar una compensación económica a quienes se ven forzados a dejar el servicio activo a los 45 años. Es lo menos que el Estado puede hacer por ellos, pero no es lo que España necesita para su defensa.

Por último, el Reglamento prevé la posibilidad de declarar Reservistas Obligatorios a todos los españoles —hombres y mujeres— de edades comprendidas entre los diecinueve y los veinticinco años. La propia condición de obligatoria sugiere que aquí sí se habla, por fin, del deber de defender a España. Por desgracia, como si se tratara de matrioskas rusas, la cáscara vacía de contenido que, en relación con el deber de defender a España, encontramos en la Ley Orgánica esconde otra cáscara vacía en la Ley de la Carrera Militar y todavía otra más en el Reglamento de Reservistas.

¿Qué dice, en definitiva, el reglamento sobre la formación de unos reservistas que, sin contacto previo con el oficio militar, podrían ser llamados a prestar servicio precisamente cuando las cosas se pongan más difíciles? No mucho, la verdad: «Los Jefes de Estado Mayor establecerán los planes de formación para los reservistas obligatorios en función de sus propias necesidades.» Empecemos por lo más fundamental: ¿cuánto tiempo tienen para ello? ¡Quién sabe! Lo único que podemos dar por cierto —y no es que esté mal, pero para ese viaje no hacían falta alforjas— es que «para la asistencia a los períodos de formación que se establezcan, en su caso, a las mujeres reservistas obligatorias les serán de aplicación las medidas de protección de la maternidad.» ¡Solo faltaba!

Todavía más grave que la indefinición en la preparación que se les va a dar —algo que, además de una necesidad de los Ejércitos, debería considerarse un derecho de los propios reservistas— es el asunto de la objeción de conciencia, para el que la Ley de la Carrera Militar no exige más trámite que la declaración del interesado. Ni siquiera, como ocurre con los médicos que rechazan la práctica de la eutanasia, se establece la obligatoriedad de un registro previo de objetores. Queda así confirmado que el deber de los españoles de defender a España no está al mismo nivel que el que obliga a los médicos a atender a sus pacientes. Y eso, cuando se trata de un deber que, además de repugnar a algunas conciencias, impone riesgos reales en el campo de batalla, convierte la legislación sobre la reserva obligatoria en un desganado brindis al sol.

¿Quién va a defender a España?

No sé lo que pensará el lector; pero yo, siempre indulgente conmigo mismo, daría por bueno tan largo preludio si sirviera para ponernos en condiciones de contestar a la gran pregunta: ¿Quién va a defender a España? Con esta ley, quienes quieran hacerlo. Y no parece que sean demasiados. Una reciente encuesta publicada por la Asociación Internacional Gallup muestra que solo un 29 % de los españoles están dispuestos a luchar por su Patria, frente a un 32 % de ciudadanos del conjunto de la UE y un 41 % de los norteamericanos.

Para quienes quieren ver la botella medio llena, ese magro 29 % casi duplica el doloroso 16 % que publicó el CIS en 2014, mucho antes de que la llegada de Tezanos le hiciera perder toda credibilidad. La evolución es positiva —quizá gracias a Putin— y, a juicio de los optimistas, demuestra que cuando se le ven las orejas al lobo, aunque sea de lejos como es nuestro caso, crece el ánimo de la ciudadanía.

Sin embargo, en lo que los líderes prudentes tienen obligación de centrarse es en la botella medio vacía. ¿Qué podríamos hacer para, como mínimo, alcanzar las cifras de nuestros aliados? Si hubiera voluntad, un primer paso podría ser el fomento de una verdadera cultura de defensa en nuestra sociedad. Esa es una de las asignaturas pendientes de todos los gobiernos de nuestra democracia —en ninguno de nuestros documentos estratégicos de las últimas décadas aparece siquiera la palabra «enemigo»—, pero la tarea nunca ha sido tratada con mayor negligencia que en estos últimos meses. Ya no es solo el pueblo el que se queda al margen de los debates sobre la Defensa Nacional. Ahora ni siquiera el Congreso está invitado a participar en las grandes decisiones.

El segundo paso, todavía más difícil, será el de separar la paja del trigo en el complejo asunto de la objeción de conciencia. El registro de objetores —que sin duda sería rechazado con acritud por los mismos que lo exigen para los médicos, en aplicación de la conocida ley del embudo— podría ayudar a poner las cosas en su sitio. Sin embargo, sería insuficiente si no va acompañado de compensaciones para aquellos que sí están dispuestos a cumplir con su deber de defender a España. Aunque resulte obvio que no se debe castigar a los objetores por ejercer un derecho constitucional, al menos debería ser posible retribuir a quienes se declaren disponibles para prestar ese servicio.

Un Servicio Militar Voluntario

Me temo que, después de darle muchas vueltas, hemos llegado al fin al poderoso caballero que tantas cosas resuelve: don dinero. Si una buena parte de la solución del problema de las reservas está en un sueldo —solo de la vocación no se vive— quizá la lógica nos lleve a un mecanismo que puede resolver tanto el problema de la captación de reservistas como el de su formación: el Servicio Militar Voluntario. Nuestra Patria estaría mucho mejor servida si, aprovechando el notable incremento de los presupuestos de Defensa que exigen nuestros aliados, se implantara en España un servicio abierto a quienes lo deseen, no demasiado largo y sometido a las exigencias del mercado laboral. Un servicio que solo sería atractivo si se compensa con un sueldo competitivo y con medidas que faciliten —desde becas de estudios hasta méritos reconocidos para el acceso a puestos de trabajo públicos— una rápida reintegración de los futuros reservistas en la vida civil.

Es verdad que, en un mundo dominado por los prejuicios ideológicos, lo que aquí se sugiere es extremadamente difícil de aplicar. Entre las muchas alternativas que se ofrecen a quienes tienen la responsabilidad de decidir, mirar para otro lado es, seguramente, la más tentadora.

Mientras no demasiado lejos de nuestras fronteras el planeta arde; mientras se desmorona el orden mundial que nació de los desastres de las dos guerras mundiales, nosotros podemos seguir echando pan a los patos. Después de todo, aunque quizá ahora prefieran chucherías, los pobres animales no tienen derecho al voto. Sin embargo, nosotros sí. Sea, pues, el pueblo soberano quien diga la última palabra sobre este asunto…, pero, a poder ser, me gustaría que lo hiciera con conocimiento de causa. Y esa sí que es una responsabilidad de todos. También, aunque resulte incómoda, del Gobierno de España.