Luis Villares cuando era portavoz de En MareaEn Marea, recortar
Europa Press / Europa Press
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01/10/2018

Luis Villares cuando era portavoz de En MareaEn Marea, recortar Europa Press / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 01/10/2018Europa Press

El juez que decidirá sobre varios parques eólicos gallegos fue líder de En Marea y exigió su paralización

La Xunta recurrirá las decisiones judiciales tomadas hasta ahora pero asegura que cumplirá con la ley sea cual sea la decisión. Además, el Ejecutivo gallego ha evitado pronunciarse directamente sobre la influencia de Villares

En apenas unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia Gallego (TSXG) ha tumbado casi una veintena de proyectos eólicos. La instalación, materia polémica en Galicia desde sus comienzos, se encuentra en el punto de mira después de las múltiples resoluciones judiciales donde Luis Villares, ex portavoz de En Marea y ahora juez, ha sido el protagonista.

En el año 2019, la coalición ultraizquierdista En Marea formada por Anova, Podemos e Izquierda Unida, se convirtió en abanderada de la lucha contra el desarrollo de los parques eólicos. La cara visible de ello fue, precisamente, Luis Villares que pidió de manera pública, por ejemplo, la «paralización inmediata» del parque de Sasdónigas. Ahora, esta decisión está en su mano al pertenecer a la sala tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG. La situación genera, por tanto, la duda de si el final de la historia responderá realmente a criterios puramente judiciales o si se verá impregnada por posiciones políticas.

Villares se despidió de la política en el año 2020 cuando decidió volver como magistrado. Sin embargo, su pasado como uno de los líderes de En Marea recuerdan declaraciones en las que llegó a pedir la dimisión del responsable de Energía y Recursos Naturales de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces. Villares calificó la actuación del gobierno liderado en ese momento por Alberto Núñez Feijóo como «desvergüenza y la corrupción institucional» por el desarrollo del parque eólico de Sasdónigas alegando que suponía, entre otras cosas, una amenaza para el Camino de Santiago.

En la actualidad, ya como juez, Villares ha estado presente en las paralizaciones de tres parques eólicos: el de Coristanco, el de Carballo y, anteriormente, en el de Sierra del Oribio.

La instalación de parques eólicos ha supuesto la división de opiniones de políticos y ciudadanos. Los hay partidarios de su colocación y los hay que afean el impacto medioambiental que este tipo de instalaciones suponen. Por su parte, la Asociación Eólica de Galicia (compuesta por empresas tan conocidas como Acciona, Endesa, Cobra, Iberdrola, Naturgy o Greenalia) dispone de un estudio económico en el que lanza una serie de datos calculados en 2020: más de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos creados por este negocio, contribución total al Producto Interior Bruto (PIB) gallego de cerca de 500 millones de euros, 11 millones abonados a los propietarios de los terrenos en concepto de alquiler, ahorro de importaciones de combustibles fósiles o que la producción eólica cubrió en 2020 el 54 % del total de la demanda de electricidad en Galicia.

La Xunta recurrirá

La vicepresidenta segunda y consejera en funciones de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, aseguró la pasada semana que la Xunta recurrirá ante el Tribunal Supremo la paralización por parte del TSXG de siete parques eólicos.

«Nosotros recurriremos. No podemos quedarnos de brazos cruzados», afirmó antes de apuntar que no se trata de «un problema de Galicia», ya que «si Galicia no cumple» en materia de energías renovables, «España no va a cumplir».

Por eso, pidió al Gobierno central que diese «un paso al frente» para evitar acabar en «una situación de emergencia de energía». Asimismo, la vicepresidenta segunda en funciones defendió que la implantación de eólicos «tiene que dar lugar a que haya beneficios en el territorio».

«Lamentamos que esto ocurra. Seguiremos trabajando con el mismo rigor, cumpliendo la ley. En un principio, se puso encima de la mesa el trámite; al final, el Supremo dijo que el trámite estaba bien, ahora se habla de que pueda haber incidencia. Cualquier implantación en el territorio tiene incidencia, lo que no puede tener es una máxima incidencia y eso es por lo que nosotros estamos velando», subrayó mostrando la posición del Ejecutivo autonómico.

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