Vista de la fachada de la Audiencia Nacional
Un empresario gallego se enfrenta a 53 años de cárcel por un fraude fiscal de 154 millones en hidrocarburos
En el centro del caso están el grupo petrolero Hafesa, una decena de sociedades vinculadas, Alejandro Hamlyn, actualmente en paradero desconocido y el vigués José Norberto Uzal
Este lunes arranca en la Audiencia Nacional un macrojuicio por uno de los mayores fraudes fiscales recientes en España: una trama en el sector de hidrocarburos que habría eludido el pago de 154 millones de euros a Hacienda entre 2016 y 2019.
En el centro del caso están el grupo petrolero Hafesa, una decena de sociedades vinculadas, y dos nombres clave: el empresario Alejandro Hamlyn, actualmente en paradero desconocido, y su entonces mano derecha, el vigués José Norberto Uzal, tal y como recoge La Voz de Galicia.
Ambos están acusados de liderar una presunta organización criminal que habría evitado el ingreso del IVA generado por la comercialización de combustibles, obteniendo beneficios millonarios y desplazando a la competencia mediante precios por debajo del coste.
La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 53 años de prisión por delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, además de multas multimillonarias.
Entramado de sociedades interpuestas
Aunque Hamlyn, presidente y dueño del grupo Hafesa, no comparecerá se encuentra huido tras desaparecer durante un permiso penitenciario y se sospecha que podría estar en Dubái, el juicio se celebrará con Uzal como principal procesado.
Este último, exdirector general del grupo, está acusado de actuar bajo órdenes directas de Hamlyn y de ser responsable de las relaciones con organismos oficiales, con pleno conocimiento del objetivo de no ingresar el IVA repercutido.
El auto de procesamiento, sustentado en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, detalla un entramado de sociedades interpuestas que recibían fondos de operadoras fraudulentas y los utilizaban para adquirir bienes de los que disfrutaban los acusados, una operativa típica de blanqueo de capitales.
El juicio, cuya vista se prevé larga, podría extenderse hasta después del verano, debió haberse iniciado en septiembre de 2024, pero fue aplazado a petición de la Fiscalía.
Este proceso judicial pone bajo el foco una red empresarial que, según la acusación, no solo defraudó a la Hacienda Pública, sino que distorsionó el mercado de los hidrocarburos en España en su propio beneficio.
