Fuerzas Armadas  Expertos analizan el papel de la financiación de la defensa en el desarrollo industrial europeo y español

El salón de actos de la Escuela Naval Militar de Marín ha acogido este jueves la mesa redonda «Ideas para la contribución al desarrollo de la industria de defensa», que ha analizado el papel de la financiación de la defensa como motor del desarrollo industrial y económico en el nuevo contexto geopolítico europeo e internacional, marcado por los profundos cambios registrados entre 2024 y 2025. La mesa moderada por el director de El Debate, Bieito Rubido, ha contado con la participación de destacados expertos, como Antonio Sánchez Soliño, Antonio Fonfría Mesa, Carlos Calvo González-Regueral y José Balibrea Iniesta.

El debate, organizado por la Universidad de Vigo con la Escuela Naval Militar, la Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio y la Vicerrectoría del Campus de Pontevedra, sirvió como espacio de reflexión estratégica sobre el coste de oportunidad del gasto en defensa y la necesidad de revisar los marcos tradicionales de decisión pública ante un entorno de seguridad, industrial y financiero cada vez más exigente.

Giro en la política de seguridad de la UE

Durante la sesión se subrayó que el giro en la política de seguridad de la Unión Europea había quedado reflejado en la aprobación de nuevos instrumentos como SAFE (Security Action for Europe), el impulso del Plan ReArm Europe y la publicación del Libro Blanco de la Defensa Europea. Estas iniciativas ampliaron los recursos disponibles para la defensa, pero, sobre todo, redefinieron la lógica de su financiación, fomentando la inversión conjunta, la agregación de demanda y el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica europea. En el caso español, los ponentes coincidieron en que este nuevo marco europeo se conectaba directamente con la planificación nacional, en particular con el Plan Integral de Tecnologías de la Defensa y la Seguridad (PITSD) y los programas especiales de modernización, lo que abría tanto oportunidades como desafíos en términos de priorización del gasto, retorno industrial y coordinación entre administraciones.

El análisis del contexto geopolítico global ocupó un lugar central en la discusión. Se abordaron episodios recientes de tensión estratégica, como las declaraciones y presiones de Estados Unidos en relación con Groenlandia, que reavivaron el debate sobre la autonomía estratégica europea y la fiabilidad de los equilibrios transatlánticos. Los participantes señalaron que estos acontecimientos habían reforzado la percepción de que la defensa ya no podía entenderse como una política sectorial aislada, sino como un pilar estructural de la seguridad económica, industrial y social de los Estados miembros y de la Unión Europea en su conjunto.

«Tanques versus mantequilla»

Desde esta perspectiva, la mesa replanteó el clásico dilema de «tanques versus mantequilla». El debate giró en torno a si existía realmente una disyuntiva entre el gasto en defensa y el bienestar social, o si, por el contrario, la inversión en seguridad debía considerarse una condición previa para la estabilidad económica, el crecimiento sostenido y la protección del modelo social europeo. Las distintas intervenciones coincidieron en señalar que el gasto en defensa podía actuar como una inversión habilitadora, más allá de su consideración tradicional como un coste presupuestario.

La mesa también incorporó una dimensión analítica al abordar el uso del análisis input-output (I-O) como herramienta para la toma de decisiones públicas. Se explicó su utilidad para evaluar el impacto socioeconómico de los proyectos de inversión, con especial atención a los vinculados a la defensa. A través de un ejemplo aplicado al PITSD, se expusieron los efectos directos, indirectos e inducidos de este tipo de inversiones sobre el empleo, la renta, el tejido productivo y el territorio, destacando el valor de la evidencia empírica para mejorar la calidad de las decisiones presupuestarias en un contexto de recursos limitados y crecientes exigencias estratégicas.

En el turno de ponencias, Antonio Fonfría abrió el debate analizando las tensiones geopolíticas y el cambio de paradigma en la relación transatlántica. Su intervención se centró en la evolución del papel de Estados Unidos y en cómo episodios recientes habían puesto en cuestión los equilibrios tradicionales, con implicaciones directas para la OTAN y la Unión Europea. Fonfría destacó que estas tensiones externas estaban influyendo de forma decisiva en las decisiones de financiación de la defensa y aceleraban las políticas de rearme europeo.

Marco estratégico y financiero

A continuación, Antonio Sánchez Soliñio abordó el marco estratégico y financiero de la defensa como política pública. Situó su análisis en el nuevo ciclo de rearme surgido a partir de 2024-2025 y explicó cómo iniciativas como ReArm Europe, SAFE y el Libro Blanco de la Defensa habían consolidado una visión de la financiación de la defensa como una política estructural y coordinada a escala comunitaria, con implicaciones para la sostenibilidad presupuestaria y la definición de prioridades.

El tercer ponente, Carlos Calvo, centró su intervención en el caso español y en la relación entre defensa e industria. Analizó el PITSD como una herramienta clave no solo para la modernización militar, sino también como una palanca de política industrial, tecnológica y territorial. Calvo destacó el impacto del plan en la planificación de inversiones, el retorno económico-industrial, la participación de pymes y grandes empresas y la generación de capacidades críticas alineadas con los nuevos instrumentos europeos de financiación.

La mesa fue clausurada por José Balibrea, quien profundizó en el impacto socioeconómico de las inversiones en defensa desde una perspectiva aplicada. Balibrea explicó el uso del análisis input-output como apoyo a la toma de decisiones públicas y mostró cómo esta metodología permitía identificar con mayor precisión los efectos de la inversión en defensa sobre el empleo, la renta y la cohesión territorial. Según expuso, este tipo de análisis contribuía a reforzar la coherencia entre política de defensa, política industrial y desarrollo económico y social.