Agentes de Lugo denuncian un sistema que penaliza la prevención y premia las multas

La polémica sobre el aumento de sanciones impuestas mediante fotografías tomadas desde los coches patrulla ha reavivado en Lugo un debate de fondo. Cada vez son más quienes perciben que la Policía Local actúa con un criterio excesivamente sancionador y recaudatorio.

Fuentes del propio cuerpo reconocen que la percepción ciudadana «no es casual». Según explican varios agentes, el modelo de productividad vigente en la Policía Local reduce de forma notable el salario de quienes no alcanzan determinados niveles de sanciones, unos objetivos que, denuncian, no han sido comunicados de forma clara ni aprobados formalmente por el Ayuntamiento, como exige el reglamento municipal.

«Si no se multa, se cobra menos»

Los policías subrayan que no perciben incentivos directos por imponer sanciones, pero sí que su complemento de productividad depende de la cantidad de denuncias tramitadas. «En la práctica, si no se multa, se cobra menos», resumen algunos agentes.

Este sistema, implantado durante la jefatura de Jesús Piñeiro Santos –recientemente jubilado– y ratificado por el actual inspector principal, no se ajustaría al Reglamento de Productividad del Ayuntamiento de Lugo, que obliga a fijar los objetivos con carácter previo, aprobarlos por el área de personal y comunicarlos de manera fehaciente a los afectados.

Los agentes denuncian además que la evaluación no tiene en cuenta factores esenciales del trabajo policial, como los días trabajados, el destino o el tipo de servicio asignado. Se aplica un criterio uniforme, «idéntico para realidades completamente distintas», lo que penaliza a quienes realizan labores de prevención o atención ciudadana frente a los que dedican más tiempo a sancionar infracciones.

El resultado, según explican, es un modelo que incentiva actuaciones rápidas y cuantificables, como la toma masiva de fotografías desde los coches patrulla, en detrimento de tareas más complejas y útiles para la convivencia, como la mediación de conflictos, la vigilancia disuasoria o la comprobación directa de infracciones.

«Se prioriza la estadística frente al servicio público», resumen los agentes, que aseguran que algunos compañeros han perdido más del 50 % del complemento anual de productividad, con recortes que superan los 1.300 euros, pese a contar con valoraciones profesionales altas en el resto de indicadores.

Rechazo interno y recursos en marcha

El malestar en la plantilla es generalizado. Varios agentes han presentado ya recursos administrativos contra el sistema por considerarlo arbitrario, ilegal y contrario a los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la función policial. Si las reclamaciones no prosperan, advierten, acudirán a la vía judicial.

Además, denuncian que se han producido incluso advertencias verbales a algunos policías, recordándoles que si no alcanzan los niveles de sanciones fijados, su complemento económico se verá reducido. «Se genera una presión incompatible con un modelo de policía preventiva y de servicio público», afirman.

El Ayuntamiento, informado

El alcalde de Lugo ya ha sido informado del conflicto y de sus efectos sobre la motivación y la imagen del cuerpo. Los agentes confían en que el consistorio revise el modelo y «corrija una dinámica que penaliza la prevención y refuerza una lógica recaudatoria que preocupa a la ciudadanía».

«Lo que defendemos no es solo un derecho laboral», concluyen, «sino el tipo de policía que Lugo necesita: una policía que esté en la calle, que prevenga antes que sancione y que no vea su sueldo condicionado por el número de multas que pone».