España y Marruecos, nuevos Gobiernos, ¿nueva oportunidad?

Tras las elecciones legislativas el día 23 de septiembre, Mohamed VI nombró a la ganadora, señora Fatima Ezzahra El Mansouri, como jefa del Gobierno. Siguiendo el curso constitucional, se formó el Parlamento marroquí, y el Rey inauguró la nueva legislatura con un discurso en el que España, la UE y la emigración irregular tuvieron un papel relevante. El proceso se cerró el pasado día 16, cuando el Rey presidió la ceremonia de nombramiento de los miembros del nuevo gobierno.

Marruecos ha culminado el relevo y el Gobierno inicia su andadura. Sin embargo, no se han modificado los puestos clave de Exteriores, Interior, Asuntos Islámicos, Justicia y el ministerio delegado para los asuntos de la administración militar. Se mantiene así el núcleo encargado de la política exterior, la seguridad y la soberanía. Nada nuevo: la defensa, la política exterior y los grandes asuntos de Estado permanecen bajo la dirección real, mientras la jefa del Ejecutivo asume principalmente la gestión administrativa. El nuevo Gobierno conserva, por tanto, la dualidad tradicional del sistema marroquí.

La Sra. El Mansouri supone una renovación política y es imagen de modernidad. Fouzi Lekjaa, nuevo ministro de Economía y Finanzas jugará un papel esencial en el Mundial de 2030. En el plano económico, Ryad Mezzour hará frente a una política en la que España ocupa un papel protagonista.

Como dato de posible interés político, solo cinco de los 32 miembros del nuevo Ejecutivo proceden del norte de Marruecos. Una parte importante de sus integrantes posee formación francesa y, según sus historiales, únicamente dos hablarían español. Aunque la presencia de ministros «nordistes» es reducida, podría interpretarse como un gesto hacia el proceso de regionalización y descentralización impulsado por el monarca desde hace años y dirigido por el ministro del Interior, también procedente de esa zona del país.

Ya se ha celebrado el primer consejo de ministros, y ante Mohamed VI –que preside constitucionalmente los consejos de ministros– el ministro de finanzas ha presentado su proyecto de presupuestos. Esta rapidez entre nombramientos y acciones es un hecho que ayuda a comprender la estabilidad y continuidad estratégica del régimen. El proyecto de ley intenta reforzar sobre todo la política social, y establece, entre otras, líneas de acción dirigidas a los jóvenes, al impulso de una soberanía estratégica, y a la regionalización, todo dentro de un marco de equilibrio macroeconómico.

El programa gubernamental 2026-2031, dado a conocer por la señora El Manzouri en el Parlamento, se orienta en siete grandes ejes: el fortalecimiento del Estado de derecho, las instituciones y la regionalización; la lucha contra la corrupción y las rentas; la consolidación de la identidad nacional y la cohesión social; la protección del poder adquisitivo y el desarrollo del Estado social; el empleo y la integración de los jóvenes; el refuerzo de la soberanía estratégica en ámbitos como el agua, la energía, la alimentación, la digitalización y la industria de defensa; y, finalmente, el impulso de la economía, la inversión y el crecimiento como base para financiar las políticas sociales y las ambiciones estratégicas del país.

Para comprender las decisiones del nuevo Gobierno y sus posibles repercusiones exteriores, conviene observar las fracturas sociales, territoriales y políticas que acompañan al proceso de modernización marroquí. Porque detrás de estos presupuestos está la realidad de dos imágenes –«le Maroc à deux vitesses»– que conviven con dificultad; una es la del Marruecos de los grandes proyectos: alta velocidad, autopistas, puertos, estadios, automóvil, aeronáutica, armamento, energías renovables, Mundial 2030 y creciente proyección africana. La otra es la de importantes sectores de la población que no se benefician de esos avances.

El Banco Mundial continúa señalando profundas desigualdades territoriales. Cerca de dos tercios de la población vive en las ciudades, donde se concentra el crecimiento, los servicios y las oportunidades, mientras persisten importantes diferencias con el medio rural. El consumo de los hogares urbanos llega a ser casi el doble que el de los rurales y la sequía sigue golpeando especialmente a las áreas agrícolas.

A esa fractura territorial se superpone otra generacional.

El empleo continúa siendo uno de los grandes problemas estructurales. Con la metodología actual, el desempleo alcanza el 27,2 % entre los jóvenes de 15 a 24 años. El paro urbano, además, prácticamente duplica al rural: 11,9 % frente a 5,4 %. Las cifras calculadas con la metodología anterior reflejaban todavía con mayor intensidad la profundidad del problema: en 2025 el desempleo juvenil alcanzaba el 37,3 % y uno de cada cuatro jóvenes de 15 a 24 años ni estudiaba, ni trabajaba, ni recibía formación.

De ahí surge una contradicción profunda en el Marruecos actual: es un país que aspira a convertirse en potencia regional en el que una parte considerable de sus jóvenes piensa en marcharse.

Arab Barometer encontró que el 55 % de los marroquíes de 18 a 29 años deseaba emigrar, frente al 24 % entre los mayores de treinta. España figuraba entre sus destinos preferidos. Afrobarometer utiliza otra pregunta y otra metodología, pero llega a una señal parecida: el 28 % de los jóvenes afirmaba haber pensado «mucho» en emigrar, ocho puntos más que en 2017.

La crisis de Ceuta del pasado julio no puede separarse de este contexto. La presión migratoria puede ser utilizada como instrumento de política exterior, pero necesita una base social: cientos de miles de jóvenes con voluntad de abandonar su país.

A estas fracturas social, territorial y generacional se suma otra política.

En las elecciones del 23 de septiembre, aproximadamente 27 millones de marroquíes tenían edad para votar, pero solo 15,8 millones estaban inscritos en el censo electoral. De estos, participó apenas el 38,02 %, frente al 50,86 % registrado en 2021. Sólo 6 millones de personas acudieron a votar. Esa abstención no demuestra un rechazo a la Monarquía, que cuenta con un apoyo mayoritario. Pero sí evidencia, en cambio, una grave distancia respecto a las instituciones, a los partidos y a la capacidad de la política para movilizar a una parte muy considerable de la sociedad.

Estas fracturas internas no son una cuestión exclusivamente marroquí porque condicionan la estabilidad del país, alimentan la presión migratoria y pueden influir en la forma en que Rabat gestiona su relación con España. A partir de aquí, el problema es determinar si nuestro país dispone de una estrategia capaz de hacer frente a esa realidad.

Para España, la primera consecuencia del cambio de Gobierno marroquí es clara: Rabat mantendrá la continuidad de su política de Estado hacia nuestro país. Frente a esa constancia, la política española ha tendido a gestionar crisis puntuales mediante respuestas sectoriales, sin definir un rumbo propio y sostenido. España ha confundido demasiadas veces estabilidad con ausencia de problemas, cooperación con coincidencia de intereses y buena interlocución personal con estrategia.

Marruecos estudia España, sigue nuestra política interior, conoce nuestras vulnerabilidades, identifica nuestras dependencias y dirige la relación bilateral hacia objetivos a largo plazo. Marruecos considera a España un socio indispensable, pero también un competidor y, en determinados casos, un Estado sobre el que puede ejercer presión. La seguridad, el terrorismo, la emigración, el comercio, la energía o el Mundial de 2030 obligan a cooperar. Sin embargo, Ceuta y Melilla, las delimitaciones marítimas en el Atlántico, la agricultura, la pesca, los puertos, el Sáhara demuestran que los intereses no siempre coinciden.

España deberá reforzar la mirada hacia Agricultura, Pesca, Energía, Transporte, Interior y Defensa. Allí se seguirá jugando una parte considerable de la relación futura: la competencia agrícola dentro de la Unión Europea, los recursos pesqueros, las conexiones energéticas, el desarrollo de los puertos de Tánger Med, Nador West Med y Dakhla Atlantique y la creación de cadenas industriales al sur del Estrecho. En el campo de la Defensa, hay que crear una relación de confianza mutua real que se refleje en acuerdos de amplio alcance, buscando apoyarse en intereses comunes, llegando a una colaboración tal que pueda llegar a tener reflejo también en nuestra industria militar.

Un Marruecos estable, próspero y socialmente integrado responde a nuestros intereses y, entre ellos, a nuestra seguridad. Pero estabilidad no puede significar ignorar vulnerabilidades. La desigualdad territorial, el desempleo juvenil, el deseo de emigrar y la escasa identificación con las instituciones representativas pueden aumentar las tensiones internas. Y un régimen sometido a tensiones sociales puede encontrar en las grandes causas nacionales –el Sáhara, Ceuta, Melilla o la reivindicación de un mayor peso regional– poderosos instrumentos de cohesión.

Hay una diferencia de enfoque que deja a España en una posición predominantemente reactiva. Mientras Rabat integra en una misma estrategia el Sáhara, África, los puertos, la industria, la migración, la defensa y los espacios marítimos, Madrid tiende a responder a cada cuestión de manera aislada.

Marruecos cambia de ejecutivo, pero no de objetivos. Tiene ante sí una ecuación interna difícil: modernizar el país sin dejar atrás a una parte de su sociedad y transformar su ambición exterior, su crecimiento y su inversión en infraestructuras en empleo, movilidad social y confianza en la política.

España debería observar tanto lo que Marruecos quiere de nosotros como lo que ocurre dentro de Marruecos, porque ambas cosas forman parte del mismo problema estratégico. La renovación de los gobiernos español y marroquí ofrece la oportunidad de mejorar la interlocución entre los nuevos cuadros políticos. Pero esa apertura debería acompañarse de una política española de Estado menos personalista y más sostenida en el tiempo, capaz de sobrevivir a los cambios de gobierno en Madrid. Una política que rompa la asimetría estratégica actual.

Es evidente que España debe mantener una buena relación con su vecino del sur. Debe hacerlo. El reto es si será capaz – de una vez– de mantenerla sin renunciar a definir y defender con la misma claridad y energía sus propios intereses.

En definitiva, España necesita una estrategia integral que conecte economía y seguridad, cooperación y disuasión, y que articule en una misma política la defensa de sus principales intereses: Ceuta y Melilla, Canarias, el Atlántico, los puertos, la energía, la inmigración, la defensa y la presencia empresarial. Este debe ser uno de los grandes objetivos del próximo Gobierno español.